La demanda laboral que se hizo pública esta semana de la denunciante del ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, volvió a remecer la causa que, hasta ahora, era sólo de origen penal y que tiene formalizado a la ex autoridad como autor de los delitos de abuso sexual y violación en contra de la funcionaria.

Detrás de esta denuncia, que hicieron pública a petición de la denunciante y su familia con el fin de evitar filtraciones, hay dos abogados laborales reconocidos en la plaza. Se trata de Romina Urzúa y Rodrigo Azócar.

Urzúa es parte del estudio Rossel Fuentes y Urzúa, que nació por la unión de los abogados expertos en derecho laboral Ariel Rossel y Claudio Fuentes. A ellos se sumó después la abogada de la UC -también laboralista- Romina Urzúa, quien además tiene un magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional de la misma universidad y doctoranda de la Universidad de Castilla- La Mancha, España. Es docente de la UC y tiene 13 años de experiencia en litigios.

El mismo estudio ha llevado otras causas laborales emblemáticas, como la representación de Alberto Mayol en una disputa contra la Universidad de Santiago por pago de viáticos, así como la del actor José Soza, que acusó haber sido desvinculado de proyectos por su edad, y al sindicato de Scotiabank en una bullada disputa contra el banco.

Según cuentan personas al tanto, la oficina de abogados llegó al caso a través de María Elena Santibáñez, quien es la representante penal de la víctima del caso. Ella trabaja en la UC, donde coincide con Romina Urzúa, una de las socias del estudio jurídico, junto a Rodrigo Azócar, el otro abogado laboral involucrado en la causa.

Azócar, también abogado de la UC, es del estudio Parraguez Marín & del Río, especializado en diferentes áreas del derecho. Es profesor de la UC, y antes de llegar a su actual estudio estuvo en lo que hoy es Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Ha sido consultor de la OIT y miembro de la Comisión Laboral de la Cámara Nacional de Comercio.