Emily Betsy Orellana llegó a Chile desde Perú el 4 de marzo de 2016. Su objetivo era establecerse en el país junto a su pareja y su hija. Solicitó una visa temporaria y luego el 19 de julio de 2019 comenzó el trámite para obtener la permanencia definitiva. Han pasado más de tres años y medio y Orellana todavía no logra conseguir su documentación.

Por lo mismo, decidió optar por la vía judicial. El miércoles pasado presentó un recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones “por la omisión ilegal y arbitraria, consistente en la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva”. 

Como ella, son miles los extranjeros que han decidido acudir a las cortes para acelerar la tramitación de sus visas para poder vivir y trabajar en el país. Las acciones judiciales por temas migratorios en las diferentes cortes del país no paran de crecer. Sólo a modo de ejemplo, cada día, la Corte Suprema revisa entre 12 y 20 acciones de este tipo. Los recursos de amparo y protección en contra del organismo encargado de visar las residencias aumentaron más de 200% en el último año. 

Si en 2019 fueron 581 los recursos presentados, en 2020 crecieron hasta 721, y en 2021 llegaron hasta los 6339. Pero el año pasado el salto fue abrumador. Entre recursos de protección, amparo, reclamación de expulsión, reclamación de nacionalidad y una inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sumaron 19.445. 

La vía judicial para acelerar la entrega de permisos de residencia temporal o definitiva se transformó en el camino más expedito para los extranjeros que buscan regularizar su situación en el país.

Una salida que responde a las falencias del Servicio Nacional de Migraciones que desde hace ya años no da abasto para tramitar la cantidad de documentos que recibe al día, provocada, por un lado, por el aumento en el flujo migratorio y, por otro, por los procesos de regularización que se abrieron en 2019 y 2021 para que los migrantes que residen en el país y que habían entrado de manera ilegal pudieran legalizar su estado y obtener sus documentos. Sólo en 2019, llegaron al entonces Departamento de Extranjería 150 mil solicitudes de residencia temporal. 

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, está consciente de la compleja situación. En conversación con DF MAS, explica que cuando asumió el cargo ya existían 500 mil solicitudes pendientes y fuera de plazo.

Ante esto, dice, han intentado ponerse al día, pero se han visto sobreexigidos más allá de sus capacidades. Thayer explica que además, la excesiva judicialización migratoria ha sobrepasado a la dirección jurídica del servicio, que debe dar respuesta a la enorme cantidad de recursos que reciben cada día, además de regularizar las situaciones pendientes. 

“Se fue creando una cultura entre 2020 y 2021 en la cual el rezago en las tramitaciones empezó a resolverse a través de tribunales. Y en el fondo hubo incentivos perversos porque cuando llegaba un recurso judicial, no se respondían y se entregaban las visas”, señala Thayer.

El director del servicio explica que se han reunido con distintas cortes del país, además de Apelaciones y la Corte Suprema. “Hemos hecho el trabajo de ir explicando y que entiendan que estamos en un plan de normalización”, señala.

Y agrega: “Vamos a responder a tribunales, a litigar y a defender nuestra posición. Muchas veces perdemos, pero creemos que está en nuestro mandato hacerlo para que no se siga reproduciendo esta cultura en función de una dificultad administrativa que tenemos”. 

El gran problema, explica la abogada Soledad Torres, CEO de Legal Global Chile, cuya especialidad es el derecho migratorio, es que durante la pandemia se cerraron las oficinas de atención a migrantes y se avanzó en la digitalización del sistema a fin de dar respuesta vía online a los requerimientos. Las oficinas de atención a clientes no volvieron a abrirse.

Sin embargo, explica Torres, las plataformas no logran dar respuesta a las inquietudes de cada una de las personas que solicita permisos de residencias, porque los casos varían uno de otro. 

En este escenario, alerta, “proliferan expertos en migración y personas que entregan asesoría que no son expertos y que buscan aprovecharse de la falta de información, porque con oficinas cerradas, nadie responde. Se ha generado un círculo vicioso”. 

Ante esto, Luis Thayer explica que el 1 de enero de este año empezó a funcionar el programa Rezago que busca dar respuesta a las solicitudes de permanencia pendientes. En 2022, dice, se regularizaron alrededor de 200 mil residencias temporales y este año la idea es ponerse al día con las definitivas, que suman alrededor de 300 mil.

