“Estafa piramidal” y “esquema Ponzi”, acusó el Ministerio Público (MP) de un lado. Del otro, hubo muchas alegaciones en torno a la falta de “igualdad de armas”, según dijeron muchas defensas. Hubo también bastantes números sobre la mesa, referencias a chats y a declaraciones. Estamos hablando de la mega formalización que cada día de esta semana copó todas las mañanas el Centro de Justicia, referida al caso Factop y que por primera vez obligó a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff Sanz y a directivos de LarrainVial a comparecer como imputados. 

Tratando de resumir un caso que a ratos parece inabordable por sus tan diversas aristas financieras, lo que describió en lo medular el MP fue la existencia de una “estructura organizada”, el grupo SUM Capital que, si bien partió con actividades lícitas, derivó en ilícitos.

¿Cómo operó este sistema y cómo se relacionan todas las piezas de este puzzle financiero? Según los antecedentes de la Fiscalía, los hermanos Jalaff recibieron financiamiento de Factop, mediante el mecanismo de facturas falsas, operaciones sin servicio real, sino sólo para levantar estos recursos. Y luego, cuando se hizo inmanejable el endeudamiento en particular de Antonio Jalaff por deudas por $ 28 mil millones (ver recuadro), se creó el fondo público Capital Estructurado I, que si bien estuvo al alero de LarrainVial en su unidad de activos alternativos LVA, participaron activamente en su creación personas ajenas a la corredora, como Álvaro y Antonio Jalaff, Daniel Sauer y Luis Flores, entre otros.

¿El resultado? Particularmente con la serie B del fondo -con la que la corredora STF Capital levantó recursos de sus clientes- se pagaron las deudas de los propios relacionados, como el propio Factop y sociedades de los Jalaff. Además, en parte de este esquema, hubo delitos tributarios por parte de ambos hermanos Jalaff, y soborno, por parte de Álvaro Jalaff, intermediado por Leonarda Villalobos y su relación con el Servicio de Impuestos Internos. 

En maratónicas sesiones, el fiscal Juan Pablo Araya se refirió a los préstamos no declarados y disimulados con operaciones de factoring e incluso habló de facturas “dibujadas”, como una última modalidad empleada, o sea, que eran “materialmente” falsas. Todo, en un sistema en que las sumas que obtenían “terminan en préstamos irregulares a Antonio y Álvaro Jalaff”.
 

La Fiscalía habló en lo global de un perjuicio por $ 18.493 millones considerando diversas querellas y denuncias. 

La peor parte por los delitos imputados -descontadas las anteriores formalizaciones que ya tuvieron Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, entre otros- se la llevaron los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, contra quienes la Fiscalía pidió prisión preventiva.

Los directivos de LarrainVial corrieron otra suerte. Para algunos el MP pidió arresto domiciliario nocturno -Felipe Porzio, Manuel Bulnes y Claudio Yáñez- y para otros -los directores de LVA-, arraigo y firma mensual. Bulnes, Porzio y los Jalaff no estuvieron de acuerdo con sus respectivas cautelares solicitadas por los persecutores. Pero como hasta el viernes sólo había alcanzado a intervenir el MP y querellantes, hasta acá nada se conoce de los argumentos que tendrán estas defensas para rebatir los datos. Habrá que esperar la otra semana para aquello. 

De la multiplicidad de antecedentes y chats que sacaron a colación los fiscales -de una carpeta investigativa que ya suma 35.548 carillas, al 10 de enero-, mencionaron en detalle la propia declaración hecha por Antonio Jalaff el 3 de enero (ver recuadro). Y otra hecha el 8 de enero por Luis Flores, el ex gerente de la corredora STF, en la que explicita el rol clave de Álvaro Jalaff, por ejemplo, en el momento que ocurre la suspensión de la corredora, con su problema de liquidez.

“Estábamos en medio de la colocación del Fondo Capital Estructurado I, llevábamos a esa fecha $ 7 mil millones colocados, pero había expectativa de colocar sobre $ 20 mil millones. Eso significaba más financiamiento para ellos y liquidez para poder pagar acreedores que principalmente eran relacionados. Quiero precisar que la lista de acreedores que se tuvo en cuenta al momento de estructurar el Fondo era muy distinta de la lista de acreedores que se pagaron (…) Ambas se diferenciaban en la incorporación en la segunda lista de acreedores que no estaban en la lista original y que eran relacionados”, dijo Flores.

El fiscal Juan Pablo Araya también sacó a colación un nuevo chat, extraído del teléfono de Flores -Café Mañana STF Álvaro, que partió en julio de 2022-, en el que participaban el propio Flores, Daniel Sauer y Álvaro Jalaff, y sobre el que Flores fue categórico sobre el tipo de coordinación en torno a STF: “Yo indicaba los problemas y soluciones a los problemas patrimoniales que generaba Factop a STF Capital y que finalmente esos ‘préstamos’ que STF Capital tenía con Factop iban a parar a Antonio Jalaff y Álvaro Jalaff que se pretendía solucionar con la venta del fondo Larrain Vial Activos Capital Estructurado I”, dijo.

