No hay persona en Melipilla que no sepa la historia. La mayoría de los locales lo conocen como “el proyecto” y todos se refieren a lo mismo: el ambicioso plan de Eletrans II S.A. para instalar decenas de torres de alta tensión para conectar Rapel y Pudahuel.

Un negocio que, en papel, ayudará a más de 10 millones de personas, pero que ha despertado el rechazo de empresarios de la zona y algunas comunidades. La firma a cargo arriesga multas superiores a los US$ 25 millones y enfrenta una serie de acusaciones ambientales que podrían afectar el negocio.

El proyecto, que tiene una inversión de US$ 77 millones, contempla la construcción de una nueva línea de transmisión eléctrica de alta tensión y tiene por objetivo dar cumplimiento al Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal, fijado por el Ministerio de Energía.

Eletrans es una empresa dedicada al rubro de la transmisión eléctrica, negocio clave para la distribución de energía en Chile. Tiene operaciones activas en las regiones de Atacama y Los Ríos y su único accionista es Chilquinta Energía, compañía que en 2020 fue adquirida por State Grid por US$ 2.200 millones.

Y como tal, heredaron este proyecto, que les fue adjudicado en 2012, aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2018 y que empezó a construirse en 2019.

Comunidades de vecinos alegan que el proyecto, en su etapa de construcción, cometió una serie de irregularidades, las cuales hoy están siendo revisadas por la Superintendencia de Medio Ambiente y el Tribunal Ambiental.
¿Cómo el proyecto insignia de Melipilla se convirtió en la principal piedra en el zapato para Eletrans? Esta es la historia.

La ofensiva de los Lombardi

Los Lombardi son un apellido muy repetido en Arica. Llegaron en 1952, cuando el italiano Aldo Lombardi comenzó a producir aceitunas en la Hacienda Piemonte, en el valle de Azapa. Durante 70 años han construido su reputación como uno de los clanes agrícolas más importantes del país.

Hoy ya van por su cuarta generación y prometen seguir extendiendo el negocio familiar. También son propietarios de un paño de 200 hectáreas en Melipilla, enfocado en la producción de cítricos y paltas.

La primera vez que se enteraron de este proyecto fue en 2015, cuando se juntaron con ejecutivos de Eletrans II. La familia empresaria llegó a esa reunión con una preocupación clara: no querían que las torres de alta tensión cruzaran por una zona específica de su terreno.

Según conocedores de las negociaciones, ambas partes acordaron que Eletrans cambiaría la ruta -a un sector más montañoso, donde la familia no tenía plantaciones- a cambio de que no participaran de la consulta ciudadana, una etapa clave en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

En 2016 estrecharon manos y firmaron un contrato de servidumbre que acordó un trazado alternativo. Fue bautizado como “variante Mallarauco”. Los Lombardi recibieron una indemnización por $ 113 millones, destinada a cubrir una serie de limitaciones y prohibiciones por parte de los propietarios del terreno.

Pero todo eso quedó en el olvido y es hoy la principal fuente de conflicto entre la empresa y la familia.

“Eletrans II no tiene relación contractual alguna con la familia Lombardi, sí con el Banco de Chile, quien posee el dominio de la propiedad, entidad con la que se firmó una servidumbre voluntaria, que eventualmente podría ocuparse, en el evento que la autoridad considerara la variante como más adecuada que la entregada en el trazado original, lo que no sucedió”, responden desde la compañía.

En 2018 Eletrans II consiguió su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y comenzó a construir el proyecto original. Los Lombardi trataron de hablar con la empresa, pero no consiguieron cambiar los planes. Fue ahí cuando optaron por la vía judicial: contrataron a Fernández & Barros, un estudio dedicado a temáticas ambientales con experiencia en casos como Quintero y Puchuncaví y con clientes como SQM.

Hoy alegan que Eletrans actuó de mala fe, por lo que buscan revocar la RCA y que se vuelva a realizar el EIA con la debida consulta ciudadana. “No es que el proyecto vuelva a fojas cero, pero sí que se retome hasta la instancia que ellos vulneraron”, señala un conocedor del caso.

Si les va mal, cuentan personas al tanto de la tramitación, seguirán hasta la Corte Suprema, instancia que ya es conocida por revocar casos ambientales icónicos, como el yacimiento El Morro (en Arica), el Terminal GNL Penco-Lirquén (en Biobío) y la Hidroeléctrica Doña Alicia (en la Araucanía).

Los cargos por estafa y los $ 1.500 millones

También existe una arista penal que complica la situación. El 26 de agosto de 2019 ingresó al 8º Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra de Francisco Alliende Arriagada (gerente general de Saesa, antiguo accionista de Eletrans) y Francisco Mualim Tierz (actual CEO de Chilquinta Energía y director de Eletrans II).

