Es una ley que actualiza el catálogo de delitos informáticos vigente en Chile, que data de 1993 y los pone, al menos al día. Pero hay una parte del proyecto, que el miércoles fue aprobado por la Comisión Mixta, que preocupa a empresas tecnológicas como Microsoft, aunque también a organizaciones ciudadanas que velan por estos temas. 

El articulado estipula que el Ministerio Público podrá pedir, sin autorización judicial, a los proveedores de servicios los datos de suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por éstos. Es decir, nombre, dirección, teléfono, entre otros. 

“Esto es grave”, dice Alex Pessó, director de Asuntos Legales de Microsoft Chile, “No se está respetando el debido proceso ni los derechos que tienen las personas sobre sus datos personales”, afirma. 

Además, los proveedores de servicios estarán obligados a entregar la información solicitada y deberán mantener el secreto de estas solicitudes por los plazos que disponga la Fiscalía. 

En el caso de información de tráfico y contenido de las comunicaciones (el texto de los correos electrónicos, por ejemplo), el proyecto de ley estipula que sí requerirá autorización judicial, aunque mantiene el secreto hasta por dos años y podría ser renovado por dos años más.

“Nosotros no nos oponemos en lo absoluto a colaborar con la justicia en investigaciones judiciales. Pero lo que estamos alertando es que aquí se está haciendo sin una resolución judicial, de un juez imparcial”, dice Pessó.  

El ejecutivo espera que la próxima semana, cuando se vote en la Sala del Senado el proyecto, se rechace o se le hagan las enmiendas necesarias para proteger los datos de sus clientes. 

De aprobarse, si una empresa como Microsoft se opusiera a entregar los datos sin una orden judicial, el Ministerio Público podría ingresar a la oficina a retirar los datos e incluso detener a ejecutivos de la firma.

Además, el proyecto estipula una nueva obligación para las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de internet: deberán mantener, con carácter reservado y adoptando las medidas de seguridad correspondientes, a disposición del Ministerio Público a efectos de una investigación penal, por un plazo de un año un listado y registro actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y de los números IP de las conexiones que realicen sus clientes o usuarios, con sus correspondientes datos relativos al tráfico, así como los domicilios o residencias de sus clientes o usuarios.