Durante un directorio de una de las retailer más grandes del país, terminaron a gritos. Uno de los presentes habló del estallido social y de las razones que lo habría provocado, y otro, lo recriminó por su juicio. Episodios como este, se repiten en varias mesas de empresas del país. Y, si bien todos los directorios de agosto y septiembre, en plena elaboración de presupuestos, son tensos por naturaleza, este año se le sumaron incertidumbres y divisiones políticas. 

Desde hace exactamente un año que las planas ejecutivas de las empresas en Chile han estado en un trabajo de entender qué pasó tras el estallido social. Y para ello, se asesoraron con un sinfín de economistas, comunicadores y ex políticos que les han ayudado a dar forma a este contexto. “Los directores son gente muy preparada, pero en lo suyo. Son expertos en números y dirección de empresas, pero si los sacas de esa caja, es otro mundo. Lo más blando, la ciencia social en general, a veces exije otro tipo de análisis ”, relata un reconocido asesor estratégico de directorios y empresas. 

“Los directorios y la administración de las compañías están insertos en el quehacer nacional y obviamente, siempre están considerando el contexto para planificar acciones. En este caso, a partir de octubre del 2019 las empresas aprendieron que tienen que prevenir situaciones que antes no se consideraban probables en Chile (cierres, bloqueos, incendios intencionales, saqueos). Esto, sumado a que las coberturas de seguros ante este tipo de eventos ya no existen o son extremadamente caras, implicó tomar acciones de prevención dentro de lo posible”, explica Laurence Golborne, director de Ripley, SQM, entre otras.

Los gremios de las empresas fueron claves para prepararse para el primer aniversario del 18 de octubre. Eso sí, el trabajo comenzó con varios meses de antelación. 

“Tenemos una mesa de trabajo con el gobierno, con Carabineros, con autoridades. Nos preocupa la violencia. Imagínese que desde octubre del año pasado, y con la pandemia de por medio, el comercio ha perdido 300 mil empleos. Si tenemos un nuevo 18 de octubre, igual de violento que el año pasado, va a ser una pesadilla”, dice Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. 

Y así como la CNC, la Cámara de Centros Comerciales, o la misma Confederación de la Producción y el Comercio, han tenido a la seguridad como un eje de su labor. Por ejemplo, la multigremial liderada por Juan Sutil, en su último consejo del martes de esta semana, dedicó buena parte del tiempo a repasar rama por rama cómo se estaban preparando para este fin de semana. 

En los bancos, por ejemplo, que fueron fuertemente afectados por hechos de violencia el año pasado, no hubo una coordinación a nivel gremial, sino que cada uno se resguardó de manera individual y coordinados con el regulador. En el BCI, por otro lado, se reúne un comité de continuidad del negocio, que opera entre 3 a 4 veces a la semana, desde hace un año y que ha tomado más fuerza con la pandemia.

Ahí están representados todas las áreas del banco, TI, operaciones, canales, redes sociales, donde se monitorean todos los posibles riesgos y se van tomando medidas preventivas para anticiparse a todos los escenarios donde el banco y sus filiales se puedan ver afectadas. Ese modelo, lo han replicado en casi todos los bancos consultados, y aunque desde siempre han existido este tipo de comités, con estallido social más pandemia se han intensificado y sumado a más áreas que antes no se incluían. 

Para qué decir los centros comerciales y supermercados que llevan semanas reforzando sus instalaciones, puertas y número de guardias. Hasta el cierre de esta edición no se habían anunciados cierres anticipados de comercio para el fin de semana, pero en todas las grandes compañías habían dado la instrucción de cerrar apenas se genere un incidente, aunque sea a varios metros de distancia en la calle. 

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Y para ello, en varios directorios desde noviembre del año pasado ampliaron los presupuestos para seguridad, tanto física como digital. Una reconocida consultora de seguridad informática cuenta que el número de empresas que han pedido reforzar sus medidas en sus sitios web ha crecido vorazmente desde octubre del año pasado. Un incendio o un hackeo masivo puede ser igual de perjudicial, alerta. 

Pero también en el gobierno se han preparado para esta jornada. La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, ha estado en constante comunicación con gremios y empresas estratégicas, sobre todo la de servicios básicos e infraestructura crítica. Lo propio ha hecho la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central con las entidades financieras. 

Por su parte, en la Subsecretaría de Telecomunicaciones hace varios meses que tienen un Whatsapp con todos los gerentes de las compañías para monitorear el servicio que están prestando a los clientes y si hay incidentes masivos de corte producto de manifestaciones o caída de infraestructura. 

Otro tema del año, es el debate constitucional. Desde que tomó forma la reforma constitucional que permitió el Plebiscito para modificar la Carta Magna el próximo domingo, en las empresas se activaron alarmas. Más allá de la opción personal de cada uno, los directorios y los máximos ejecutivos querían entender bien y al detalle cómo sería el proceso que se podría iniciar a contar del 25 de octubre. 

