“Tenemos una historia de 25 años de trabajo que nos avala y me parece injusto que no teniendo ninguna vinculación con el caso, como se demostró en la Justicia, se nos restrinjan los recursos”, dice Ana Luisa Jouanne, presidenta de Corporación La Esperanza y esposa del ex parlamentario Jaime Orpis, quien fue condenado el 16 de abril pasado por delitos reiterados de fraude al Fisco y cohecho.

La Esperanza ofrece tratamiento gratuito para la adicción a las drogas a quienes no pueden costearlos. El primer golpe por la situación judicial de Orpis lo sintió la entidad cuando estalló el caso en 2015 y comenzaron a salir algunos aportantes. Tuvieron que cerrar algunos de sus centros de atención, pero se mantuvieron operando. Con menos personal, recursos y cupos, porque Jouanne sostiene sentirse “personalmente privilegiada por ser parte de esta iniciativa, con la responsabilidad de continuar, sobre todo en este momento donde la droga le está cambiando la cara a Chile”.

Aunque Jaime Orpis decidió alejarse del día a día de la Corporación La Esperanza en 2009,  se trata de un proyecto que él mismo ayudó a crear en 1995 en San Joaquín en Santiago. “Esto fue un proyecto de matrimonio, de  mi relación personal con Jaime y yo voy a estar aquí mientras crea que voy a ser un aporte. Hasta ahora no ha sido el tema de Jaime el que nos ha impactado, sino la crisis económica y los mayores gastos en pandemia”, sostiene.

Periodista de profesión, asegura que hoy el mayor riesgo para los programas de rehabilitación que ellos y otras entidades ofrecen son los cambios legales al sistema de donaciones que tramita el Congreso.

Explica que la decisión del Gobierno de terminar con las exenciones tributarias incluyendo las que benefician a las donaciones rápidas por pobreza, cultura o educación podrían dejar fuera del sistema de protección a decenas de entidades, sobre todo ahora que la crisis está afectado especialmente a la población que no tiene las condiciones para enfrentar los confinamientos ni menos un tratamiento de desintoxicación.

Jouanne reitera una y otra vez que por decisión propia “La Esperanza” entregó a la justicia todos sus archivos financieros y contables mientras investigaban a su cónyuge: más de 20 años de documentación. Y que no se encontraron ni trazas de delito.

Este año la entidad cumplirá 25 años y sostiene que la problemática de la droga se agrava cada vez más. En la fundación tuvieron que ampliar la atención a los hijos de las mujeres afectadas por la adicción. “Más que achicarnos, hemos desarrollado nuevos programas, como Naciste Tú, que es un programa de alto impacto social, porque se ocupa de tratar durante tres años a los recién nacidos que fueron expuestos a la droga durante el embarazo de sus madres, de rehabilitar a sus mamás, de lograr el vínculo, evitando que esos niños terminen en el SENAME”.

Según la memoría de la entidad hasta 2019, el Estado a través de Senda y los subsidios municipales aportaba el 42% de los recursos, de donaciones venía 38% y de su OTEC y eventos el otro 20%. Su presupuesto para rehabilitación es de $1.209 millones y sus centros de atención y bienes raíces están distribuidos entre Arica, Iquique y Santiago.

Esta semana, la Corte Suprema comenzó a tramitar un recurso de nulidad con el que Jaime Orpis pretente evitar la cárcel. El escrito presentado por su abogado Sergio Rodríguez pide eliminar la sentencia y que se le realice un nuevo juicio oral porque sus derechos y garantías habrían sido dañadas.