El acuerdo se dio en completo hermetismo. Fue en diciembre de 2022 cuando, luego de dos años de tramitaciones, Activa, la firma de capital privado de LarrainVial, recibió los US$ 15 millones que estaban tratando de conseguir desde 2020.

La compañía chilena no obtuvo ningún retorno, pero por lo menos, comentan conocedores, logró rescatar gran parte de los fondos, algo difícil de lograr cuando una firma de inversiones tiene problemas financieros internos. Esto, comentan conocedores, fue clave gracias al trabajo del equipo a cargo de estructurar el fondo privado de Activa.

La empresa en cuestión es Capital Force, una oficina de inversiones basada en Miami y fundada en 2017 por tres argentinos con experiencia en finanzas: Matías Costantini, Juan Cruz Talia Brown y Jonathan Culley. La compañía, según entendidos, se dedicaba -entre otras cosas- al financiamiento de créditos automotrices en Estados Unidos, un negocio con muy buenos retornos.

Hoy, los detalles de esa transacción aparecen en una extensa demanda en los tribunales de Florida, donde Lidia Zalazar, una inversionista argentina, acusa a los socios de Capital Force de elaborar un esquema tipo Ponzi que afectó a 150 aportantes y que llegó a recaudar más de US$ 35 millones con un “apalancamiento excesivo, una gestión inexperta y una administración de riesgos deficiente”.

¿Pero por qué LarrainVial, que logró recibir sus fondos invertidos, aparece en medio de una acción judicial que involucra a terceros?

“Dilución de colaterales”

En julio de 2018 la compañía estadounidense constituyó Capital Force F5, una sociedad destinada a lanzar una nueva oportunidad de inversión en préstamos automotrices. Todo esto lo hizo con la participación de Activa a través del Fondo de Inversión Privado Activa Deuda Automotriz USD.

Entre ese año y 2019 dicha entidad recibió US$ 15 millones por parte de la firma nacional para financiar la adquisición y gestión de contratos de préstamo para la compra de vehículos de alto, medio y bajo riesgo, se lee de la demanda, alojada en la corte distrital de Florida.

Pero a comienzos de 2020, antes de la pandemia, Capital Force F5 cayó en dificultades financieras que resultaron en el incumplimiento de sus obligaciones de pago y de relación préstamo-valor con LarrainVial. Producto de esto, explica el libelo, la gestora de fondos chilena amenazó con iniciar procedimientos de cobro contra Capital Force Group, sus filiales y socios.

El escrito describe que, con una inminente demanda de US$ 15 millones, Costantini y Talia Brown “se apresuraron a negociar con el fondo chileno para evitar una acción judicial en su contra”. En dichas citas -que se dieron a partir de 2020- las partes habrían acordado proporcionar a la firma controlada por la familia Larraín Cruzat “un colateral adicional para cumplir con el ratio préstamo-valor de Capital Force F5”.

Estos colaterales -activo que se ofrece como garantía para respaldar y reducir el riesgo de una operación financiera- eran 749 préstamos vehiculares de dos sociedades (Vehicle Solutions CF y VSC) y, según la acción judicial, estaban valorizados en US$ 8 millones aproximadamente.

“La mayoría, si no la totalidad, de los 749 préstamos pignorados al fondo chileno, se encontraban dentro de la cartera de préstamos previamente comprometidos a inversionistas como colateral de su inversión. Esto hizo que la garantía de los clientes se diluyera aún más, a partir de una inversión ya insuficientemente colateralizada”, se lee del escrito, que añade que esta información no fue entregada a los otros inversionistas de Capital Force: “(Esos datos) los mantuvieron en la oscuridad al no revelar que 749 préstamos se habían vuelto a pignorar”.

¿En otras palabras? Según la demanda, en 2020 la corredora chilena, a través de Activa, se dio cuenta de los problemas internos en Capital Force, por lo que exigieron la devolución de sus inversiones. Como resultado, y para mantener el statu quo dentro de la compañía, los socios de la firma norteamericana liquidaron tres sociedades -Vehicle Solution CF, Capital Force F1 y Capital Force Car Loans- para reembolsar a la chilena (entre otros inversionistas), lo que habría producido la dilución de colaterales y perjudicando “gravemente la ya tambaleante situación” interna. Esto, fue descrito por la demandante, como la ejecución de “pagos preferentes”.

