Fue el pasado viernes 5 de mayo. Ese día el abogado Cristián Errázuriz, entonces gerente general de Grupo Acoger -una red de cementerios ligada al empresario Álvaro Fuenzalida y al Arzobispado de Santiago-, habría cobrado en efectivo $ 369.404.870 desde la cuenta bancaria de una de las sociedades dependientes de la matriz. 24 horas antes el mismo ejecutivo anunció su salida de la empresa, luego de que el directorio de dicha entidad, presidido por el economista Felipe Morandé, decidiera sacarlo del cargo por supuestamente negarse a remitir información financiera y contable de la compañía.

A la semana siguiente, tras la salida de Errázuriz de la empresa, el directorio (también compuesto por Álvaro Fuenzalida y José Miguel Errázuriz Talavera, hermano de Fra Fra) accedió a las cartolas de las cuentas corrientes de las sociedades del grupo. Lo que primero saltó a la vista fue, justamente, el supuesto retiro de $ 369 millones desde la cuenta del Banco Itaú de Acoger Santiago Futuro S.A.

La mesa directiva entró en modo crisis. Según ellos, esa operación no tenía explicación contable ni legal, ya que ese retiro de dinero no podía ser una indemnización por años de servicio, dado que Errázuriz no estuvo contratado extensamente por la sociedad Acoger Servicios Funerarios S.A. Además, el abogado ya había cobrado un finiquito por $ 150 millones.

Esa fue la confirmación de las sospechas que el directorio comenzó a tener a mediados de 2022. Por ese tiempo el accionista mayoritario de la empresa, Álvaro Fuenzalida, entró al directorio (después de 10 años de ausencia). En ese contexto, encontró una serie de desórdenes internos, contables y administrativos. Y Felipe Morandé, ex embajador de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ex ministro de Transportes de Sebastián Piñera, que asumió la presidencia de la mesa a inicios de 2023, comenzó a pedir documentos para comprender la situación interna de la entidad. Errázuriz, sin embargo, se habría negado.

Y justamente por esto, antes de que estallara el acontecimiento de los $ 369 millones, la mesa instruyó a los abogados Raúl Toro, Jorge Hales y Luis Gabriel Salazar que hablaran con Errázuriz para buscar una salida amistosa de la compañía. La reacción, sin embargo, no fue la que se esperaban: “Yo no me voy”, les habría respondido el gerente general.

Hoy, todos estos antecedentes forman parte de una extensa querella en contra de siete ejecutivos de Acoger, entre ellos Cristián Errázuriz, alojada en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago.

“Excedente de sueldos de $ 183.500.657”

El viernes 7 de julio las cuatro sociedades que componen el Grupo Acoger -Acoger Santiago, Acoger Santiago Futuro, Acoger Santiago Servicios Funerarios y Acoger Santiago Inmobiliaria-, interpusieron una querella en contra de Cristián Errázuriz. En la acción judicial -que también apunta a otros cinco ejecutivos- acusan los delitos de asociación ilícita, administración desleal, lavado de activos, negociación incompatible y falsificación, y uso malicioso de instrumento privado.

El principal punto de la querella gira en torno a que “Cristián Errázuriz, en su calidad de gerente general del Grupo Acoger, encabezó una asociación interna que tenía como único propósito la defraudación patrimonial de Acoger a través del delito de administración desleal”.

Según explica la entidad, al menos desde 2019 Errázuriz “reclutó a varios empleados en cargos relevantes dentro de Acoger e incorporó a otros a la empresa, para sustraer el dinero de la compañía y perjudicar el patrimonio de Acoger en beneficio personal de todos ellos. Así, Errázuriz de manera coordinada con los querellados ejerció de manera abusiva sus facultades y actuó de manera contraria al interés social cometiendo cuantiosos ilícitos”.

La clave, explicaron en el escrito legal, “está en que todos los autores o partícipes del delito se beneficiaban económicamente en perjuicio de Acoger, ya sea porque se apropiaron de ganancias que debían haber sido percibidas por Acoger o porque, derechamente, se apropiaron de dinero que significaba una pérdida monetaria para la empresa”.

La acción judicial, de 69 páginas y redactada la abogada Libertad Triviño (del estudio Horvitz y Cía), entrega una serie de antecedentes para respaldar las acusaciones en contra de su ex gerente general. Por ejemplo, explican que Errázuriz, en coordinación con la gerente de finanzas, “se pagó en el período de cinco años un excedente de sueldos de $ 183.500.657”.

También explicitan que el gerente general, asesorado por la jefa de recursos humanos y gerenta de finanzas, “suscribió y autorizó -sin contar con autorización del directorio- autocontratos de naturaleza laboral que perjudican gravemente el patrimonio de Acoger y que lo benefician directamente a él”.

Por ejemplo, señalan que Errázuriz “autorizó para sí un préstamo por la cuantiosa suma de $150.000.000 por parte de Acoger Santiago Futuro S.A. y luego condonó dicha deuda a través de un falso finiquito – de fecha 31 de agosto de 2022- con dicha sociedad”.

También, acusan, el otrora gerente general “autorizó en representación de Acoger un préstamo por $ 170.000.000 millones de pesos para su sociedad “Ferra”, y después condonó ese dinero”.

Por su parte, “Errázuriz, en coordinación con los querellados, pese a la delicada situación patrimonial de la empresa, otorgó gravosos finiquitos a trabajadores de la empresa, ascendiendo a un total de $ 77.184.887, para luego recontratarlos inmediatamente”.

