No, no dan ganas de estar ahí. La sala ubicada en el piso 9 de Huérfanos 670, en pleno centro de Santiago, tiene en uno de sus costados un ventanal de vidrio polarizado, y nunca se sabe muy bien si al otro lado hay alguien observando. También hay cámaras de grabación en su interior y una mesa al medio.

Para entrar a esa ala del piso el funcionario debe ingresar su huella dactilar. Nadie que entre o salga de ahí pasa desapercibido, y quien va a inculparse no lo pasa bien. Así son las delaciones compensadas en la Fiscalía Nacional Económica (FNE). 

El organismo, dirigido desde diciembre de 2018 por Ricardo Riesco, el octavo en ese cargo, denunció esta semana un cartel en el mercado de las empresas de transporte de valores, Brink’s, Prosegur y Loomis y pidió multas por US$ 63 millones para las propias firmas y sus máximos ejecutivos locales y regionales, Alberto Bálsamo (Brink’s), Marco Malverde y Martín Matos (Prosegur), Cristián Catalán y Rui Sanches (Loomis), quienes se habrían coludido entre 2017 y 2018. 

Solo en octubre, también presentó un esperado estudio de mercado sobre el gas licuado y natural en Chile; ingresó un requerimiento al TDLC explicando que la integración vertical y las relaciones de parentesco entre los dueños de los malls y las tiendas anclas de los mismos, podrían ocasionar fallas a la libre competencia y solicitó medidas para evitar el flujo de información sensible; y defendió el acuerdo extrajudicial firmado para la alianza entre Latam y Delta Airlines. 

En particular el caso de las transportadoras de valores marca un hito. Es la primera delación compensada en que se acoge una persona natural, una ejecutiva de Brink’s en este caso, y no es la empresa la que rompe el cartel, como fue en el caso de CMPC Tissue o Sudamericana de Vapores.

Ricardo Riesco, el fiscal.

El “chupacabra”

Quienes han presenciado delaciones compensadas recuerdan una cosa. La cara del segundo delator. Resulta que en Chile, desde la entrada en vigencia de la modificación de la Ley en 2016, el primer delator puede optar a quedar sin sanción si su información es tan útil como para detectar un cartel. Cuando es el segundo el que se delata, la FNE puede solicitar una reducción de hasta 50% de la multa que le correspondía sin delación, además de una rebaja de un grado en la sanción penal que se imponga por el delito de colusión.

Algo que justamente hizo Marcela Ferrada, ex directora comercial de Brink’s, cuando llegó en octubre de 2018 a delatarse. Sin embargo, una vez que se inicia la investigación, puede venir un nuevo denunciante, al que se le escucha, en la misma sala con vidrios polarizados, cámaras y micrófonos, y si la delación es aprobada bajo una serie de requisitos, se le asigna el número 2.

Varios que han visto las caras del segundo delator relatan que son momentos de alta tensión y hasta de angustia. “Se les desfigura el rostro”, cuenta un abogado. 

Pero no solo la delación y sus métodos muy al estilo FBI son las últimas innovaciones del organismo. También en un ala protegida de la Fiscalía existe un equipo que todos al interior del organismo conocen como el “chupacabra”. Se trata de un software utilizado para allanamientos de computadores y teléfonos y que permite extraer todo, incluso los archivos, fotos o conversaciones de chat borrados.

Hay veces, eso sí, donde este software no sirve. En el caso del cartel de las transportadoras de valores, había un pendrive encontrado en la casa de Alberto Bálsamo, gerente general de Brink´s, que estaba encriptado, es decir, sus datos tenían una serie de códigos y barreras que hacían imposible que el “chupacabra” sacara las planillas de datos clave de la investigación.

Entonces el mismo Juan Correa, el jefe de la Unidad Anticarteles desde enero de 2016, se comunicó con el FBI para pedir ayuda. Hasta que la agencia estadounidense lo logró.

Juan Correa, jefe de la Unidad Anti-Carteles

Varios consultados se detienen al momento de hablar de Correa. El abogado de la Universidad de Chile, quien tiene una Maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York, ha asistido en varias ocasiones a capacitaciones con el FBI y otras agencias globales. Lo definen como analítico y hasta obsesivo con el detalle y la minuciosidad de su investigación.