Según la Fiscalía, ante las deudas de Antonio Jalaff, lo que correspondía era un proceso concursal, ya fuera de Reorganización o de Liquidación. ¿El problema? “Ambas necesitaban verificación y Factop no contaba con eso. Eran créditos objetables por tratarse de relacionados”, dijo. “Viendo este esquema vemos por qué se opta por una solución distinta”, agregó Araya, apuntando a la creación del Fondo Capital Estructurado I. 

En la minuta de formalización se detalla que de los fondos obtenidos por inversores del Fondo en la Serie B -con infracción a la Ley de Mercado de Valores, y delitos de administración desleal-, 11 de los 13 créditos adquiridos fueron pagados a empresas relacionadas a los imputados, quienes actuaron en la estructuración del Fondo “interesados en cubrir sus propias acreencias”. 

En el detalle, indican que $ 2.530 millones se pagaron a Factop SpA, donde tenían participación Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg. Otros $ 2.060 millones a Inversiones Patio SpA, donde tenía participación Álvaro y Antonio Jalaff Sanz y Cristian Menichetti. Otros $ 350 millones fueron a STF, donde participaban Ariel y Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg; Luis Flores y Álvaro Jalaff. Y $ 400 millones a Inversiones Las Vegas Limitada, donde tenía participación Álvaro Jalaff. 

Según la cuenta del MP, lo sucedido con el Fondo Capital Estructurado I, significó un perjuicio patrimonial a la Serie B del Fondo de $ 1.967 millones, considerando que el valor cuota del 26 de enero de 2023 era de $ 34.998, mientras al 30 de noviembre de 2024 había descendido a $ 2.313, una disminución del 93%. Visto del punto de vista del aporte realizado al Fondo por 30 aportantes el día 26 de enero de 2023, sumaba $ 2.106 millones, y al 30 de noviembre de 2024, este valor era de sólo $ 139 millones.

A su turno, sobre la Serie A del fondo, la cuenta del MP apunta a un perjuicio patrimonial de $ 4.143 millones, considerando que el valor cuota del 3 y 8 de marzo de 2023 -fecha en que recibieron a cambio de sus acreencias cuotas del Fondo 2 acreedores no relacionados-, era de $ 35.540, precio que disminuyó un 93% al 30 de noviembre de 2024, en que el valor cuota fue de $ 2.327. Así, el aporte realizado al Fondo por esos dos aportantes los días 3 y 8 de marzo de 2023 sumaba $ 4.433 millones y con la disminución llegó a $ 290 millones.

“Si usted hubiera invertido $ 1 millones tendría $ 70 mil”, graficó el fiscal Juan Pablo Araya, quien enfatizó que lo que realmente fue valorizado en la creación del Fondo son las deudas y no el activo (Patio). “Esa confusión nosotros entendemos es premeditada, no es baladí”, dijo. La venta en abril de 2024, apuntó Araya, se hizo a menos de la mitad del valor que tenía Patio (en abril de 2022), de 19,3 millones de UF.   

La Fiscalía también detalló en otro acápite los bienes adquiridos por los formalizados, entre los que hay inmuebles y autos de alta gama.

Dijo que entre 2018 y 2022 y a través de Factop SpA, Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg efectuaron la compra de inmuebles en las comunas de Chillán, El Quisco, Las Condes, Panguipulli, Tierra Amarilla y Viña del Mar, por un monto total de $ 1.849 millones.

El 2020 a través de Inversiones Das Limitada, Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg efectuaron la compra de 24 inmuebles en Las Condes por un total de $ 1.813 millones, todos ubicados en Alonso de Córdova. En el detalle, se trata de cuatro oficinas y el resto bodegas y subterráneos. Y entre 2018 y 2021 Daniel Sauer adquirió inmuebles en Colina y Las Condes, por montos que sumaron $ 1.526 millones.

Respecto de bienes muebles, en 2019 Daniel Sauer registró la compra de un vehículo Porsche por $ 85 millones. Ese mismo año, Ariel Sauer adquirió dos automóviles por $ 70 millones: un BMW y un Porsche.

Entre 2019 a 2022, Luis Flores registró la compra de cuatro vehículos por $ 154 millones: un BMW, un Jaguar, un Land Rover y un Lexus.

