Cuenta Walter Lippmann, un intelectual estadounidense, que a principios del siglo pasado en una isla remota vivían ingleses, franceses y alemanes que cada sesenta días recibían la prensa. En septiembre de 1914, cuando fueron, ansiosos, a recibir noticias de Europa, se enteraron de que sus países estaban en guerra desde julio. Por seis semanas habían sido amigos, cuando en realidad, eran enemigos.

La forma en que vivimos depende de lo que percibimos como realidad, y ello, a su vez, de la información que recibimos. Si hace un tiempo la televisión y, antes, la radio, revolucionaron la forma en que la gente se informa de lo que pasa, las redes sociales han hecho lo suyo en los últimos años. En efecto, según la última encuesta CEP, las redes sociales fueron la mayor fuente de información sobre el estallido social y, pese a las recurrentes noticias falsas, la población confía en ellas mucho más que en los diarios o en la televisión (y tanto como en la radio). Ninguna institución de las que mide el CEP obtiene más confianza que las redes sociales.

Esta nueva forma de informarse conlleva desafíos para la política, sobre todo en tiempos de elecciones. La experiencia de Estados Unidos, que nos lleva unos años de ventaja en esto, es preocupante. Al igual que acá, hay personas que inventan noticias falsas y otras muchas que las difunden irreflexivamente (y que a veces ni siquiera las desmienten si se enteran). Pero también existe una industria que usa las redes sociales y métodos de big data para entregar información política dirigida según las preferencias individuales. En algunos casos, esta industria ha usado datos personales sin consentimiento y en otros, de frentón, ha inventado y difundido noticias falsas, con fines que van desde lo comercial hasta lo geopolítico, como en la bullada intromisión rusa en la elección de Donald Trump.

Por otra parte, las redes sociales introducen dificultades respecto de las formas de hacer campaña. Si bien los gastos en publicidad pagada a Facebook, por ejemplo, en Chile están regulados, no es claro qué sucede con la propaganda (o antipropaganda) que no es pagada. En un caso reciente, el presidente Trump tenía programado un importante acto de campaña, para el que más de un millón de personas habían pedido tickets. Pero llegado el día, sólo se llenó un tercio del estadio con capacidad para 19.000 personas. ¿Qué pasó? Usuarios de la red TikTok se adjudicaron hacer caer a Trump en una simple broma.

En los próximos dos años Chile tiene ocho elecciones programadas. El actual ambiente político difícilmente permite descartar campañas de desinformación masiva, tampoco "bromas". La ley que regula las campañas fue diseñada antes de que estos problemas tuvieran la fuerza que hoy tienen y, por lo tanto, no está pensada para resolverlos. No es un tema fácil, porque la regulación de las redes sociales puede coartar la libertad de expresión y es una tentadora forma de censura. Pero si no abordamos los desafíos que las redes sociales traen para las campañas, es posible que, como a los europeos en la isla, ellas nos informen que somos más enemigos de lo que creíamos, y que de ello nos convenzan, aun cuando no sea cierto.