Los patrocinantes de la demanda -los abogados Alfredo Etcheberry y Matías Hiriart- acusan que ambas personas cometieron el delito de estafa y falso testimonio ante la autoridad. “Hay confianzas muy quebradas. Los Lombardi son italianos, se sienten pasados a llevar. Esto se convirtió en algo personal”, dice un cercano a la familia.

En 2020 la estructura societaria de Eletrans cambió, debido a que State Grid compró por US$ 2.200 millones Chilquinta Energía. Luego de eso, Chilquinta adquirió todas las acciones que tenía Saesa para controlar el 100% de Eletrans I, II y III.

“Si State Grid compra a la mitad del proceso judicial no puede ignorar la historia que viene detrás. Es parte de la evaluación para valorizar la empresa. No porque llegue una nueva administración puede ignorar todo esto”, dice un abogado que conoce la causa.

La querella de Inmobiliaria Torre y Agrícola Forestal y Ganadera Mallarauco Limitada (ambas sociedades ligadas a la familia Lombardi) explica en el documento que “las negociaciones estaban falseadas y tenían como única finalidad engañar y perjudicar. Nunca existió la intención por parte de los querellados de ejecutar la ‘variante Mallarauco’ sino que el único fin era de despojar a los actores de sus legítimos derechos para proteger su patrimonio”.

En la querella se detalla que esta presunta estafa generó perjuicios económicos importantes, que todavía no son posibles de cuantificar exactamente, pero que superan los $ 1.500 millones.

Además, se solicita, entre otras cosas, una “cabal investigación del Ministerio Público” y que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI analice todas las actas de directorio de Eletrans II, para ver si otros ejecutivos estaban al tanto de estas presuntas irregularidades.

A pesar de llevar dos años, la causa se mantiene en su etapa inicial, por lo que todavía no se conocen las respuestas de los dos imputados. Francisco Mualim es representado por el estudio De la Fuente & Godoy y Francisco Alliende por los abogados Ernesto Olivares y Patricio González.

“La sociedad ha proporcionado todos los antecedentes requeridos por sus asesores legales, colaborando en el proceso”, informaron desde Eletrans a DF MAS.

Los otros opositores

En la madrugada del 12 de julio de 2020 la lluvia no paró en la zona de Los Valles de Melipilla. Las casas se inundaron por un alud, producido por erosiones y tierra removida.

Este caso puede ser uno que ponga entre las cuerdas a Eletrans. “Esto sucedió porque la empresa no estaba cumpliendo ninguna de las condiciones de mitigación de su RCA, entonces llegó el agua”, cuenta a DF MAS la abogada ambiental Sabiñe Susaeta. Y agrega: “Los vecinos piensan que no se debería hacer en ese lugar, ya que las condiciones son peligrosas. Se van a producir nuevos aludes si se ponen las otras (torres) que faltan”.

Esto, además, se junta con que las torres pasan por varias zonas de protección ambiental, como bosques esclerófilos y reservas de agua. “El EIA no reconoce impactos en concreto, por lo que no consideran medidas de mitigación para esos determinados elementos”, señala Susaeta, quien representa a vecinos de la Comunidad La Huella que se organizaron para pagar la asesoría legal.

Y agrega que el objetivo es quitarle la RCA a Eletrans II. Para eso necesitan una sentencia de Tribunales o de la Superintendencia de Medioambiente. Si les va mal, la experta asegura que subirán a la Corte Suprema.

Pero desde la empresa aludida tienen una respuesta distinta: “Eletrans II ha efectuado desde el 2016 a la fecha, un plan de relacionamiento comunitario cercano con cada una de las comunidades aledañas al proyecto y que son pertenecientes a las comunas de Pudahuel, Curacaví, Melipilla y San Pedro en la Región Metropolitana y Litueche en la Región de O’Higgins”.

Y agregan: “En mitigaciones y compensaciones ambientales, junto con convenios con comunidades, municipios e instituciones del Estado, nuestra compañía a invertido sobre los US$ 6 millones”.

El pasado 26 de agosto la Superintendencia de Medio Ambiente formuló seis cargos graves y dos leves a Eletrans II. Entre las faltas, el organismo indica la utilización de helicópteros para la construcción de las torres y el incumplimiento del Plan de Perturbación controlada para la fauna de baja movilidad, identificación y demarcación tardía de especies arbóreas en conservación.

Por estos y más cargos la compañía arriesga multas hasta los US$ 25 millones y se exponen a sanciones que van desde amonestaciones, hasta la revocación de la RCA.

Por parte de los Lombardi, en octubre están fijados los alegatos ante el Tribunal Ambiental, donde también buscarán invalidar la RCA y retroceder a la instancia de participación ciudadana para que se puedan hacer observaciones que sean consideradas en la evaluación ambiental del proyecto.