Ha pasado tiempo desde el Covid, pero las secuelas de todo tipo continúan. Una de ellas tiene que ver con más de 80 demandas contra empresas buscando una indemnización. Según un levantamiento que hizo el estudio jurídico Ciudadanía Legal, entre 2020 y 2023 se han presentado 74 demandas exigiendo que el Covid sea declarado como una enfermedad laboral. Del total de presentaciones, cinco las han realizado trabajadores vivos que quedaron con importantes secuelas, y las otras 69 han sido familiares de personas que fallecieron por la enfermedad. 

Durante todo este tiempo se ha dado un conflicto entre las mutuales de trabajadores, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y los trabajadores y sus empleadores, porque para definir al Covid como enfermedad laboral, y con ello acceder a los beneficios que otorga la legislación, debe haber una trazabilidad del contagio, lo que en muchos casos queda difuso, por no saber si el contagio fue en la casa, en el trayecto o en el lugar de trabajo. Y si no hay trazabilidad, como ocurre en gran parte de los casos, se establece como una enfermedad común, sin derecho a indemnización, por ejemplo. 

Sin embargo, según explica la abogada Carolina Aldunate del estudio Ciudadanía Legal, hay casos evidentes en que la trazabilidad establece que el contagio fue en lugar y horario de trabajo. 

Ellos representan, por ejemplo, a un trabajador de la empresa Sigdo Koppers que en 2021 prestaba servicios en una mina de Codelco, y mientras estaba en su turno continuo de trabajo, se contagió y su enfermedad fue declarada como enfermedad común y no laboral, pero tras una serie de reclamaciones, la Suseso le dio la razón al trabajador y ahora sí podrá pedir indemnizaciones y una pensión por invalidez, por las secuelas que le dejó el Covid. Lo que efectivamente hizo y ya tiene demandada a Codelco y SK. 

“En definitiva, la enfermedad profesional que padecí, me ha dejado secuelas invalidantes no sólo desde el punto de vista físico, sin poder desarrollar ningún tipo de trabajo a futuro, y dependiendo de cuidadora para todo tipo de actividades, por lo que el cambio en mi vida ha sido radical, perdiendo completamente la autonomía que tenía antes de sufrir la enfermedad, sino que también me ha dejado con secuelas en el área psicológica, siendo diagnosticado por los especialistas con trastorno adaptativo por dolor crónico, manteniendo tratamiento médico hasta la fecha”, se lee en la demanda.

Y apunta a que “la enfermedad profesional que hoy padezco es de responsabilidad directa de las demandadas Sigdo Koppers S.A. y Codelco Chile, quienes no velaron por la protección de la vida y salud de los trabajadores sino que además no implementaron de manera eficaz las medidas preventivas para evitar el contagio de Covid 19 al interior de la faena minera, ya que a la época en que me contagié de dicha enfermedad en mi lugar de trabajo, había a lo menos 28 trabajadores contagiados y confirmados con Covid 19”. 

El demandante pidió $78 millones por lucro cesante y otros $ 135 millones por daño moral. 

El caso, que ya está en etapa de audiencias, podría marcar jurisprudencia para otras causas similares, como las 73 que pesquisaron y otras que aún no ingresan, estima la abogada.