Y para ello, se han repetido nombres como Sebastian Soto, Francisco Zúñiga, Jorge Correa Sutil y Jorge Burgos, que directamente o a través de foros digitales dirigidos por gremios, han ido a explicar en qué consiste el referéndum y lo han comparado con procesos similares que se han realizado en el mundo. 

Pero más en el detalle, los directorios han tenido que evaluar con diversos escenarios los presupuestos 2021. Francisco Orrego, director y asesor de empresas, dice que “el debate constitucional personal en sí, las opciones Apruebo o Rechazo, no ha sido tanto tema, pero sí medir la incertidumbre que acarrea todo el proceso, y definir que hay que tener presupuestos más flexibles que nunca el otro año, y con revisiones cada cierto tiempo, para ir viendo cómo cambia el escenario mes a mes en Chile, y en el mundo, con el coronavirus”.

Jorge Navarrete, Cristina Bitar, Juan Pablo Larraín, Jorge Burgos, Pilar Velasco, Claudia Bobadilla, Max Colodro son otros nombres que se repiten, además de ex autoridades recientes que han dado visiones más bien técnicas:, como Rodrigo Valdés y Vittorio Corbo. 

En algo que todos los consultados concuerdan, es que este año los fiscales o gerentes legales de empresas y family offices han tenido más trabajo que nunca, tratando de aterrizar el debate constitucional que se lee a diario en medios y redes sociales. 

Patricio Rojas, economista y asesor de directorios, dice que “más que entender el tema político, piden que se les expliquen cuáles son los escenarios y las probabilidades que tiene cada opción. Las compañías proyectan a cuatro, cinco años, y esta incertidumbre local y global hace que todo se planifique con plazos más cortos”, afirma. Muchos, agrega, han abierto la puerta a internacionalizarse. “Varios que antes lo veían como una opción muy a futuro, han evaluado más seriamente abrirse a México o Estados Unidos, como una forma de diversificar el riesgo”. 

Una asesora argumenta que la preocupación de cara al Plebiscito es el porcentaje por el que se gane. Si es que es el Apruebo con Convención Constituyente, hay aprensión en cuanto a la composición de la asamblea. “He visto directorios donde fijan el mes de abril como una segunda revisión profunda de presupuestos y planes de inversión”, acota. 

Quienes también han pedido asesorías han sido inversionistas institucionales extranjeros. “A ellos les cuesta entender el cambio en Chile, porque no viven acá. Hacer un mapa de riesgos hoy día se ha convertido en algo imposible, porque hay muchas variables en juego”, resume un asesor de inversionistas. 

Más allá de lo que hagan las empresas particularmente, este es el año de los gremios, recalcan en las compañías. “Los puntos mínimos no los puede poner cada empresa, tiene que haber una voz común”, resume un empresario y ex líder gremial. 

La Sofofa, por ejemplo, trabajó por dos meses en elaborar un documento que sirva de “hoja de ruta” para un debate constitucional, gane el Apruebo o el Rechazo. Y allí, donde trabajaron 15 consejeros y otros invitados, concluyeron en siete pilares clave que había que defender, tales como propiedad privada, autonomía de instituciones, modernización del Estado, temas de género y de pueblos originarios, entre otros. Además del rol de Bernardo Larraín, se destacó el trabajo que hicieron Susana Jiménez y Matías Claro. 

Mientras que en la CPC se han encargado más bien de hacer un trabajo puertas adentro con sus directores y gremios. Ahí, han estado en charlas con constitucionalistas como Francisco Soto y Jorge Correa Sutil, además de invitar a políticos de todos los sectores a plantear sus posturas. No se tiene pensado, hasta ahora, elaborar un documento común de cara al proceso constitucional. 

Por último, todas las preocupaciones políticas, de directorio y a nivel gremial, han sido cruzadas por la pandemia. Y ello también ha influido, por ejemplo, que a algunos directorios o comités de directores han asistido, de manera remota, reconocidos epidemiólogos a explicar cómo avanza el virus, una eventual vacuna y cómo podría ser una vuelta al trabajo. 

Allí también las áreas de comunicaciones estratégicas han estado constantemente actualizando sobre cómo avanza el Covid-19 y los procesos de reapertura alrededor del mundo. En algunos casos que ya han vuelto a las oficinas de forma parcial, han debido hacer ajustes de infraestructura y también de procesos: cuando se hacen reuniones con personas todas en remoto funciona mejor, que cuando hay algunas que están en sus casas y otras juntas en la oficinas, dicen varios. En lo que todos coinciden, es que este es recién el inicio de una nueva etapa..