Además, lo sindican como especialista en machine learning e inteligencia artificial. Un abogado de la plaza lo explica así: “las colusiones del futuro no van a ser entre personas sentadas en un café anotando en un Excel a mano los porcentajes a repartirse de un mercado, van a ser a través de softwares que echen a correr y que corrijan cualquier distorsión fuera del cartel. Correa y su equipo se han especializado en eso”. 

Correa, hijo del ex ministro Jorge Correa Sutil y la historiadora Sol Serrano, partió en 2010 en la Fiscalía y rápidamente se hizo camino en la entidad, cuando era dirigida aún por Felipe Irarrázabal. La dupla perfecta de Correa es el subjefe de la unidad, Eugenio Ruiz-Tagle, abogado de la Universidad Católica y también experto en técnicas intrusivas avanzadas. 

No siempre el trabajo de esta unidad es grata. Muchas de las interceptaciones telefónicas que ha hecho la FNE deben ser escuchadas por horas por funcionarios de la repartición. Y eso significa escucharlo todo. Las conversaciones familiares, los retos a trabajadores y hasta problemas de salud. La PDI envía el material completo, sin editar, cuando “pincha” un teléfono y la oficina de Correa, donde trabajan en total 18 personas, tienen que repartirse la escucha. 

Siempre falta gente

En los tres pisos que tiene la FNE en Santiago trabajan 103 personas a contrata, a septiembre de este año y 12 de planta. Pero siempre faltan manos, cuentan quienes han trabajado ahí. Con un presupuesto cercano a los US$ 10 millones, la FNE siempre se ha jactado de que recauda casi 10 veces más en multas y otro tanto en evitar daños a la economía al denunciar carteles o corregir comportamientos de mercado. 

Los profesionales más juniors del organismo duran en torno a dos o tres años y luego toman dos caminos: o se van a estudiar al extranjero, o los levantan de un estudio de abogados de la plaza, con sueldos que la agencia estatal no puede igualar. Mal que mal, la FNE es un servicio militar de excelencia para los litigantes de libre competencia y si pasaron por ahí, valen oro en el mercado. 

Sin embargo, el primer grupo, de aquellos que se fueron a estudiar y luego quisieron volver a su antiguo puesto, post pandemia no pudieron. El decreto de austeridad fiscal implementado por el Gobierno para todo el sector público desde que partió el Covid-19, también afectó a la FNE, la que no puede aumentar su personal, y en muchos casos ni siquiera reemplazar a quienes se van. 

Al interior del organismo también existen dos “alas”, explica alguien que conoce la interna. Uno más “desconfiado” del libre mercado, y que varios identifican con Gastón Palmucci, el jefe de la División Antimonopolios. Mientras que identifican a Francisca Levin, jefa de la División Fusiones, como alguien más dialogante y con menos sesgos contra el mercado. 

Francisca Levin, jefa de la División Fusiones.

En todo caso, el carácter de Riesco hace todo más llevadero, cuentan las fuentes. El abogado tiene un gran manejo de la diplomacia entre todos los jefes de división y sus equipos. Además, ha impuesto como un sello hacer sentir a los equipos confiados y no con un excesivo micromanagement de todo. Cuando le llegan informes o denuncias hasta su despacho antes de hacerlos públicos, cuestiona intensamente a los equipos hasta convencerse de que la decisión es correcta y los datos tienen respaldo, pero casi siempre da el pase al trabajo realizado por las distintas unidades. 

Algo que, en todo caso, en el mercado legal le achacan de cierta forma. “Riesco es un excelente abogado e investigador, pero aquí ha tenido que dedicarse a gerenciar un organismo con egos muy grandes. Eso no ha sido fácil, pero así y todo ha logrado tener éxito en su gestión”, afirman algunos. 

Una abogada también recalca que muchos le critican los pocos casos de colusión o antimonopolios que se han presentado bajo su administración, pero al mismo tiempo concluye que en dos años, es poco lo profundo que se puede llevar en investigaciones que tardan años. De hecho, muchas, como el cartel de las empresas de valores, surgieron en la administración anterior, de Felipe Irarrázabal. 

Sebastián Castro, jefe de la División Estudio de Mercado.

