“Una licencia alternativa, simple y hasta un 50% más económica para la música ambiental de tu negocio”, es una de las frases con que la firma D&A Licensing promociona en su página web su negocio.

Dice además reunir “a una vasta agrupación de artistas, compositores e intérpretes chilenos e internacionales, organizados en forma independiente y alternativa a las entidades de gestión colectiva de derechos autorales y fonográficos”. Y que “con más de 200 mil canciones originales que cubren los más diversos géneros musicales, estados de ánimo y ambientes comerciales, podemos cubrir las necesidades de grandes cadenas de retails, pequeñas tiendas y proveedores de música ambiental”. 

Esta actividad de D&A Licensing está dando pie para que se desate un conflicto legal. En la vereda opuesta está la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), que es la corporación que tradicionalmente administra los derechos de autor asociados a obras musicales, es decir gestiona colectivamente y representa a autores, artistas, intérpretes y productores musicales en el cobro de sus derechos sobre la difusión pública de sus obras.

La SCD recurrió a la justicia en contra de D&A y -hasta ahora- de tres retailers, alegando por los acuerdos de esa compañía y estos comercios minoristas. En la vereda del frente, tanto D&A como los retailers defienden la legalidad de estos acuerdos.  

Corporación versus sociedad por acciones

Las acciones legales de la SCD corresponden, hasta ahora, a tres medidas prejudiciales preparatorias estampadas en diferentes juzgados de Santiago, por acuerdos de D&A con Empresas La Polar, Cencosud Retail e Easy Retail y por cuatro sociedades vinculadas a Walmart (Walmart Chile, Walmart Chile Mayorista, Administradora de Supermercados Hiper Limitada, y Administradora de Supermercados Express), todas de similar contenido. 

El punto legal que hace la SCD -detalla Juan Antonio Durán, director general de la SCD- es que para ser una entidad de gestión colectiva de derechos de autor hay que cumplir requisitos que D&A no cumple.  

Por ejemplo, en la legislación -el artículo 91 de la Ley de Propiedad Intelectual- exige requisitos específicos: ser una corporación chilena de derecho privado sin fines de lucro.

Y “ocurre que D&A es una sociedad por acciones (…) En consecuencia carece de habilitación legal para gestionar colectivamente derechos de autor mediante un repertorio puesto a disposición de terceros, y tampoco puede percibir remuneraciones por el licenciamiento de derechos de autor”, dice uno de los textos legales activados hace unas semanas por SCD en la justicia civil, patrocinado por el abogado Jaime Puyol, quien fuera socio del hoy fiscal nacional económico Jorge Grunberg, pero que hace dos semanas oficializó su nuevo estudio: Puyol & Rosas Abogados, en sociedad con Marco Rosas, quien fue el jefe de defensa judicial del departamento de Concesiones del MOP.   

En estas acciones legales la SCD pide que D&A y esos retailers exhiban documentos, todos los contratos, órdenes de compra, convenios o cualquier otro tipo de acuerdo de licencia o sublicencia de ejecución musical que se hayan firmado entre las partes.

La intención de la SCD, tras la exhibición de documentos, es demandar y que se declare la nulidad contractual de los acuerdos de D&A con los retailers. Plantea que D&A se estaría comportando en los hechos como una entidad de gestión colectiva de derechos intelectuales “replicando la actividad de la SCD, sin contar con la autorización legal para ello”, y eludiendo la obligación de definir tarifas en forma pública y transparente.  

El abogado Puyol precisa que si bien su foco es la actuación de D&A Licensing, el accionar incluye a los retailers, pues los contratos en cuestión son de ambas partes. “Hay una empresa extranjera que se ha instalado en Chile a través de una filial contraviniendo los requisitos que establece la legislación chilena para efectuar gestión colectiva de derechos de autor y conexos”, dice.

Una de las acciones lo explicita así: “la acción que mi representada pretende deducir consiste en una demanda de nulidad absoluta respecto de los acuerdos por los cuales D&A esté gestionando o haya gestionado colectivamente derechos de autor y acordado con los restantes requeridos el cobro asociado. Lo anterior en conjunto con la acción indemnizatoria necesaria para obtener el resarcimiento de los perjuicios que ha significado para la SCD”.

D&A dice contar “con todos y cada uno de los permisos”

En D&A, por cierto, rechazan de plano las alegaciones de la SCD. Por escrito David Juacida, socio de D&A, dijo que se trata de una empresa nacional que ofrece servicios de licenciamiento individual de obras musicales, “contando con todos y cada uno de los permisos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Se trata de titulares de derechos de autor que en forma autónoma e independiente han decidido licenciar sus obras, como sucede con las obras musicales que se reproducen en La Polar”, dijo.

La firma también hizo ver que los hechos que se describen en la medida prejudicial preparatoria ya fueron objeto de una querella criminal interpuesta por la misma SCD, la que luego de “una extensa investigación, finalmente concluyó con el sobreseimiento definitivo por no constituir, los hechos investigados, delito alguno”, dijo Juacida, quien en esta causa está representado por el Estudio Silva.

En efecto, las propias medidas prejudiciales de la SCD se hacen cargo de esta anterior acción penal, pero señalan que dicho sobreseimiento se debió a la falta de verificación del tipo penal, que “en ningún caso implicaba visar el comportamiento de D&A desde la perspectiva de la Ley de Propiedad Intelectual”. 

En La Polar señalaron que la medida prejudicial presentada por la SCD es “una causa donde La Polar no tiene mayor incidencia, al tener un rol secundario, tal como el que tienen otras empresas importantes del retail y otros sectores con las que D&A Licensing tiene contratos. En ese contexto, hemos colaborado con exhibir los documentos requeridos por la SCD a través del tribunal, en el marco de la relación que D&A tiene tanto con nosotros como con una serie de empresas del retail, bajo la figura conocida como gestión individual de los derechos de autor”, y recalcaron que “se trata de un conflicto entre la SCD y D&A Licensing, que esperamos se solucione prontamente”.

Walmart Chile dijo que “siempre” han actuado “con estricto apego a la legislación vigente, y somos respetuosos del trabajo que realizan los artistas nacionales. Por lo mismo, respecto al uso de material que implique el pago de derechos de autor para fines comerciales, mantenemos un contrato vigente con la empresa D&A Licensing, que cumple con la legislación local en esta materia. Como compañía estamos disponibles para entregar a los organismos pertinentes toda la información que sea requerida con el fin de esclarecer cualquier duda que exista al respecto”. Cencosud contestó que no tenía nada para comentar por ahora.  

Quien es D&A y su vínculo con Soundreef

La descripción consignada en su página web da cuenta de que en 2016 D&A Licensing firmó un acuerdo comercial con la firma italiana Soundreef, “la empresa europea más relevante e independiente de gestión colectiva de derechos”.

Y que un año más tarde inició la producción de un catálogo propio con artistas e intérpretes chilenos. “Con un catálogo de más de 200.000 canciones que crece mes a mes, utilizadas en una red de decenas de miles de usuarios empresariales en todo el mundo, el objetivo de D&A Licensing es ofrecer a nuestros clientes una licencia diferente, de calidad, con un servicio personalizado y un precio competitivo en el mercado”, señalan.

A su turno, en la información pública de su web, Soundreef señala que opera en el campo del derecho de autor musical a escala mundial, y que representa a 43.000 autores, compositores y editores en el mundo, de los cuales 26.000 provienen de Italia.

Además, que como Organismo de Gestión Independiente, opera en más de 90 países y está presente en el registro público de la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, Grecia, España y Portugal. Y que en 2020 fue admitida en la CISAC, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, en calidad de entidad de gestión de derechos.