El nombre completo es “Consolidado de Información Circularizada”, pero todos lo llaman CIC. Eso sí, en los pasillos del sector público ya le dicen de otra forma: los informes que incomodan. Porque desde que se estrenaron el 2 de enero de este año con un documento sobre el Royalty Minero, han puesto bajo presión a municipalidades, fundaciones, servicios de salud, gobiernos regionales y, ahora último, a miles de funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica.

El CIC N°9, publicado el martes 20 de mayo, reveló que 25.078 trabajadores públicos viajaron al extranjero durante sus períodos de licencia médica entre 2023 y 2024. En total, se emitieron 35.585 permisos para ese grupo, de los cuales el 69% proviene de Fonasa. Según los registros de la Policía de Investigaciones (PDI), durante esos descansos médicos se registraron más de 59 mil entradas o salidas del país. Hubo 176 funcionarios con más de 16 registros internacionales. Un ejemplo emblemático de la polémica es el de José Lupercio Vidal Zamora, funcionario de la DAEM de Puerto Montt quien registra 460 días de licencia y 20 entradas y salidas del país en ese periodo.

La publicación del informe desató una reacción inmediata: sumarios internos, desvinculaciones, renuncias, respuestas institucionales y cuestionamientos transversales en el mundo político. Pero el foco ya no está en lo que pasó, sino en lo que viene.

Desde enero, la Contraloría ha publicado 10 CIC. Todos elaborados a partir de cruces de bases de datos públicas que permiten identificar omisiones, irregularidades o posibles fraudes. En paralelo, hay al menos una veintena de nuevos informes en desarrollo. Algunos están en etapa de levantamiento de información. Otros, en proceso de revisión y diagramación.

Entre los próximos reportes figuran los viajes al extranjero de funcionarios con licencia médica en las Fuerzas Armadas, el cruce entre licencias médicas y doble empleador, la deuda acumulada de universidades estatales, las rendiciones pendientes de fondos entregados a embajadas y consulados, el nivel de cumplimiento de la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), auditorías con abstención de opinión por mala calidad de la información financiera, y los bienes inmuebles fiscales que hoy están ocupados de forma irregular. También están en carpeta los CIC sobre hospitales sin médicos, el análisis de licencias médicas rechazadas, y uno sobre el uso del agua en servicios públicos. A eso se suma un nuevo informe en preparación sobre seguridad municipal.

Para Dorothy Pérez, actual contralora general, este es el momento de mayor visibilidad desde que asumió de forma subrogante en diciembre de 2023. Su rol fue clave durante el inicio del Caso Convenios, y hoy ha consolidado un método de fiscalización que incomoda a muchas oficinas públicas.

Los CIC son, básicamente, el cruce de datos sistemáticos, no de inteligencia artificial. Este es un contraste que no pasa desapercibido entre quienes recuerdan el despliegue comunicacional de la administración anterior de Jorge Bermúdez.

De estilo sobrio, es descrita como implacable con la probidad. “Tiene alma de fiscalizadora”, comentan quienes han trabajado con ella. Sin agenda política, sin ánimo de figuración, y con la convicción de que la plata no puede perderse en el camino. En una institución históricamente masculina, a Pérez le tocará, además, liderar el centenario de la Contraloría en 2027. Su estilo ya está marcando ese hito: menos retórica, más reportes.

Pero también hay dos desafíos abiertos. El primero: asegurar que las alertas detectadas en los CIC no queden archivadas. Y el segundo, aún más complejo: fijar un estándar de sanción interno, luego de que los primeros casos detectados con licencias médicas irregulares hayan sido en la propia Contraloría.