Un silencioso conflicto se está dando al interior de Megacentro, la firma de construcción y operación de bodegas controlada por Ebco -ligada a Hernán Besomi-, el grupo Angelini y el fondo de inversiones Link Partners.  

Una de las filiales de la firma, Megafrío, es la protagonista de este juicio que promete traspasar desde la arena civil al mundo penal. 

Inversiones Caburgua, ligada a Francisco Undurraga (cofundador de Frío Chile, la antecesora de Megafrío y donde Megacentro entró con el 51% de la propiedad en 2014), demandó ante el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) por indemnización de perjuicios a los directores de Megafrio: Louis Phillipe Lehuedé, presidente del directorio y ex gerente general Megacentro; Ricardo Cox; Rafael Ossa y a Rodrigo Campos, ex socio de Undurraga en Frío Chile y director hoy de Megafrio.

En una disputa que acumula cientos de páginas en el centro de arbitraje, además de recursos de queja en la Corte de Apelaciones, el resumen del caso es así: Megafrio tiene dos grandes centros de bodegaje para productos congelados, uno en Puerto Montt y otro en Santiago, donde atiende a buena parte de las grandes marcas comerciales nacionales. 

El asunto es que durante siete años, según acusó Undurraga, los directores de la sociedad cobraron precios de arriendo fuera de los rangos de mercado a Megafrio, perjudicando así a la firma donde él es accionista con el 30%, pero beneficiando a la matriz, Megacentro. 

Con esos antecedentes, en enero de 2020 fue al CAM y el caso lo tomó el juez árbitro Edmundo Eluchans, a quien le pidieron que ordenara terminar con la sociedad entre Undurraga y la filial de Megacentro. O, condenar a una indemnización de por lo menos $ 3.200 millones. 

Pero tras dos años de alegatos y pruebas, Eluchans le dio parcialmente la razón a Undurraga: estableció que sí habían cobrado precios sobre el mercado a Megafrio en Santiago y condenó a los directores Lehuedé, Ossa, Campos y Cox a pagar $ 191 millones cada uno, es decir, un total de $767 millones, lejos de los $ 3.200 millones pedidos inicialmente por Undurraga y más lejos aún de los cálculos que habría arrojado el juicio y que serían daños y perjuicios por más de $ 8.500 millones para Megafrio. 

Pero Inversiones Caburgua interpuso un recurso de queja en la Corte de Apelaciones en contra de la sentencia del árbitro considerando “las graves faltas o abusos incurridos en ese fallo debido a la irrisoria e injustificada suma con que los condenó”, se lee en el escrito.

Los directores de Megafrio hicieron lo mismo. Asesorados por el estudio Vial y compañía, también recurrieron de queja contra el árbitro, acusando que había cometido irregularidades y faltas en el proceso y su fallo, y lo contradicen porque la prueba rendida por los directores de Megafrio estima que los precios de renta son acorde a las características y ubicaciones de las bodegas. Añaden que todos los contratos fueron firmados y aceptados libremente por Undurraga. 

Edmundo Eluchans se defendió también y dijo que “considerando los equivocados, injustos e impertinentes calificativos de los recurrentes respecto de este árbitro y de su trabajo contenido en la sentencia de 26 de enero de 2022 solicito rechazar, en todas sus partes, este recurso de queja y condenar en costas a los recurrentes”.

Sin embargo, el proceso podría subir de nivel. Francisco Undurraga fichó al reconocido abogado penalista Juan Domingo Acosta, porque el caso contaría con elementos que demostrarían la existencia de eventuales delitos de negociación incompatible y administración desleal en contra de los directores que fueron condenados en la sentencia arbitral y demás directores que resulten responsables, indican fuentes informadas.