Esta semana el ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció un nuevo penal de alta seguridad en Santiago Centro. El aviso se enmarca en medio de la preocupación de las autoridades por el déficit de estos recintos en Chile y la actual sobreocupación que hoy tienen los centros penitenciarios. Sin embargo, las iniciativas para construir establecimientos penales data de mucho antes.

En el año 2000, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Justicia suscribieron un acuerdo para la edificación de cárceles: el primer Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria contemplaba la construcción de 10 establecimientos penales. Hasta la fecha, ocho de estos recintos se inauguraron.

Las cárceles de Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Antofagasta, Concepción, Santiago, Valdivia y Puerto Montt son administradas por sociedades concesionarias a cargo de, no sólo su edificación, sino que también de su operación y explotación.

Pese a que estas ocho cárceles fueron inauguradas exitosamente entre 2005 y 2010, las otras dos se archivaron, tanto en su llamado a licitación como en su posterior construcción. Por más de una década, Santiago 2 y el penal de Talca no se concretaron.

El segundo Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria también corrió la misma suerte. El plan que estimaba la construcción de recintos carcelarios en las ciudades de Calama, Copiapó y Temuco, además de otros en las regiones de Valparaíso y Biobío, figuraba en la cartera de proyectos de 2003.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia informó la complejidad de su realización en el período estimado debido a un atraso con la definición de terrenos. Por eso, se postergó su llamado a licitación para 2005. La historia se repitió continuamente de gobierno en gobierno y el número de recintos carcelarios que quedaron en carpeta se acumuló.

En 2010, nuevamente se retomó la urgencia de la construcción de cárceles en la cartera de proyectos del Ministerio de Obras Públicas. En el caso del establecimiento penitenciario Santiago 2, cuya inversión estimada era de US$ 245 millones, se estableció que el plazo máximo para licitarse era 2011. Los terrenos también se habían definido: el destino de la nueva cárcel de la Región Metropolitana era la comuna de Tiltil, y el recinto tendría una capacidad para recibir a 2.500 internos. Pero no se ejecutó.

“La decisión de no avanzar en dicho establecimiento durante ese período puede haber respondido a una reorientación temporal de prioridades basada en un análisis estratégico de necesidades y recursos disponibles en ese momento, lo que no implica un abandono del proyecto”, declara a DF MAS Hernán de Solminihac, quien se desempeñó como titular de Obras Públicas entre 2010 y 2011.

La situación del penal de la Región del Maule fue distinta, pero también excedió todos los plazos estimados. Recién en junio de 2017, la ahora llamada Cárcel La Laguna de Talca vio las primeras luces, cuando la empresa española Acciona se adjudicó el contrato de construcción del lugar. El plazo de edificación era de 34 meses, es decir, un poco más de tres años; sin embargo, el recinto estuvo listo siete años después.

En enero de 2024, el MOP abrió la licitación para su habilitación, mantención y operación. Se espera que la obra inicie sus operaciones de forma parcial en el cuarto trimestre de 2024 y opere de forma definitiva a comienzos de 2025, de acuerdo a lo establecido por Dirección General de Concesiones. El establecimiento penitenciario de Talca estará listo luego de ocho años de su llamado a licitación y tras casi dos décadas desde la primera vez que estuvo en la cartera de proyectos.

De los cinco recintos que fueron archivados del segundo Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, el único que se encuentra en la cartera de proyectos del Ministerio de Obras Públicas es Copiapó, que tendrá una capacidad estimada de 2.160 reos en 15 módulos de reclusión. La fecha de llamado a licitación todavía no se define, pero se espera que se realice durante 2024. Su puesta en marcha provisoria se calcula para 2030.

Las dificultades de la ejecución de la licitación y construcción de estos recintos no sólo radican en un cambio de agenda en la cartera de Obras Públicas y Justicia. “En el caso específico de las cárceles, después de algunas experiencias ejecutadas antes de 2010 se generó la idea de que las concesiones no eran una buena idea y que, por lo tanto, parecía mejor olvidarlo como mecanismo de provisión de este tipo de infraestructuras”, explica De Solminihac.

Sergio Galilea, exsubsecretario de Obras Públicas entre 2014 y 2018, coincide: el problema de la licitación de estas nuevas cárceles se remonta a la construcción del primer grupo de estos establecimientos. “Todos terminaron en cuestiones litigiosas con el Ejecutivo”, apunta.