“De todas formas agilizamos las definitivas y el año pasado tramitamos 98 mil, en 2021 fueron 20 mil, las quintuplicamos”, añade. 

El programa Rezago implica una inversión de 1.000 millones de pesos que se dedicará principalmente a la contratación de cerca de 60 funcionarios destinados a resolver las residencias no resueltas y terminar con el rezago. “Esperamos que este año logremos normalizar la situación”, dice Thayer. 

Pero no es el único problema con el que deben lidiar los extranjeros que residen en el país y las autoridades a cargo. La nueva Ley de Migraciones que entró en vigencia el 13 de febrero de 2022, modificó varios de los requisitos para que un extranjero pueda trabajar en Chile. Si antes una persona podía entrar al país y luego regularizar su situación y obtener visa de residencia a través de un contrato, hoy el trámite debe hacerse antes del ingreso. 

“Las visas temporales tienen que ser tramitadas fuera del país, a través de nuestra plataforma y adjuntar documento con oferta de trabajo o contrato laboral”, explica Thayer.

El problema es que muchos de los migrantes que entran al país de manera ilegal o con visa de turista y luego se establecen aquí, no realizan ese trámite anterior. Por lo mismo, a la hora de buscar trabajo obtienen un RUT provisorio ya sea en Fonasa, en instituciones de educación o en las AFPs, con lo que pueden recibir cotizaciones previsionales. Sin embargo, explica Soledad Torres, eso no implica que tengan su situación migratoria resuelta.

A juicio de la abogada, producto del desconocimiento y también de malas prácticas, hoy en Chile hay muchas personas que se encuentran contratadas de manera irregular. Según un estudio realizado por Legal Global Chile, un 70% de los trabajadores extranjeros están mal contratados.

“Recibimos alrededor de 1.200 consultas de empresas al mes y cuando empezamos a ver nos dimos cuenta de que el porcentaje de personas contratadas extranjeras que están fuera de norma es altísimo. Algunas incluso son empresas grandes que quieren regularizar su situación”, explica.

Para resolver ese tema, su estudio lanzó un servicio llamado Compliance Migratorio para revisar cada uno de los contratos, ver cuáles presentan problemas y resolver los problemas que puedan existir. 

Para Luis Thayer, el problema también se soluciona a través de la capacitación. Explica que han realizado trabajo con diferentes gremios para que todos estén al tanto de los requisitos para contratar a un extranjero. “Es obligación del empleador conocer la legislación, tenemos varios programas para que puedan conocer la nueva ley. Y hacemos un trabajo muy cercano con los gremios de la construcción, la minería, Chile transporte y del mundo agrícola para ir avanzando en soluciones a los problemas que enfrentan en esta materia”, explica.

Una de ellas es la implementación de una plataforma de empleo que permite que cualquier persona que quiera establecerse en Chile pueda acceder a ofertas laborales y luego obtener un permiso de residencia para trabajar en el país. “Lo que estamos haciendo es un convenio con la Bolsa Nacional de Empleo para que las personas postulen y puedan avanzar en su trámite de visa una vez que tienen la oferta. Estamos trabajando en este desarrollo que empezó hace un par de semanas con la Subsecretaría del Trabajo y el apoyo de la OIT con una inversión de 154 millones de pesos”, explica el director del Servicio Nacional de Migraciones. 

Al mismo tiempo, adelanta que trabajan en un proyecto de ley que busca aumentar las sanciones para las empresas que incumplan la ley migratoria. Hoy, dependiendo del tamaño de la compañía las multas por tener trabajadores sin regularizar van desde 10 UTM hasta 200 UTM. 

Recursos judiciales contra el Servicio Nacional de Migraciones año 2022

• 19.445 Entre recursos de protección, amparo, reclamación de expulsión, reclamación de nacionalidad y una inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 
• 85% Recursos de protección por demora en resolver permisos de residencia (incluye solicitudes de regularización 2021 y art. 91 N° 8 DL 1094 de 1975 y art. 155 N° 8 Ley N° 21.325).
• 5% Recursos de protección por negativa a formalizar refugio.
• 8% Recursos de amparo contra sanciones migratorias y reclamación de expulsión.
• 2% Otras materias varias, tales como demora en recursos administrativos.