El “molesto” informe del gas 

El mismo 7 de octubre, día en que salió el informe preliminar de la FNE que recomendaba prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores y proponía cambios regulatorios al negocio del gas natural para que baje el precio de ambos combustibles, varios de los directorios de las empresas de gas se reunieron. La sensación que más recorría a los directores y accionistas de las empresas era, según se pudo reconstruir, la sorpresa. 

Cuando la FNE anunció en noviembre del año pasado el inicio de un estudio de este mercado, varios esperaban que diera recomendaciones como la instauración de un subsidio para las personas más vulnerables, en particular en el mercado del gas licuado, que abarca al 80% de los hogares chilenos. La tesis era: por precio no se les puede achacar, ya que en el último año, el precio internacional ha subido más de 100% y en ningún caso eso se ha traspasado al consumidor final. Además, las empresas de gas siempre obtenían buenas evaluaciones en calidad de servicio. 

Por eso, cuando leyeron el informe, muchos pusieron el grito en el cielo, cuentan conocedores de esas tensas reuniones. Más molestia se dio con el pasar de los días, cuando en el mundo político y en algunos medios de comunicación se dijo o insinuó que había colusión. En el informe no se menciona esa palabra ni se indica que haya indicios ciertos de aquello. 

También se blindaron legalmente cuanto antes y salieron a captar a los más cotizados abogados de la plaza. En el caso de Gasco, contrataron a Julio Pellegrini, del estudio Pellegrini & Rencoret Abogados; por Lipigas está Cristóbal Eyzaguirre, de Claro y Compañía; Abastible está con Raimundo Labarca, de Vergara, Labarca & Cia.; y Metrogas con José Miguel Gana, de Gana&Galvez Abogados. 

Todos ellos están preparando sus respuestas a la consulta pública que abrió la FNE y que vence el 4 de noviembre. Se espera que a inicios de diciembre, la FNE emita el informe final del estudio. 

Aunque se mantiene bajo reserva qué responderá cada empresa, se espera que aporten más antecedentes y puntos de vista sobre todo a las recomendaciones de sacar a las firmas de gas licuado de la distribución. 

La opción de la multimarca que da como alternativa el informe es descartada por las empresas. Miran la experiencia de Perú, donde existe un mercado del gas licuado sin los mayoristas en la última milla: hay pillaje, estafas y hasta violencia física entre los distintos competidores por repartirse cada cuadra donde se puede o no vender gas. 

Además, dice un actor del mercado, sacar a las firmas de la distribución domiciliaria no tendría sentido comercial y competitivo. Al final, explica la fuente, el gas es un commodity, por lo que la única diferenciación que pueden dar es en la puntualidad de la entrega del balón de gas o la contratación de distribuidores que cumplan con altos estándares de calidad, servicio y, sobre todo, del cuidado de los contenedores. Un mal uso puede hacerlos explotar. 

El caso de Metrogas es distinto. Varios consultados creen que allí se generarán fuertes cambios al mercado desde el Ejecutivo además de los propios parlamentarios. De partida, su negocio con su relacionada, Agesa, a quien le compra el gas, quedaría obsoleto, por no resultar, según la FNE, eficiente en términos de traspasar menores precios al cliente final. 

También hay un grupo de abogados involucrados y ajenos al conflicto que cuestionan el estudio de mercado, porque, teniendo las pruebas de anomalías en el mercado, podrían haber presentado una denuncia, y no recomendaciones. 

Consultado por DF MAS, el ex fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, explica que los estudios de mercado no buscan sangre, sino mejorar las cosas, en sus propias palabras. “Hace mucha falta seriedad y análisis minucioso en este país. Dar diagnósticos certeros y recomendaciones para mejorar la política pública. El trabajo que ha hecho la FNE es de lujo”, explica. 

Eso sí, tanto Irarrazabal como otros consultados concuerdan en lo mismo: falta dotación de gente en el organismo. En la división que dirige Sebastián Castro, trabajan solo cuatro personas: un ingeniero civil, otro comercial y dos abogados. Ellos se pasan todo un año disecando un mercado hasta encontrar anomalías. 

El próximo mercado objetivo, aún no anunciado, seguirá la misma lógica de los anteriores: que sea un producto de uso nacional, y que existan evidencias de ciertas faltas de mejor competencia. En el mercado legal y en varias fiscalías de empresas asumen que siempre se ponen nerviosos antes de que el fiscal de turno anuncie el blanco de ese año. Saben que la cosa viene difícil de ahí en más.