Seguridad: Una casa dividida contra sí misma

La agenda de seguridad ha monopolizado el debate público durante las últimas semanas. No es de extrañar debido a la entidad de los hechos que hemos conocido, como el asesinato de tres carabineros en tres semanas. Esto ha implicado un desafío para el Ejecutivo, porque debe enfrentar un problema que tiene una magnitud que va más allá de su propia voluntad. 

A esto, se le suma el problema de la falta de credibilidad del gobierno en esta materia. Primero fue por las declaraciones que dieron mientras eran oposición, después fue por la pasividad para tomar medidas necesarias para controlar la seguridad y ahora, porque mientras miembros de su coalición promueven algunas medidas, parlamentarios del mismo grupo terminan votando en contra.

En materia de seguridad lo que se requiere es convicción, y evidentemente el gobierno está dividido en esta materia. Gobernar esa división parece que ya no es alternativa, por lo tanto, se deben tomar medidas más drásticas. Hemos leído que una casa dividida contra sí misma no prevalecerá, ¿será este el caso?

De izquierda a derecha ¿cómo votan los parlamentarios?

Las democracias modernas parten de una base: la representatividad. Cada cierto período de tiempo, los ciudadanos concurrimos a las urnas para elegir a las diferentes personas que van a actuar por cuenta y a nombre nuestro en los temas públicos. Les damos poder, pero también les pedimos cuentas y los limitamos.

En la medida que pasa el tiempo, una ciudadanía cada vez más informada nota que este control, no solamente se debe remitir a un rol pasivo, sino que a través de distintos mecanismos se puede fiscalizar a quienes tienen poder. Para esto, es clave entender que aquellos que asumen un rol de responsabilidad, no tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieran, sino que tienen un rol particular al ser electos.

Por eso, en el Instituto Res Publica analizamos todas las votaciones de los senadores durante la legislatura del año pasado, pudiendo ordenar de izquierda a derecha a cada miembro de la cámara alta. Este ejercicio es útil para el control ciudadano y constituye cada vez más un deber propio de la civilidad.

La otra cara de Sierra Bella

La Contraloría de la República finalmente impidió la adquisición de la clínica Sierra Bella por parte de la municipalidad de Santiago. Diversas polémicas se despertaron en torno al exceso de precio que estaría pagando la municipalidad por sobre el valor comercial del recinto. Cerca de cuatro veces su valor era el precio acordado.

Sin embargo, hay otro aspecto destacado del dictamen de la Contraloría. Le dice a la alcaldesa Hassler que pretendía arrogarse más atribuciones de las que la ley le entrega. Las municipalidades solamente se hacen cargo de la atención primaria de salud, y para eso se le entregan recursos y, por tanto, deben ceñirse a lo que dice la ley en esta materia.

Hemos visto cómo cuando las municipalidades asumen otras funciones, las cosas no han terminado muy bien, como por ejemplo la idea de la “farmacia popular” de Daniel Jadue. Arrogarse para sí más atribuciones de las que entrega la ley, es otra forma de corrupción.