Por su parte, entre 2018 y 2019 Álvaro Jalaff compró inmuebles en Vitacura y Zapallar por montos que sumaron $ 2.459 millones. Esos mismos años, y través de Inversiones Ralún SpA, compró también propiedades en las comunas de Colina, Lo Barnechea, Pucón, Renaico y Vitacura por montos que sumaron $ 2.459 millones. Y entre 2019 y 2022 con la sociedad Inversiones 540 -ex Gestión y Desarrollo Patio SA-, adquirió inmuebles en Pichilemu por $ 292 millones.

En vehículos, Álvaro Jalaff compró un Land Rover por $ 62 millones en 2018, y entre 2018 y 2022 -a través de su sociedad El Tranque- compró otros 15 automóviles por $ 453 millones. Figuran marcas como Toyota, Honda, BMW, Jeep, Land Rover, Mercedes Benz, entre otros.

Y Antonio Jalaff, en 2019, a través de la sociedad Antofagasta Mejillones y Cobija, compró un inmueble en Las Condes por $ 258 millones. Y en 2021 adquirió una propiedad en Ñuñoa por $ 182 millones. Y respecto de bienes muebles, entre 2018 y 2020 se hizo de tres vehículos por $ 340 millones: dos Porsche y un Mercedes Benz. 

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Qué dijo el protagonista de las deudas:
“Fracaso en mi vida empresarial”

“Todos intuían de mis problemas financieros”, dijo Antonio Jalaff en su última declaración fechada el 3 de enero. El imputado los atribuyó a que producto de la pandemia sus ingresos habían disminuido considerablemente. “Yo seguía con mi mismo tren de gastos, a lo que había que sumar que me encontraba viviendo en Miami, lo que evidentemente recargaba mis costos de vida”, apuntó, Además, señaló que nunca pidió ocultar información, por lo que asume que el grupo que lo ayudaba se enteró del tema de las facturas que tenía con Factop.

Dijo también que fue el último trimestre de 2021 cuando transparentó al grupo de asesores y a su familia su situación. “Me encontraba bloqueado (…) Mi situación era asfixiante (…) Mi situación emocional estaba muy afectada ya que debí renunciar a Patio. Esto ocurrió a solicitud del Grupo, lo cual fue muy doloroso para mí, ya que significaba un fracaso en mi vida empresarial”. Y añadió que si bien la idea de aceptar el fondo de LarrainVial fue suya -“asumo todas las responsabilidades”-, siempre entendió que esta solución iba a beneficiar a todos los acreedores.

En otro pasaje dijo: “Con el correr del tiempo pude darme cuenta de que el consejo de mis socios y hermano Álvaro de ir por el Fondo estaba de alguna manera contaminado, en el caso de Álvaro por su propio interés en seguir escondiendo su real endeudamiento y el de las empresas que administraba aguas arriba del Grupo Patio y además porque también tenía interés en la restitución de los préstamos puente que me había dado desde fines 2021 y durante 2022, mientras avanzaba la creación del fondo”. En específico, dijo que los préstamos de Inversiones Patio, Las Vegas y Los Guindos, se le otorgaron para ir pagando intereses y vencimientos que se le iban gatillado con sus acreedores. “Estas sociedades se pagaron preferentemente con cargo a las acciones Serie B, existiendo un interés evidente de los socios de estas empresas por no sólo constituir el Fondo, sino impulsar por la creación de estas acciones Serie B”.

Al ver las querellas, Antonio reflexionó en torno a que claramente el Fondo no fue la solución ideal, señalando que al momento de estructurarse, su patrimonio en Grupo Patio era de $ 38 mil millones -un millón de UF-, “lo que me permitía pagar todas mis deudas, y me quedaría una parte importante de dinero para mí. Sin embargo, hoy mantengo querellas y demandas, y aún enfrento deudas y perdí todo mi patrimonio en Grupo Patio”.

Y sobre la venta que tuvo que hacer de Grupo Patio detalló que tras la revelación del audio fueron Óscar Lería y Andrés Solari quienes le señalaron que esto estaba gatillando conflictos con los bancos y que iban a tener que hacer aumentos de capital, por lo que debían dejar el grupo.

“Partimos negociando a valor del Grupo 14.500.000 UF la valorización. Después bajaron a 12 y finalmente nos impusieron el precio a una valorización del Grupo Patio de aproximadamente 8 millones de UF”. Luego relató que como Rodrigo Topelberg obtuvo una medida precautoria para trabar la venta, un representante de los compradores le pagó directamente $ 4 mil millones, y la mitad de aquel monto se la descontaron del precio. “Yo no quería vender a ese precio pues sabía que iba a ser perjudicial para el Fondo, pero tampoco tenía poder de decisión”, dijo. “Todo, absolutamente todo el dinero recibido y que me correspondía por la venta fue puesto a disposición del Fondo Capital Estructurado I”.

Sobre las facturas “de favor” o ideológicamente falsas, dijo que “lo hice a petición de Daniel Sauer con el fin de mantener la línea de financiamiento que Factop me daba”.