Abrir una arista penal fue la última instancia que tuvo José Antonio Ibarra para, según él, interactuar con Andes Iron.

Durante gran parte de 2022 el ejecutivo chileno actuó como un vínculo con un posible comprador chino del proyecto minero-portuario de Dominga. Pero hace ocho meses, desde el vencimiento de su acuerdo, se congelaron las conversaciones con la empresa chilena.

En un comienzo, comenta Ibarra, se asesoró con la abogada penalista Catherine Lathrop, quien le aseguró que “no veía ningún delito”. Así llegó a Sergio Torres, abogado de la región de Valparaíso quien redactó la acción judicial en la que acusa de estafa a Carlos Alberto Délano Abbott, Carlos Alberto Délano Méndez, José Antonio Garcés Silva y Pedro Ducci, gerente general de Andes Iron. Esto, de acuerdo al libelo -que fue publicado por DF MAS esta semana-, por presuntamente “simular un acuerdo comercial”.

Personas del círculo de Andes Iron se sorprendieron al ver a Carlos Alberto Délano Abbott entre los querellados, considerando que no es socio de la empresa controladora de Dominga, ni cumple un cargo formal. Ante esto, Ibarra arremete: “Él es el que dirige (todo)”. 

Desde Andes Iron ya sabían que Ibarra iniciaría el juicio, porque una semana antes le escribió a la ejecutiva china Joanne Zhou -su antigua socia- que “se verían en la corte”.

Desde mediados del año pasado Zhou, ingeniera de la Universidad de Sunderland y experta en negocios con el país asiático, forma parte del staff permanente de Andes Iron. Su rol específico en la compañía, sin embargo, no es público.

La ofensiva legal no cayó bien en Dominga y Pedro Ducci afirmó a DF MAS que se trataba de una “acción de extorsión burda” y que Andes Iron encargó “a nuestros asesores jurídicos tomar conocimiento de la acción legal presentada”.

Uno de los cabos sueltos de la acción judicial, explican entendidos, tiene que ver con el fondo de la querella: ambas partes nunca firmaron un contrato de prestación de servicios, sino que un acuerdo de venta que no se materializó. A pesar de eso, y considerando que no está estipulado ningún tipo de pago a Ibarra, el ejecutivo acusó perjuicios por $ 200 millones.

Además, agrega la misma persona, si se llegara a concretar una posible venta ese monto debería ascender a US$ 30 millones. Esa cifra tampoco aparece en ningún documento.

-Pero usted tenía abogados, ¿ellos nunca le recomendaron que estuviera atento a firmar algo que no le entregaba nada?

-(Ibarra) Sí, pero yo tenía una llave: yo decidía vender en el último minuto, porque yo tenía que traer al cliente.

¿Quiénes son los chinos?

En abril de 2022 Diario Financiero informó que las familias Délano y Garcés iniciaron un proceso para vender el proyecto Dominga a un consorcio chino del cual nunca se entregaron detalles. Lo cierto, comentan conocedores, es que se exploraron distintas empresas cuyo accionista era el gobierno de ese país. Según la acción judicial, en diversos correos estuvo copiado Zhang Pu, un alto ejecutivo del China Construction Bank (CCB), una entidad financiera pública que lideró reuniones con potenciales compradores y que es considerado uno de los bancos más grandes en capitalización bursátil del mundo.

Zhang Pu es uno de los ejecutivos chinos con más conexiones en territorio nacional. De hecho, en 2019 estuvo detrás de la Cámara de Empresas Chinas en Chile (CECC), un organismo en el que participan el Bank of China, la empresa de trenes China Railway International Group, Pacific Hydro Chile, el gigante tecnológico Huawei, entre otros.

El interés de China por Dominga también llegó al embajador de ese país en Chile. En diciembre Niu Qingbao se reunió con el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, donde tocaron la situación de Dominga.