Todos recuerdan a Cristián Barra como el rostro visible del plan Estadio Seguro, el programa que fue desactivado esta semana por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y que volvió al centro del debate tras la muerte de dos hinchas en el marco del partido entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, la semana pasada.

Pero el diseño original, el que se pensó desde cero en 2011, no fue de Barra. Vino de otra oficina: la de Matías Eguiguren, entonces coordinador de seguridad del primer gobierno de Sebastián Piñera. El actual socio de la boutique financiera Picton fue quien redactó un proyecto con referencias internacionales, presupuesto y una hoja de ruta.

El plan original tenía tres pilares: una nueva legislación penal que permitiera condenar de forma efectiva a los responsables de la violencia en los estadios, una inversión significativa en tecnología y una estructura de coordinación nacional.

Ese plan, sin embargo, se quedó en el papel. Según quienes conocieron esas conversaciones, fue el propio Piñera quien le bajó el pulgar: el costo era demasiado alto.

Desde entonces, dicen sus críticos, el programa Estadio Seguro fue más una idea que una política efectiva. Lo que se implementó fue una versión reducida, sin presupuesto, sin respaldo legal y con escasa capacidad operativa. La mayoría de los estadios no cuenta con sistemas de identificación en línea, y el control de acceso sigue dependiendo de turnos policiales. En la práctica, cada club negocia por separado, y las sanciones se diluyen en los tribunales.

En una columna publicada en El Mercurio hace justo 10 años, Eguiguren expuso su mirada: “Aunque contemos con la mejor dotación de Carabineros y guardias de seguridad adecuados a la hora del partido, y se lleven a cabo iniciativas puntuales, estas seguirán siendo inocuas mientras no contemos con una adecuada institucionalidad”.

En ese mismo texto, el hoy socio de Picton hacía referencia al Green Guide británico —el manual que establece protocolos para espectáculos deportivos— y subrayaba la necesidad de que sean los clubes, y no el Estado, quienes asuman la responsabilidad por la seguridad dentro de los recintos.

Incluso, cerró con una advertencia: “No esperemos a tener que lamentar un desastre como el de Heysel, en 1985, donde murieron 39 personas”.