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Concesionaria del Hospital Félix Bulnes acude a justicia de EEUU para conseguir US$ 139 millones luego de arbitraje con Astaldi
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Han pasado cinco meses desde que SCMS, la concesionaria que estuvo encargada de la construcción del Hospital Félix Bulnes -ligada al gestor de fondos francés Meridiam-, acudió a los tribunales de Delaware para hacer efectivo el pago que ordenó un laudo arbitral con la italiana Astaldi que data de 2021. En concreto, la firma chilena le solicita al juzgado norteamericano que la firma europea -actualmente fusionada con WeBuild S.P.A- le transfiera US$ 139 millones, monto que posteriormente fue definido en 2022 por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Pero detrás de esto hay una historia de conflictos y enfrentamientos que hoy, casi 10 años después, siguen activos en la justicia internacional. Estos son los detalles.
“El laudo está bien razonado”
Todo comienza en 2015 cuando la Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud SA (SCMS) contrató a Astaldi Sucursal Chile para construir el nuevo Hospital Félix Bulnes en Santiago, luego de que el recinto original quedara gravemente dañado por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Era un proyecto ambicioso: 122.000 m2 construidos, capacidad para 523 camas, 16 pabellones y 44 box de consulta de especialidades. El valor del contrato de construcción eran unas UF 4.600.000, unos $ 115.000 millones de la época.
Tres años después la matriz de Astaldi, basada en Italia, comenzó a tener una serie de problemas financieros. A finales de septiembre de 2018 comenzaron un proceso de reestructuración en Italia ante deudas por cerca de US$ 2.650 millones. En ese contexto le solicitaron a la SCMS y al MOP un acuerdo que buscaba liberar a la constructora del pago de deudas. Acto seguido, una serie de firmas subcontratadas se negaron a avanzar en el proyecto, por el retraso en sus pagos de la empresa italiana.
En enero de 2019 SCMS retiró a Astaldi del proyecto, luego de que el sindicato de bancos acreedores de la concesionaria aprobara dicha moción de forma unánime. Entre las justificaciones que entregó la SCMS para sacar a Astaldi fueron incumplimientos del contrato de construcción y de su incapacidad para subsanarlos. Además, estipularon que la firma italiana no pagó a sus subcontratistas durante varios meses.
Esto no cayó bien en la empresa italiana, por lo que rápidamente interpusieron una demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM). En el libelo acusaron una serie de incumplimientos por partes de SCMS: rescisión ilegal del contrato, ausencia de la debida compensación por las modificaciones al anteproyecto y proyecto definitivo, cobro indebido de garantías bancarias, entre otros.
La concesionaria del Hospital Félix Bulnes no se quedó de brazos cruzados, y el mismo día iniciaron un proceso arbitral paralelo en contra de Astaldi.
En junio de 2019 las partes trataron de cerrar el trámite en una conciliación, pero no llegaron a un acuerdo. Posteriormente, el entonces árbitro (Claudio Undurraga Abbott) recibió evidencias, testimonios y opiniones de expertos de ambas partes. Dos años después, el jurista determinó que SCMS llevó a cabo las obligaciones contractuales y que terminó el contrato de construcción con Astaldi de forma legítima.
En concreto, el árbitro determinó que Astaldi debía pagar a SCMS UF 3.291.846, entre otros montos más pequeños.
En enero de 2022 Astaldi interpuso una apelación extraordinaria ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando modificar aspectos clave del laudo. En agosto de ese mismo año, el tribunal de alzada resolvió que no existían bases para revocar, anular o dejar de lado la resolución arbitral. Sin embargo, sí encontró que el árbitro falló en aplicar una cláusula en el contrato: por lo tanto, redujo el monto a pagar de UF 3.291.846 a UF 2.793.327, equivalente a US$ 111 millones .
“El laudo está bien razonado y refleja el resultado de un procedimiento justo en el que todas las partes tuvieron una oportunidad plena y justa de presentar sus posiciones a través de escritos, pruebas documentales, declaraciones de testigos en las que ambas partes tuvieron la oportunidad de interrogar a los testigos, declaraciones de expertos, varias audiencias orales para la declaración de testigos y la revisión de documentos, y una audiencia adicional en la que las partes presentaron alegaciones finales”, explicó SCMS en la acción judicial interpuesta en el tribunal distrital de Delaware. La entidad chilena es representada por el estudio Gibson, Dunn & Crutcher LLP, uno de los bufetes más influyentes de Estados Unidos. En el arbitraje en Chile fueron representados por el estudio Morales & Besa.
En dicho escrito, estipulan que en total (y con intereses incluidos) Astaldi (actualmente WeBuild, luego de un proceso de fusión en Italia) le debe US$ 139 millones.
En este mismo proceso, SCMS también acudió a tribunales de Ontario y Quebec, ambos en Canadá, con una solicitud similar. ¿La razón? Porque como Astaldi está en pleno proceso de reorganización en Chile, no tiene activos para pagar lo estipulado en las resoluciones. Por ello, comentan personas al tanto, acudieron a jurisdicciones extranjeras para conseguir los fondos.
“El intento de SCMS de ejecutar el laudo al margen del Plan Concordato viola el principio italiano de quiebra”
A finales de febrero WeBuild -representada por el estudio Connolly Gallagher, LLP- acudió al tribunal distrital de Delaware para solicitar que el juzgado desestimara la solicitud de SCMS por falta de competencia personal o de jurisdicción sobre WeBuild.
En específico, uno de los abogados de la compañía italiana, Marco Padovan -fundador del bufete Studio Legale Padovan- declaró oficialmente que “la posición de WeBuild es que, según la legislación italiana, las deudas de Astaldi con SCMS, tal como fueron reconocidas posteriormente por el árbitro en el laudo, son deudas no garantizadas de Astaldi porque surgieron de incumplimientos del contrato de construcción que se produjeron mucho antes de la reorganización judicial”.
Y agrega: “Asimismo, WeBuild sostiene que el intento de SCMS de ejecutar el laudo al margen del Plan Concordato (reorganización judicial) viola el principio italiano de quiebra que exige la igualdad de trato de los acreedores. Si se exigiera a WeBuild el pago de esa deuda por Astaldi, WeBuild tendría derecho a recuperar íntegramente el importe de los activos afectados, lo que reduciría los activos disponibles para su distribución entre los acreedores ordinarios de Astaldi”.
Padovan complementa: “Si SCMS desea proseguir con su reclamación de que WeBuild es responsable del laudo dictado contra ASC, es libre de hacerlo en Italia, ante el Tribunal de Apelación de Milán, donde WeBuild está sujeta a la jurisdicción por tener allí su sede”.
Por su parte, el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker & McKenzie Chile y quien asesoró a la firma italiana en los procedimientos en Chile, también emitió una declaración en Delaware. En dicho documento, el jurista establece que aún hay trámites pendientes ante el árbitro en Chile y que, justamente, este mes podría haber novedades.