Cuando en junio de 2023 se conoció de las irregularidades en Democracia Viva en Antofagasta, las alertas saltaron en todo el mundo de las fundaciones. Con las semanas, se fueron sumando más organizaciones en distintas regiones del país y de todo el espectro político. Según la Fiscalía, el eventual daño al Fisco sería de unos $ 14 mil millones. 

Las primeras señales de preocupación con los llamados “Casos Convenios” se vieron en las calles. Las personas que usualmente donaban o se hacían socios de organizaciones de ayuda social, estaban más reticentes, hacían más preguntas y preferían no donar. También las empresas empezaron a pedir más resguardos administrativos sobre todo a las fundaciones de menor conocimiento público, pero que sí utilizan para sus labores de responsabilidad social. Pero el batacazo vino del Estado. 

Todos los ministerios, la Contraloría y los Gobiernos Regionales empezaron a ralentizar los procesos de entrega de recursos y a pedir nuevos documentos para rendir gastos. Desde entonces, varias fundaciones han tenido que despedir personas, dejar de postular a proyectos con pagos inciertos, o esperar hasta 12 meses para recibir el cobro de un convenio con el Estado. 

“Me parece bien que haya mayor control, eso es necesario. Pero no pueden olvidar que cuando una fundación como el Hogar de Cristo deja de recibir recursos, no se ve afectado el Hogar, sino que los miles de niños y adultos vulnerables que atendemos”, dice Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo de la organización.

“Y esto es una paradoja, porque somos una entidad subsidiaria de la responsabilidad del Estado, y por falta de recursos o retrasos, se genera una injusticia con las personas que atendemos”. 

Para ejemplificarlo, Romero indica que de los 221 puntos de atención de diferente formato que tienen en el país, 180 cuentan con recursos públicos, aunque ninguno de ellos se financia en un 100% con esos dineros. El que mayor ingreso público tiene son los jardines infantiles, con cerca del 90% de su presupuesto. Pero, por ejemplo, en las hospederías para las personas en situación de calle, los recursos fiscales son cero; sólo reciben algo para los planes de invierno y de manera extraordinaria. 

Desde que estallaron los casos Convenios, han registrado atrasos, por ejemplo, de 12 meses con pagos desde Fonasa, o el Ministerio de Educación que, por primera vez en su historia, no les adjudicó recursos para proyectos de reinserción escolar y reescolarización. “Todavía no nos dicen por qué, si llevamos años en esa labor”, apunta. Para no dejar de atender a esos niños, niñas y adolescentes vulnerables han debido apoyarse en sus 360 mil socios que aportan en promedio $ 10 mil mensuales y en las empresas. 

Lo mismo ocurrió con las gobernaciones, donde se concentraron buena parte de los dineros destinados a fundaciones hoy investigadas, como Democracia Viva en Antofagasta, ProCultura en Biobío o Local en La Araucanía. 

Al cierre del año pasado, las 16 gobernaciones presentaron una subejecución presupuestaria de 72,6%. “Se trancó la máquina desde el caso Convenios”, resume Romero. Por ejemplo, ellos dejaron de recibir los recursos para los programas de acompañamiento domiciliario a personas mayores que viven solas, porque muchas gobernaciones dejaron de hacer asignaciones directas para estos programas.

En cambio, ahora todo lo licitan y hacen más engorroso. “No tenían las bases listas, muchas veces fusionaron programas y todo eso tarda. ¿Y los ancianos vulnerables que esperan que los acompañen? ¿qué pasa con ellos? ¿qué les decimos?”, se pregunta. 

Estamos en un momento pendular, dice Romero. “Pasamos de tener pocos resguardos, a tener muchos, y eso hace que se replantee el modelo, lo que no parece equivocado porque son recursos públicos, pero no se puede olvidar que tras esos retrasos y trabas hay efectos sociales, personas afectadas”. 

El Centro de Políticas Públicas de la UC le puso números a este problema. En un estudio publicado en octubre del año pasado encuestaron a 140 organizaciones, de las cuales el 83% dijo que el control burocrático del Estado ha aumentado, seguidos de la percepción de que existe más desconfianza estatal sobre la labor que realiza su organización (59%) y que la relación con las contrapartes del Estado ha empeorado (58%). Un 20% dijo que estaban considerando dejar de colaborar con el Estado. 

