Una carta firmada por "Comunidad Cachagua Zapallar" recibió el martes 8 de diciembre la familia de Leonidas Vial, que decía: "Desde hace meses que nos hemos estado organizando para apoyar a nuestra vecina Virginia Struthers ante la angustiante pérdida de la casa familiar y su hogar en Cachagua. Hemos estado apoyándola emocionalmente desde que se enteró del remate de su casa (por adeudar 3 cuotas de contribuciones)".

¿Qué pasó? En diciembre de 2018 a Struthers le llegó una notificación de Tesorería señalando que tenía una deuda de $2,2 millones y que le embargarían la casa. Ocho meses más tarde el inmueble fue rematado en $408 millones. Quien compró la propiedad -a través del abogado Eugenio Guzmán, del estudio Portaluppi, Guzmán y Bezanilla- fue la familia Vial Claro, con el hijo del empresario, Manuel Vial, como representante legal. "La casa en realidad cuesta $800 millones. Yo estaba dispuesta a pagar la deuda", establece la mujer.

Sin embargo, de acuerdo a las escrituras públicas, las únicas propietarias de la casa son las hermanas de Virginia, Jennifer y Gillian, quienes de acuerdo a un audio de la apelación, "están decididas a entregar esta propiedad y el adjudicatario también quiere entrar en dominio. Y hay un tercero (Virginia), que está entrabando esto", señaló el abogado de ellas, Max Vigneau. A Virginia, dijo, "se le entregó un mandato para administrar la propiedad, y en forma absolutamente irregular, desde el año 2017, se mantuvo en ella contra el conocimiento y voluntad de sus familiares".

El alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri asegura que ha conversado con Vial y con Virginia Struthers, y que está disponible "para colaborar en que lleguen a un acuerdo".

En la carta, los vecinos que apoyan a la mujer le dicen a Vial: "Muchos de sus clientes y socios indirectos en estas empresas (las del empresario) somos justamente nosotros; los miembros de esta comunidad".

Virginia Struthers -que quiere recuperar la vivienda- es representada por los abogados Carlos Ojeda y Fernando Ugarte.