Cuando hace 145 años la congregación de origen alemán Hermanas de la Caridad Cristiana Hijas de la Bienaventurada Virgen María de la Inmaculada Concepción fundó un colegio para niñas muy cerca de la Plaza de Armas de Concepción, no se podían imaginar el inmenso lío legal en que se iba a convertir esa escuela dos siglos después. 

Y es que hoy la orden religiosa se encuentra en una guerra judicial, con procesos civiles, penales y un arbitraje contra la Inmobiliaria y Constructora Concepción y sus empresas relacionadas. Todo porque con los años el terreno en el centro de la capital penquista -en la calle Aníbal Pinto, intersectando con Colo Colo y San Martín, por más señas- subió y subió de valor y, conforme se deterioraba el recinto escolar, las monjas pensaron que lo mejor era vender el paño y construir una escuela nueva en otro lugar. 

Y así lo hicieron. En una transacción suscrita el 17 de diciembre de 2015 entre la congregación y la Inmobiliaria y Constructora Concepción, vendieron el inmueble donde hasta entonces funcionaba el colegio en el centro de Conce; con el dinero resultante de la transacción compraron un paño en el sector de Paicaví, a la entrada de Concepción, y con el saldo del pago contrataron -el 3 de octubre de 2017- a Inmobiliaria y Constructora Concepción para que les edificara las nuevas instalaciones por 185.000 UF. Según las monjas, en el contrato se pactó que dicha empresa “sería la última responsable de la calidad de las obras”.

Las religiosas no quedaron conformes con cómo quedó el colegio nuevo. Alegan que el nuevo recinto se llueve, le salen hongos y ha explotado la conexión eléctrica, entre otros múltiples problemas. Las Hermanas de la Caridad Cristiana, representadas por el abogado Jorge Alvear Castillo, dicen que ellas cumplieron y pagaron las 185.000 UF y que tienen la declaración (del 16 de noviembre de 2021) de la empresa en orden a haber recibido el pago total del precio del contrato. 

Aun así, “habiendo la congregación pagado la totalidad del importe”, esto es, $ 5.656 millones, dice que no recibieron el servicio contratado, “ya que la obra adolece de múltiples y graves vicios constructivos: filtraciones generalizadas en todo el edificio, defectos de instalación, fallas eléctricas, falta de aplicación de pintura intumescente en las estructuras metálicas, falta de drenajes, fallas en las pendientes en techumbres”, entre muchos déficits, según se lee en un escrito ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

La guerra está servida. Hay un juicio arbitral -el juez árbitro designado es Cristián Andrés Boetsch Gillet- en trámite, en la etapa probatoria, señala el abogado de Inmobiliaria y Constructora Concepción, Paulo Figueroa, a lo que suma una causa en lo civil, donde es la congregación la que está siendo demandada por el cobro de créditos cedidos por obras que las religiosas encargaron a la empresa “y que jamás pagaron”, por un monto de “más de $ 700 millones”.

A esto se añade que el pasado 2 de noviembre la Fiscalía Local de Concepción admitió a tramitación una querella contra Fernando Sáenz Poch, ligado a la compañía, pero de la cual el abogado Figueroa no ha sido aún notificado. “Suponemos que se trata de una de las diversas estrategias instrumentales que ha desarrollado la defensa de la congregación para defenderse en el juicio arbitral y civil, las que obviamente no tienen fundamento alguno y sólo buscan dañar nuestra reputación”, advierte Paulo Figueroa. 

Por parte de la orden religiosa, al equipo de Jorge Alvear se sumaron abogados del estudio Montt y Cía. La fiscal a cargo de la causa es Mariana Iturrieta Seguel, conocida en la zona por haber llevado el proceso contra el consejero constituyente por el Partido Republicano, Aldo Sanhueza, quien fue detenido a inicios de este año tras una denuncia por abuso sexual contra una mujer al interior de un bus interprovincial en Penco y luego fue formalizado por “graves ofensas al pudor”.

Incendios, lluvias y hongos

“La mala ejecución de las pendientes de las techumbres redunda en que en los días de lluvia (que en la ciudad de Concepción no son pocos) buena parte de las salas de clases y salas de profesores se ‘lluevan’ y que prolifera todo tipo de hongos y manchas de humedad por todas partes”, se señala en otro documento vinculado a una medida prejudicial en el ámbito civil. 

Según las monjas, el 28 de febrero de este año y en vísperas del inicio del año escolar 2023, producto de una mala ejecución del sistema eléctrico, se incendió espontáneamente el tablero de circuitos de calefacción del colegio.

Y con las lluvias de agosto pasado, se produjeron lo que califican como graves filtraciones en la biblioteca de la escuela, con lo que se destruyó gran parte de la colección de libros. 

Y, según detalla el escrito ante la Corte de Apelaciones de Concepción, en el marco de las obras ordinarias de reparación y mantención en las vacaciones de Fiestas Patrias, en septiembre pasado, no se cumplieron los requerimientos de aislación térmica y acústica, quedando varios orificios expuestos.

Según el representante de la empresa, “no se nos ha informado ni tenemos evidencia de daños relevantes en el inmueble” y aduce que los problemas pueden deberse a “la ostensible falta de mantenimiento y modificaciones antojadizas y sobrevinientes por parte de la congregación” al edificio. “En eso nada tiene que ver la constructora”, añade. 

Más bien, se defiende, el ánimo ha sido intentar buscar un acuerdo, y de hecho agrega que “la constructora ha accedido a todos los requerimientos de la congregación, antes del litigio”. 

El abogado Paulo Figueroa incluso acusa a las Hermanas de la Caridad Cristiana de recurrir al engaño. Y revela que la relación con la orden religiosa se quebró, confidencia este abogado, “cuando la congregación fingió la búsqueda de un acercamiento y acuerdo con nosotros mientras en secreto preparaba e interponía una demanda judicial”. Y expresa: “no lo imaginábamos, menos aún tratándose de religiosas”.

La misma sorpresa manifiesta ante los registros gráficos y audiovisuales de los daños, ya que a su entender son antecedentes que están en el contexto del juicio arbitral.