Como una persona “hábil, inteligente, persuasiva y astuta”. Así define Eduardo Aldunate, abogado y profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, a Sergio Muñoz, ex ministro de la Corte Suprema que fue acusado por notable abandono de deberes este miércoles en la cámara alta. “Tiene una gran capacidad de trabajo y es un eficiente gestor en los objetivos que se propone. Creo que no debería descartarse que, pasado el periodo de inhabilidad, pueda tener una figuración pública relevante”, agrega.

Sobre la acusación constitucional contra Muñoz, esta tenía dos capítulos principales. Por un lado, se le acusó de notable abandono de deberes “al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial”. Y por otro, de incurrir, también en el notable abandono de deberes, “al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional”.

Sobre esta acusación, Aldunate cree que éste tipo de escenarios siempre tienen “un componente político muy importante”. Sin embargo, en este caso, el abogado constitucionalista cree que el “notable abandono de deberes los dos componentes eran discutibles. “Personalmente, creo que como ministro de la Corte Suprema no podía haber omitido denunciar la circunstancia de su hija infringiendo el deber legal de residencia que recae sobre los jueces, resulta poco plausible que no haya tenido conocimiento de eso”, comenta.

Sin embargo, Aldunate reflexiona que la acusación no podía haberse omitido “por ser integrante –y haber sido presidente- del órgano encargado de la superintendencia correctiva de los tribunales del país. Eso lo considero el abandono de un deber. Ahora bien, si se trata o no de un abandono notable, creo que es lo que corresponde al ámbito de apreciación política, y tanto quienes votaron a favor o en contra de la acusación respecto de este capítulo se movieron dentro de ese margen”, agrega.  

- Usted que ha sido estudioso de casos emblemáticos de la Corte Suprema, ¿qué piensa respecto a la figura profesional de Sergio Muñoz?

- El sistema legal reposa sobre la idea de que la subjetividad individual pueda ser conciliada con una praxis de sentido compartido. La profesión legal se mueve en un equilibrio entre las pretensiones partisanas y la construcción colectiva del sentido del derecho. En este contexto, siempre me ha parecido que la vocación de Muñoz es más política, o de abogado de parte, que judicial, en la medida en que prefiere dar voz a la forma en que él ve el mundo y entiende el derecho antes que aportar a la menos glamorosa pero necesaria construcción institucional de la justicia. Para ser ecuánime, si, hay que decir que una gran parte de las decisiones más polémicas de Sergio Muñoz se dieron en el contexto del recurso de protección, que es la institución que, en su resultado, es la menos propicia para la vigencia del imperio del derecho en nuestro país. 

En una reciente entrevista, Sergio Muñoz esbozó que la acusación constitucional puede responder a fallos previos en los que participó él. Sobre si esto podría tener o no asidero, el abogado constitucionalista considera que en una acusación como la del exministro pueden incidir varios factores: “Es eso en lo que consiste el carácter político de la institución. Por lo tanto, la cuestión, así planteada, desvía la atención del punto central. La pregunta es ¿podría haber sido acusado y declarado culpable solamente por sus fallos? La respuesta, claramente, es no".

En este sentido, Aldunate agrega que resulta trivial plantear la interrogante si los fallos tuvieron incidencia o no “una vez puestos a resolver las causales invocadas en una acusación con un componente político tan fuerte como lo es la constitucional”. 

- Más allá del caso puntual que ocurrió este martes, ¿cómo define el estilo de Sergio Muñoz como magistrado de la Corte Suprema tomando en consideración sus casos más emblemáticos?

- Creo que podría calificarse como el estilo de un justiciero, en el sentido que cree sinceramente que su misión es lograr la justicia material, en la visión u opinión que él tenga de la misma en un caso, sin que el derecho positivo le llegue presentar un obstáculo o reparo relevante al momento de pronunciarse en pos de aquella. 

- ¿Cree que lo que ocurrió este martes es sintomático de una “crisis” en el sistema judicial? ¿Cree que esta remoción puede marcar un precedente para el futuro? Algunos dicen que este caso podría haber afectado el debido proceso y el derecho a la defensa…

- No creo que haya crisis en el Poder Judicial. La institución va mucho más allá de dos o tres personas y, con sus virtudes y defectos, sigue funcionando tanto en sus procesos internos como en el servicio de justicia que provee. Tampoco es señal de crisis que se usen las herramientas constitucionales disponibles. ¿Es un precedente? Si, como muchos otros, se puede usar como argumento en futuras acusaciones. 

Sobre este mismo tema, Aldunate plantea la necesidad de perfeccionar la regulación de lo que es el procedimiento de las acusaciones constitucionales. “Tratándose de la acusación constitucional, no está en juego la vida ni la libertad ni el patrimonio de una persona, solamente su cargo y una inhabilidad acotada en el tiempo: cuando uno asume el cargo asume también las condiciones de su ejercicio y responsabilidad, y por eso no veo cuál sería el reproche en términos de debido proceso y derecho a defensa, a menos que se sostenga que no se cumplieron los trámites previstos en la constitución, y entiendo que se cumplieron”, finaliza el abogado.