El 40% de las organizaciones encuestadas indicó que hubo una baja de los ingresos públicos provenientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o municipios. Las organizaciones grandes son las que en mayor medida han debido enfrentar la disminución de los ingresos públicos.

En efectos concretos, 30% de las organizaciones encuestadas declararon que la disminución de ingresos ha provocado dejar de atender beneficiarios. En promedio, estiman que, en cada institución, 1.004 beneficiarios se han dejado de atender producto de la disminución de ingresos post Caso Convenios. Asimismo, una de cada dos organizaciones indicó que han debido detener la implementación de programas nuevos y/o disminuir la cobertura de los ya existentes. Mientras que una de cada tres ha cerrado alguno de sus programas. 

“Los principales problemas que hemos detectado es en los tiempos de respuesta, lo que no está regulado. Logramos que la Dipres se comprometiera a un plazo de seis meses, lo que ya es mucho sobre todo para organizaciones pequeñas, pero no todos los organismos del Estado manejan los mismos tiempos”, explica Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.

Y repite algo que dicen otras fundaciones consultadas y prefirieron no ser mencionadas. “El problema, el daño, no es para la organización, que puede buscar otras fuentes de ingresos, el problema es para las personas que dejan de recibir comida, ayuda médica o acompañamiento”.

Según la encuesta, los procesos con mayores problemas se relacionan a las rendiciones. Por ejemplo, una de cada tres organizaciones dijo presentar retrasos en la aprobación de rendiciones, una de cada cinco indicó que rendiciones que fueron aprobadas tuvieron que volver a hacerlas.

Esto afecta los flujos de ingresos de las organizaciones, muchas de las cuales deben realizar pagos mensuales a sus equipos o compra de insumos para garantizar la prestación de servicios. En el caso de ingresos no transferidos, los montos ascienden en promedio a $ 148 millones y para las rendiciones que no han tenido respuesta alcanza a $ 573 millones en promedio.

Y en ese sentido, Irarrázaval recuerda el proyecto de ley que presentó el Gobierno y que salió de la Comisión Jaraquemada para mejorar las transferencias desde el Estado, que se instaló a propósito de los casos de convenios irregulares, que ha tenido nulo avance en el Congreso.

Benjamín Donoso, capellán de Techo Chile, dice que “en algunas de nuestras líneas de trabajo, implementamos políticas públicas del Estado y funcionamos como puente para llegar a familias que viven en situaciones de exclusión sociohabitacional. Como tal, nos preocupa ver que a partir del Caso Convenios se han generado ralentizaciones en los procesos, que implican concretamente un retraso en las respuestas a estos hogares, que muchas veces llevan años esperando soluciones para mejorar sus condiciones de vida y avanzar hacia una solución habitacional adecuada”.

Donoso apunta que no se puede desconocer la determinación de este Gobierno que diseñó un plan integral para abordar la problemática de vivienda, “sin embargo, sabemos que el Caso Convenios ha complejizado su labor, debido a la paralización del trabajo con las fundaciones que trabajan en asentamientos informales hace años”.

En particular para Techo, el Caso Convenios ha generado una ralentización en los procesos necesarios para concretar proyectos, lo que no sólo implica que toma más tiempo llevar adelante iniciativas urgentes, sino que también ha generado tensiones entre las fundaciones y el sistema público. “Vemos con preocupación la paralización y ralentización de acciones clave, como diagnósticos y obras de mejoramiento, que son fundamentales para desarrollar proyectos habitacionales dirigidos a las familias que forman parte del déficit habitacional”.

Eso mismo los ha hecho cambiar su estrategia de relación con el Estado. En 2023, los convenios con el Estado representaban 17% de su presupuesto total. Durante 2024 y 2025 no tuvieron ningún convenio de esa naturaleza, sino que suscribieron adjudicaciones menores, que representan un 2,6% del presupuesto total. También hicieron la postulación anual de la subvención presidencial, todos formatos distintos a los convenios de trabajo con el Estado.

“Este momento es sin duda una oportunidad para perfeccionar el sistema y que se establezcan condiciones claras para que la sociedad civil pueda actuar de manera proba y eficiente cuando ejecuta recursos públicos, pero lo que no puede pasar es que debido a irregularidades graves detectadas en ciertos casos, paralicemos el trabajo de las cientos de organizaciones serias que llevan años trabajando por colaborar con el Estado para abordar necesidades en zonas donde éste no tiene la capacidad de cumplir”, destaca el capellán Donoso.