El Tribunal Ambiental de Santiago levantó la orden de arresto que desde el 3 de marzo tenía el empresario y presidente del grupo Errázuriz, Francisco Javier Errázuriz Ovalle, en una causa de hace nueve años y que se originó como consecuencia del terremoto del 27 de febrero de 2010.

“El Tribunal Ambiental se equivocó”, dice Errázuriz. “Cuando tomamos conocimiento de esa orden (de arresto), le hicimos ver que estábamos en proceso de cumplimiento, que nos parecía adecuado el cumplimiento, se entregó la información y el tribunal recapacitó”.

Asegura que “estamos trabajando con las nuevas autoridades de la zona para realizar los trabajos, pero nos faltaban unos permisos sectoriales y algunos seremis estaban en una discusión etérea que ya está resuelta”.

Para comprender por qué la justicia ambiental tomó ese camino, hay que conocer un poco la historia del caso. El sismo del 27 de febrero de 2010 hizo colapsar el Tranque de Relave de Las Palmas, de la Minera Tambillo, propiedad de Errázuriz Ovalle. El terremoto provocó un alud de alrededor de 200.000 metros cúbicos de material rocoso, restos de minerales y materiales tóxicos que arrasaron todo a su paso, incluida la vivienda de los cuidadores de la casona que colinda con la minera y que pertenece a Henry Muzard, dueño de Inversiones J y B limitada.

A raíz de ello, Inversiones J y B interpuso la demanda por daño ambiental contra la minera de Errázuriz y le pidió sacar ese material tóxico.

En ese contexto, debido a que no realizó las obras para subsanar el perjuicio, el Tribunal Ambiental de Santiago emitió una orden de arresto en marzo de este año. Al respecto, Errázuriz Ovalle dice que en este caso hubo “mano negra” para enviarlo a prisión. Sus sospechas apuntan a algunas firmas de la competencia.

Cabe señalar que el Grupo Errázuriz tiene una histórica pugna con SQM, que ha derivado en numerosos juicios en las últimas dos décadas.