En total, la entidad cifra un perjuicio patrimonial superior a los $ 1.000 millones. Pero, comentan, “existen motivos más que fundados para creer que dicha suma puede ser mucho mayor; toda vez que, como se ha explicado, recién durante los últimos días se ha logrado descubrir parte de aquellos actos fraudulentos ejecutados por Errázuriz y los otros querellados”. 

El mecanismo

En la acción judicial se detalla el supuesto mecanismo que Cristián Errázuriz habría realizado para llevar a cabo los delitos de asociación ilícita, administración desleal, lavado de activos, negociación incompatible y falsificación y uso malicioso de instrumento privado.

Por ejemplo, en el libelo detallan cinco puntos en la asociación ilícita que habría cometido el abogado. El relato en la querella es de Álvaro Fuenzalida, accionista mayoritario, y señala: “En primer lugar, obstaculizó cualquier tipo de comunicación relativa al funcionamiento de la empresa conmigo”.

El segundo punto que se plantea en el libelo, es que Errázuriz habría organizado “un sistema para defraudar a la empresa desde adentro, abusando de las confianzas entregadas y omitiendo todos los deberes de fidelidad y lealtad para con su mandante. Así, se mostraba frente a los trabajadores como mis ojos y mi voz, de esta manera justificaba -ante las sospechas de terceros- todos sus actos bajo mi supuesta voluntad”.

“En tercer lugar, Errázuriz se mostraba como un líder dadivoso que hacía festejos para la empresa, que regalaba autos para fin de año y que hacía cuantiosas donaciones. Es más, a algunos empleados, los cercanos, los fieles, con cargo a las arcas de Acoger los invitaba a almuerzos, fiestas, viajes con la excusa de ‘viajes de trabajo’, pero que no eran más que momentos festivos y de lujo, todo a costa de Acoger. Mediante todas estas artimañas se aseguraba un círculo leal de protección e impunidad”, explica Fuenzalida en la querella.

El cuarto punto hace referencia a la desvinculación, desde 2020, de ejecutivos que se desempeñaban en puestos clave. Así lo hizo, señalan, con el gerente de operaciones, el jefe de sistemas, el jefe de operarios y el administrador del cementerio. El objetivo, explican, era reemplazarlos “por personas de su confianza, quienes no necesariamente tenían las mejores aptitudes para los puestos que ocupaban, sino que se desempeñaban allí para resguardar y apoyar al señor Errázuriz”.

“Aquello tenía como finalidad construir un círculo de protección a su alrededor de modo de poder cometer ilícitos en completa impunidad. Por cierto, que todo esto ocasionaba un perjuicio a Acoger, tanto porque había personas contratadas a su costa, con escasas capacidades laborales, como porque aquello propiciaba la asociación de todos ellos para delinquir”, agregan.

“No tenemos certeza de que todos a quienes contrató por cercanía, hayan participado de la asociación ilícita, eso será algo que deberá determinarse conforme a esta investigación. Pero sí sabemos con certeza que tanto miembros del directorio como de la gerencia y distintas jefaturas estaban concertados para defraudar a Acoger”, estipularon en la acción judicial.

La defensa: "El papel da para mucho"

Esta semana Cristián Errázuriz se contactó con el abogado José Rojas (socio de Lillo, Orrego, Torre & Cía) para que lo representara en esta causa. En entrevista con DF MAS, el experto explica que la querella interpuesta por Acoger es "instrumental", ya que forma parte de una respuesta ante la demanda -por autodespido- que Errázuriz inició a medidados de junio. 

En esa acción judicial Errázuriz explica que, entre otras cosas, recibió menoscabos por parte de Fuenzalida por su orientación sexual. En el libelo se entregan detalles de una presunta reunión entre el dueño de Acoger y Ricardo Garrido, ex presidente del directorio, en donde el primero lo critica por ser "un flojo; que estaba en una situación de confort; que no quería ganar más dinero; que le gustaban las fiestas; que salía todas las noches a beber alcohol hasta altas horas de la madrugada; que con ello no rendía en la empresa; que era homosexual". 

En dicha demanda Errázuriz solicita al tribunal condenar a Acoger a pagar prestaciones que, en total, superan los $ 2.180 millones. 

Bajo ese mismo contexto, Errázuriz interpuso una querella por injurias en contra de Álvaro Fuenzalida. 

Rojas explica que con la "gestión de Errázuriz se convirtió en la empresa número uno en Chile en servicios funerarios. Además reportó utilidades millonarias y logró pagar las deudas de la quiebra que tenía la firma". 

Sobre la posibilidad de que haya ocurrido asociación ilícita, el abogado comenta que "el papel da para mucho" y que "no hay ni una posibilidad de que exista ese delito". 

Y agrega: "Cristián fue gerente 12 años. Todo esto de las fiestas y regalos ocurrió el año pasado y el ante pasado. El directorio estaba al tanto de todo. La lógica indica que si alguien estuvo una década en una empresa, siempre tuvo el apoyo de los dueños”.

Además, el experto complementa que en la firma "no existían directores ausentes. Cristián mandaba a auditar externamente todos los años. El resultado de esos procesos eran entregados al directorio y eran aprobados por ellos mismos". 

"Algunos de los auditores externos fueron Deloitte, RFM y GAR", concluye.