Lo ocurrido la semana pasada en el puente Pío Nono no solo resulta un episodio gravísimo, sino que llega en un momento delicado para el país y, por supuesto, para el propio gobierno. La Moneda se observa exasperada y, al menos durante la semana, sin capacidad de movimiento: en los últimos días se resistió a remover en este momento al director general de carabineros, Mario Rozas, a una semana del aniversario del estallido social y a dos del plebiscito, donde resulta imperativo mantener el orden en las calles.

Pero la institución policial nuevamente comete errores -en procedimientos y en transparencia pública-, lo que ha provocado que otra vez el futuro de un ministro del Interior quede en manos de una oposición que ha sabido unirse contra el gobierno.

Este nuevo episodio que dejó a Carabineros en el ojo del huracán –cuando nunca ha salido de él– hizo revivir en La Moneda varios de los fantasmas del caso Catrillanca. El 5 de noviembre del año pasado fue aprobada en el Congreso la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, la única de las ocho que ha prosperado en el Parlamento desde marzo de 2018. Nuevamente, como entonces, comenzó a aumentar la presión por la cabeza de Rozas, lo que el gobierno no concretó durante la semana.

No era una ecuación sencilla para el Ejecutivo.

Los argumentos de La Moneda

Existieron varias razones que explicaron la permanencia de Rozas, al menos durante la semana.
Primero, porque se estimó que todavía no se han registrado los grandes episodios de desórdenes públicos que se esperaban para el aniversario de un mes convulsionado. Se consideró que resulta necesario tener a disposición una especie de fusible al que echar mano, en el caso que –como todos los viernes, por ejemplo– nuevamente la situación de descontrole.
Segundo: luego del descabezamiento de generales vivido al comienzo del gobierno de Piñera como consecuencia de los casos Operación Huracán y desfalcos –que ha sido considerado uno de los grandes errores del presidente–, elalto mando quedó mermado y las opciones de reemplazo de Rozas, reducidas.

Tercero, porque el gobierno se sintió en la obligación de cuidar a una institución debilitada, cuestionada y desacreditada. La lista de crisis que ha protagonizado Carabineros en los últimos años resulta extensa y actualmente se ve agravada por la tensión con el Ministerio Público por supuestas amenazas de origen indeterminado a la fiscal Ximena Chong, que procesó al efectivo que habría empujado al joven de 16 años hacia el río Mapocho. Es una tensión entre dos instituciones se suma relevancia del Estado que no puede avanzar, bajo el riesgo de una desestabilización.

Cuarto: durante la semana se pensaba en el oficialismo que, aunque Piñera sacara a Rozas (es el tercer director general de Carabineros que ha tenido este gobierno, luego de Bruno Villalobos y Hermes Soto), nada garantizaba que su remoción desactivara la acusación contra Víctor Pérez

El día después

La acusación constitucional que ingresó el jueves la oposición que busca la destitución del ministro del Interior llega en un momento delicado para el gobierno. El martes se vota en el Parlamento la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, con los argumentos de haber presuntamente infringido la Constitución "al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población" y en el "ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa". De aprobarse ­–no todos los sectores de la oposición respaldaron la presentación de la acusación, a diferencia de lo que ocurre con Pérez–, sería un golpe duro no solo al médico, sino al propio presidente.

Son días especialmente complejos para un gobierno que no puede aparecer debilitado luego del 25 de octubre. No tanto por un referéndum con resultado predecible, sino por una de las preocupaciones que se mantienen latentes en La Moneda: la tentación de algunos sectores de oposición de que plebiscito se interprete como una revocación del mandato de Piñera. Lo que suceda durante la noche y al día siguiente en materia de orden público resulta fundamental.

Entre otras cosas, porque el propio presidente aspira a que las fuerzas de Chile Vamos dejen de lado sus diferencias a partir de esa jornada y que el conglomerado comience a funcionar en modo electoral –unidos, como lo saben hacer– con miras al tren de elecciones que vienen hasta 2022.

¿El regreso de una oposición moderada?

En el oficialismo y en La Moneda se observan con atención los movimientos de la oposición. Quizás una de las señales políticas de mayor importancia, según se advierte en Chile Vamos, fueron las declaraciones del senador PS José Miguel Insulza, que aseveró que un nuevo estallido social sería "una catástrofe" para el país. El ex ministro llamó derechamente a la oposición a no apoyar manifestaciones que pongan en riesgo el plebiscito del 25 de octubre.

Se trataría del resurgimiento de una oposición moderada y dispuesta a asumir posturas impopulares, lo que no se observó necesariamente luego del 18-0, incluso por determinadas posturas del propio Insulza. Es lo que, por lo menos, se analiza desde la derecha, lo que representa una pequeña luz de esperanza a un oficialismo que no duerme tranquilo debido a la profecía –no autocumplida, todavía– de un nuevo octubre rojo.

Es un momento delicado, a su vez, para la propia oposición: las palabras de Insulza se dan justamente en medio del quiebre entre la ex Concertación y el Frente Amplio por las fracasadas negociaciones por las primarias para las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales de abril próximo.

En cualquier caso, no resulta obvio que esta esta división entre la centroizquierda y la izquierda favorezca los planes de La Moneda y que el gobierno no deba verse obligado a nombrar al cuarto ministro del Interior en poco menos de un año. Porque está por verse si la opción de infligir un nuevo golpe al oficialismo logra ordenar las filas opositoras, como lo ha sabido hacer muy bien en otros momentos, pese a las diferencias.