Fue en el concejo de la Municipalidad de Santiago el miércoles 10 de mayo. Ahí la alcaldesa Irací Hassler anunció a la abogada Julia Panez como la nueva jefa jurídica de la entidad. Dos horas después, en la misma cita, la concejal Rosario Carvajal pidió la palabra y, sin entregar muchos detalles, solicitó un pronunciamiento por “una noticia preocupante sobre la licitación de Gendarmería”, entidad en la que Panez trabajó entre 2016 y 2018.

Carvajal se refería a una licitación de tobilleras electrónicas que hace cinco años generó una intensa repercusión al interior de Gendarmería: un proyecto de $ 20.000 millones al que postularon tres actores.

Panez, que en ese tiempo ejercía como representante del director de Gendarmería, participó activamente de esa licitación, la cual llegó hasta la Corte Suprema y que terminó involucrando al Consejo de Defensa del Estado y al Tribunal de Contratación Pública por posibles errores en el proceso de selección. “Efectivamente yo participaba como representante del director, quien era una persona más del comité evaluador”, aclaró la abogada ante el concejo del 10 de mayo.

En 2017 Gendarmería adjudicó la licitación a la empresa que obtuvo el tercer puntaje: Global Systems Chile. Dicho nombramiento indignó a dos de las firmas que no ganaron: Pegasus S.A. y Track Group, que llegaron a interponer sendos recursos e insertos en la prensa para cambiar la decisión del organismo público.

Y lo lograron. Finalmente, y luego de meses de tramitaciones, en julio de 2020 Gendarmería anunció a la compañía ganadora de la licitación: Track Group, el gigante norteamericano con quienes ya trabajaban desde 2013 y cuyo único cliente en Chile es el organismo estatal.

Hoy, esa misma licitación vuelve a dar que hablar. La firma Track Group acudió a tribunales para acusar que Gendarmería incumplió el contrato entre las partes de forma “grave”, además de informar que el organismo llevó a cabo una conducta “abusiva y arbitraria”, se lee de la demanda civil que fue presentada en enero de 2022 y redactada por Diego Peralta y Aldo Molinari, socios del estudio jurídico Carey.

Actualmente ambas partes están enfrentadas y según documentos corporativos de Track Group emitidos a la SEC de Estados Unidos, “seguimos confiando en nuestra posición”. Esta es la historia.

“Multas cuantiosas e infundadas”

El negocio de Track Group está enfocado en la prestación de servicios de infraestructura, arquitectura tecnológica, hardware y software de seguridad. Todo esto vinculado con sistemas de televigilancia mediante dispositivos de rastreo remotos. Tienen presencia en Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, Bahamas, Panamá y Puerto Rico, entre otros países.

En Chile tienen presencia desde 2013, cuando cerraron contrato con Gendarmería para proveer tobilleras electrónicas para las personas que cumplen una condena. A la fecha, han instalado más de 30 mil unidades y actualmente 4.500 están activos. Y a pesar de que el servicio está funcionando correctamente, hoy están enfrentados en tribunales.

En la acción judicial se establece que el contrato que se adjudicaron con Gendarmería en 2020 determinaba, entre otras cosas, proveer un “servicio integral de monitoreo telemático de condenados, incluyendo la provisión, instalación, reposición y retiro de dispositivos de monitoreo, capacitación del personal de Gendarmería, la puesta en marcha y mantención del sistema y, además, la habilitación de dos centros de monitoreo ubicados en sus dependencias, uno en la ciudad de Santiago; y el otro en la ciudad de Puerto Montt”.

En otras palabras, la idea era remodelar las oficinas de monitoreo en Santiago y construir unas nuevas dependencias en la ex Cárcel de Chin Chin, en Puerto Montt.

Para llevar a cabo ese desafío, el proyecto se concretaría en tres fases. En la primera (y en la cual se generaron las desavenencias), Gendarmería debía entregar el Centro Regional de Monitoreo Simultáneo en Puerto Montt para que Track Group pudiera iniciar obras. Es acá donde la firma estadounidense afirma que su contraparte incurrió en un ejercicio abusivo y arbitrario. ¿La razón? Habría incumplido su obligación de entregar el inmueble “en condiciones tales que mi representada pudiera iniciar las obras de manera inmediata y en tiempo oportuno en la forma convenida en el contrato”.

Por ejemplo, según comentan entendidos, la institución pública no entregó estudios de cálculo ni un espacio apto para realizar la construcción. Esto empalmó con la pandemia, que retrasó la compra de materiales y la entrega de los avances en el proyecto.

Producto de estos retrasos el organismo cursó “cuantiosas e infundadas multas a Track Group”. Según datos de la causa, esas sanciones sobrepasan los $ 1.358 millones (cerca de US$ 1,7 millones). La última fue en mayo del año pasado y superó los $ 580 millones.

Sobre esto, Track Group acusa que Gendarmería, para seguir cursando multas, “retrasó más de tres meses en recepcionar las obras, pese a cumplirse todos los requisitos en el contrato”. 

¿Servicio satisfactorio?

El Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, explicó en una contestación que los alegatos de Track Group son improcedentes porque, entre otras cosas, “debió haber previsto la forma en que cumpliría sus obligaciones, motivo por el cual se estima que no empleó la debida diligencia y cuidado que contractualmente le es exigible”.

Es por eso que solicitaron al 11º Juzgado Civil de Santiago rechazar las acusaciones de Track Group. Además, establecen que “las sanciones frente al incumplimiento y su procedimiento se encuentran previamente reguladas en las bases de licitación, que son conocidas por el adjudicatario desde el inicio del proceso licitatorio, y respecto de las cuales la institución se encuentra obligada a aplicar, al configurarse incumplimientos susceptibles de ser sancionados”.

De hecho, Gendarmería explicó a DF MAS que “durante el proceso de licitación y una vez adjudicado, Track Group realizó dos visitas inspectivas al lugar. Posteriormente, firmó el acta formal de entrega del terreno, sin observaciones ni reservas”.

Andrés Briceño, gerente general de Track Group, comenta que están a la espera de la resolución de excepciones dilatorias que interpuso su contraparte para continuar con el periodo de discusión del juicio e iniciar un periodo de prueba. Acá, comenta el ejecutivo, “Track Group presentará toda la evidencia en la que funda sus demandas, cuestión que debería ocurrir en los próximos meses”.