Las alarmas en la opinión pública se prendieron la semana pasada. El 3 de noviembre, la embajada de EEUU comunicó la visita a Chile de una delegación del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (DHS) y del Departamento de Estado de ese país -que se llevó a cabo entre el 25 y 29 de octubre- con el fin de evaluar la elegibilidad y permanencia de Chile en el programa de Visa Waiver, del que el país es parte desde 2014 y que consiste en que los ciudadanos chilenos pueden viajar obteniendo la visa en minutos vía web y no tienen que postular presencialmente.

La visita, dicen quienes conocen cómo opera el sistema, es parte de una rutina que  EEUU realiza a cada país con que tiene el convenio (Chile es el único latinoamericano). Se hizo en 2016 y en 2018.

Y ahora debía hacerse en agosto, y se postergó dos meses. Pero esta vez hubo una lectura entrelíneas de la inspección: la posibilidad de que EEUU ponga fin al programa -cuestión que puede hacer en cualquier momento- en caso de que se firme la adjudicación de la fabricación de los pasaportes al conglomerado chino Aisino.

Esa posibilidad, si bien se había mencionado en la discusión del proceso de licitación, ahora se volvió más real.

En privado, autoridades estadounidenses han manifestado su preocupación de que los datos e información de seguridad estén en manos de los chinos. Y aunque hasta ahora no han hecho un reclamo formal a la Cancillería, en Palacio saben que de concretarse la operación con el conglomerado asiático, “seguro habrá” un llamado de EEUU. 

“Dado que el Waiver es parte de un acuerdo bilateral cuyo objetivo es la seguridad internacional, cualquier aspecto que perturbe esa seguridad será de primera prioridad para EEUU”, asegura el ex embajador en ese país, y gestor del convenio, Arturo Fermandois. 

El fantasma de las cerezas

El 15 de octubre se adjudicó la licitación por US$ 205 millones al conglomerado chino-alemán, donde Aisino Corporation participa con un 52%, y Muhlbauer, con un 42%. El convenio permitiría la elaboración de los carnet de identidad y pasaportes por los próximos 10 años y reduciría fuertemente el precio del segundo. Hasta que se firme el negocio, pueden pasar dos meses. Pero esto podría esto no ocurrir.

Según altas fuentes de La Moneda “es muy probable que la puedan bajar”. El tema preocupa y “ocupa” -dicen en Palacio- al Presidente, quien se ha reunido en varias ocasiones con el canciller Andrés Allamand para abordarlo. Con ellos estaría trabajando el abogado Andrés Jana, quien junto a Luis Cordero representa además al Registro Civil en los asuntos judiciales.

“No es llegar y echar abajo una licitación adjudicada, por eso hay que tener buenos argumentos jurídicos”, argumenta una fuente al tanto del proceso. “En este caso, argumentos hay”, añade un abogado. 

Es más complejo aún cuando la contraparte es el principal socio comercial de Chile. “Esto tiene consecuencias de lado y lado”, añaden.

Un ejemplo que sacan a relucir es lo que ocurrió a inicios de año cuando China acusó a Chile de una presunta detección de trazas de Covid en una caja de cerezas. El impacto fue tremendo: 90% de las exportaciones de esta fruta -cuya temporada comienza ahora y mueve del orden de US$ 2.100 millones- va para el país asiático.

Ronald Bown, presidente de Asoex, señaló en ese entonces que de no revertirse lo sucedido “podría haber una situación mucho más compleja que la que vivimos con la de las uvas envenenadas”. Por eso, Piñera y Allamand analizan con cautela y en estricta reserva qué pasos dar.