Lo advirtieron en el Congreso desde el presidente del Banco Central, Mario Marcel, hasta los constitucionalistas Patricio Zapata, Francisco Zúñiga y Teodoro Rivera: El retiro de fondos de rentas vitalicias generaría un conjunto de riesgos legales para el país, porque afectaría a la estabilidad jurídica y al derecho de propiedad. Alertaron que el Estado sería demandado y hasta acusado de expropiación.

Desde que se aprobó la idea de incorporar en los retiros de los fondos de pensiones a los jubilados por renta vitalicia, el 28 de abril pasado, ocho de las 16 aseguradoras que compiten en este mercado ya han acudido a la justicia o activaron los mecanismos de los tratados de libre comercio firmados por Chile. En las próximas horas se unirían al menos dos extranjeras más: una norteamericana y una europea. 

Y eso tiene a varios de los más conocidos abogados constitucionalistas y expertos en derecho internacional concentrados en el caso. El grupo internacional Ohio, que abrió los fuegos al activar el TLC entre Chile y Estados Unidos, fichó a Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker McKenzie.

Penta Vida y 4 Life Seguros de Vida, que  presentaron recursos de ilegalidad en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por permitir el retiro ficharon a los abogados Alfredo Alcaíno, Arturo Fermandois y Marcelo Giovanazzi. Bice Vida que los siguió en esa acción está trabajando con Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo, socios de GWJA Abogados

Y en los recursos de protección en contra de quienes elaboraron la ley (el Congreso y el Presidente Sebastián Piñera) que interpusieron Consorcio, CN Life y Confuturo sus representantes son Cristóbal Eyzaguirre y Alex van Weezel, del estudio Claro & Cía,. Además cuentan con la asesoría de Carlos Carmona, expresidente del Tribunal Constitucional.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, el pago adelantado de rentas vitalicias a las 645 mil personas que las han contratado implicará un costo de US$ 2.600 millones.