La prueba de Zalazar

A pesar de la información entregada por Zalazar en su demanda, fuentes conocedoras comentan que resulta “muy poco probable” que Capital Force haya ofrecido colaterales adicionales a Activa, y más aún cuando estos serían, de acuerdo a la acción judicial, de otras carteras.

Esto, porque se trata de una industria regulada, por lo que “cualquier movimiento de este tipo hubiera encendido las alarmas de cualquier involucrado”, explica un conocedor de las tratativas.

Además, complementa, los colaterales comprometidos con LarrainVial estaban “claramente estipulados en el contrato”.

Consultado LarrainVial, declinaron realizar comentarios.

De todas formas, la defensa de Zalazar se está basando en un documento emitido el 10 de julio de 2020 que detalla una transacción entre Vehicle Solutions CF y el Fondo De Inversión Privado Activa Deuda Automotriz USD. Ese escrito fue ingresado como evidencia a los tribunales de Florida.

Quién demanda

Fue en enero de 2018, en su oficina de Brickell Avenue, en el décimo piso del exclusivo edificio de Four Seasons. Ahí Carolina Marini, ciudadana argentina -y en representación de su madre Lidia Zalazar-, se reunió con Matías Costantini, socio-fundador de Capital Force, una compañía basada en Florida y enfocada en la inversión en préstamos automotrices. En esa cita el ejecutivo, que trabajó en el banco suizo UBS, le comentó sobre la empresa y detalló su modelo de inversión.

Seis meses después Marini y su madre se reunieron con Matías Costantini y Juan Cruz Talia Brown. En dicha jornada, de acuerdo al escrito judicial, “Costantini destacó la rentabilidad de Capital Force (que según él superaba los US$ 3 millones después de gastos operativos)”, además de comunicar que su tío, el reconocido empresario trasandino Eduardo Costantini -quien posee una fortuna de US$ 1.300 millones según Forbes-, había invertido con ellos.

A pesar de eso, Zalazar siguió con dudas. En esa misma reunión le preguntó a Costantini si era una inversión segura. Éste le respondió, relata el libelo, que tenía que “derrumbarse todo el mundo para que tu inversión vaya mal. Los vehículos son la garantía, además tenemos un fondo con reservas monetarias en el improbable caso de que haya algún déficit. El valor de los préstamos para automóviles siempre superará el 125% de tu inversión -es prácticamente imposible que pierdas tu dinero”.

Con eso en mente, Zalazar decidió invertir, en distintos periodos, un total de US$ 220 mil. Sin embargo, en abril de 2022 recibió “una carta en nombre de Capital Force F1 y una segunda de Vehicle Solutions CF, informando que la empresa no tenía capacidad para continuar las operaciones dado su actual flujo de ingresos y rentas, por lo que iba a implementar una liquidación ordenada en beneficio de los acreedores”.

Y justamente el 24 de octubre de 2022 se presentaron las peticiones de Cesión en Beneficio de los Acreedores (una alternativa a la quiebra) en nombre de Capital Force F1, Capital Force y Vehicle Solutions CF.

Y según Zalazar, justamente esas peticiones han “develado el verdadero alcance del esquema fraudulento de los demandados”.

“Capital Force utilizó importantes fondos de los inversores para fines distintos de la compra y financiación de los préstamos automotrices, incluido el pago de los gastos de funcionamiento de la empresa, los reembolsos de los inversores, las distribuciones a Costantini, Brown y Culley, y otras firmas de alto riesgo no relacionadas, y la financiación del vicio, la vanidad y el lujoso estilo de vida de Costantini, como vacaciones de lujo, viajes de esquí, barcos de alta gama y vehículos exóticos de lujo (por ejemplo, Ferrari GTC4 Lusso y un Porsche 911 Carrera 4S)”, se lee de la acción judicial.

Hasta ahora, según la demanda, la situación no ha terminado. Es más, en la justicia de Florida ya existen más de cinco acciones judiciales en contra de Capital Force (y empresas vinculadas) por parte de otros inversionistas.

Además, conocedores explican que “pueden venir más demandas” de otros clientes.

Los socios de Capital Force no contestaron los mensajes de DF MAS.