Justo cuando la reforma previsional amenaza con terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones tal como las conocemos, datos de la Superintendencia de Pensiones revelan que las multas a estas gestoras de ahorros para la jubilación suman unos $ 1.400 millones en los últimos tres años, incluyendo en la cifra aquellas multas cursadas y aún no ejecutoriadas por estar en apelación en los tribunales de justicia. Si se consideran solo las ejecutoriadas, las sanciones llegan a 35.415 Unidades de Fomento (UF), unos $1.227 millones. 

 

Y si consideramos los castigos pecuniarios de este año, hay 3.600 Unidades de Fomento (UF) de multas ejecutoriadas, las que suben a 6.600 UF si se consideran las que están en apelación y por ello, aún no se pagan, una cifra que es prácticamente la mitad de las multas aplicadas en los años 2020 y 2021.

 

Las multas aparecen bajas en relación a los fondos que manejan las AFP: a octubre de este año, tienen a su cargo activos por US$ 154.422 millones, lo que equivale a menos de la mitad del PIB de Chile.

 

¿Qué infracciones cometen las AFP para ser multadas? Este año, la sanción más alta -de 5.000 UF- se aplicó a Provida el 22 de septiembre pasado por incumplimientos en el marco del retiro de fondos de pensiones del año 2020.

 

De hecho, en el oficio donde se comunica la sanción, la “Súper” señala que “mediante el oficio indicado en el presente número, esta Superintendencia le comunicó a AFP Provida que los días 13, 14 y 17 de agosto de 2020 se habían verificado diversos incidentes que afectaron a sus afiliados en el proceso de solicitud y pago de este beneficio, los que estaban referidos a: Reclamos de afiliados que aún no reciben pago de solicitudes realizadas el 30 y 31 de julio; Reclamos de afiliados que tienen el descuento del 10% en su cuenta personal y aún no se refleja en sus cuentas bancarias el pago del retiro; reclamos de afiliados a quienes les rechaza su solicitud por vencimiento de la cédula de identidad; reclamos de afiliados que indican que no pueden efectuar reingreso de la solicitud”. 

 

Provida también fue multada con 1.200 UF -y esta sanción ya se “ejecuterió”- en mayo de este año por el pago de impuestos en el extranjero.

 

A la administradora UNO se le multó con 1.500 UF por infracciones a diversas disposiciones regulatorias relativas a prohibiciones, a procedimientos y a deberes de información, tales como invertir en instrumentos no autorizados para el tipo de fondo, entre otros. 

 

A  Habitat este año se le multó con 900 UF por incumplir los procedimientos de cierre de la sucursal de San Fernando. 

La Fiscalía de la Súper de Pensiones es la encargada de liderar los procesos sancionatorios que lleva adelante la institución. Pero no actúa sola. Tales procesos, explican en la entidad, “son resultado de un trabajo multidisciplinario en que participan las divisiones del servicio con mayor o menor injerencia, acorde al caso o la infracción que se investiga, analiza y sanciona”.

 

Hasta junio de 2021, los procesos sancionatorios que se llevaban adelante respecto de las entidades fiscalizadas estaban a cargo del Departamento Judicial y de Cumplimiento de la Fiscalía de la SP, el cual estaba conformado por cinco abogados y una secretaria. Este departamento abarcaba tanto los procesos sancionatorios como los procesos judiciales.

 

Pero a partir de junio de 2021, se creó el Departamento de Cumplimiento de la Fiscalía, con dedicación exclusiva para el desarrollo y aplicación de los procesos en materia sancionatoria administrativa. Dos abogados titulares forman este equipo, el cual recibe apoyo del resto de las y los integrantes de la Fiscalía, según la materia y especificidad del caso. Y a partir de marzo de 2022, se actualizó el procedimiento interno de proceso sancionatorio.