El martes, en Cerro Navia, flanqueado por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, daba luces del reservado proyecto en el que trabaja su cartera: una empresa estatal de telecomunicaciones “cuya orgánica se está definiendo, que permitirá ofertar servicios en zonas donde existe escasa o nula oferta”, informó. 

Araya, funcionario de carrera de la Subtel y compañero de partido de la ministra Vallejo, está trabajando desde el día 1 en dicho plan. De manera reservada, tiene a un equipo estudiando experiencias internacionales que pudieran servir de ejemplo y armando el cronograma. 

Sin embargo, hay un sinfín de factores que pesan en el cumplimiento de la promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric y que rezaba: “En términos de provisión pública, crearemos una empresa estatal de redes de telecomunicaciones orientada a la ejecución de proyectos de infraestructura troncal pública y a la operación de fibra óptica”.

La idea, explican conocedores, no es que esta firma salga a competir en mercados altamente competitivos como telefonía móvil, televisión o internet domiciliario en zonas ya cubiertas por Entel, Movistar, GTD, Mundo, VTR, WOM o Claro.

El objetivo sería solo estar donde las otras no llegan, ya sea porque no son zonas seguras, están físicamente muy aisladas o porque, comercialmente, no tienen potencial rentabilidad para las firmas. 

Esperando a la Constitución 

En todo caso, Araya y su equipo aguardarán al Plebiscito, el 4 de septiembre, para tomar los siguientes pasos. Si se aprueba la propuesta constitucional, el camino quedaría más expedito para el Ejecutivo. 

La propuesta de artículo número 467 indica que “El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras. Es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la información y comunicación. La ley regulará la forma en que el Estado cumplirá este deber, así como su participación y la de otros actores en la materia”.

La interpretación de Araya y el Gobierno es que eso se plasma perfecto en la empresa estatal que prometió el ahora Presidente Boric. De hecho, en su cuenta pública de junio, el Mandatario lo volvería a repetir. 

Argentina y Colombia 

En la Subtel han explicado que todo el plan del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones apunta hacia el objetivo de “brecha digital cero”, es decir, que no exista ningún lugar en Chile sin acceso a internet. “Es un mantra”, ha dicho Araya. 

En particular sobre la empresa estatal que tiene en proyecto, está mirando a Argentina y Colombia como ejemplos. 

En el país vecino existe Arsat, una empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino que brinda servicios a nivel mayorista de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial. 

Según su sitio web, en 2019 -último año informado- reportó ventas por unos US$ 9 millones, al dólar de este jueves. 

Mientras que en Colombia funciona la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, cuya propiedad concentra en 86% el Distrito Capital de Bogotá y el resto está en manos privadas. El año pasado, según su reporte, tuvieron utilidades por US$ 34 millones. 

Ex Subtel y privados

En reserva, varios altos ejecutivos de empresas de telecomunicaciones ponen el grito en el cielo con la idea del gobierno. Chile, comparado en la región e incluso en la Ocde, tiene niveles de penetración superiores. 62% solo en internet fijo, por ejemplo y hay más celulares que personas en el país. 

Además, buena parte de los últimos concursos de espectro o licitaciones para construir fibra óptica ha ido aparejado con llevar internet a zonas aisladas. 

Una fuente de la industria dice que una buena alternativa sería subsidiar la demanda, es decir, al igual que como ocurre con el agua o la luz eléctrica, que el Estado pague una parte de la cuenta de internet, incentivando así a las empresas a llegar a lugares donde hoy no está. 

Para el exsubsecretario del primer gobierno de Piñera, Jorge Atton, la idea no es buena. “Hacer una empresa estatal es un retroceso contra la lógica. Varios países están saliendo del modelo estatal, hasta Venezuela está abriendo la propiedad de las telecomunicaciones a privados”, dice. 

Apunta a que sería una competencia desleal para los actuales actores, porque la entrega de espectro podría no pasar por los mismos procesos competitivos actuales. “Además sería ineficiente. Costaría unos US$ 15 mil a US$ 20 mil millones hacer una empresa competitiva desde cero”. 

Por su parte, Pedro Huichalaf, exsubsecretario del ramo del segundo mandato de Michelle Bachelet, se pregunta para qué queremos una empresa estatal. 

“Tenemos el mejor índice de cobertura, servicio y la brecha digital más reducida de la región. Tener una empresa solo para cerrar la brecha o estar en sectores menos de mercado, es complejo, porque no solo tiene que crearse sino tener los recursos para el despliegue de la red y las frecuencias disponibles. Y veo difícil, no imposible, hacerlo en este momento. No veo qué tan relevante y diferenciador sería”.