Ironías de la vida

“El proceso constituyente busca lo que divide a los chilenos”. Esa fue la frase que emitió la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en Las Últimas Noticias. Su visita se robó varias páginas de los principales diarios, donde, entre otras cosas, planteó su preocupación por el proceso constituyente.

De la portada de LUN se hizo un “meme”, reemplazando a la diputada española por una muñeca Barbie. Isidora Alcalde, concejala de Las Condes, viralizó esta imagen junto con la frase “Me reí fuerte”. Una autoridad política jamás debería caer en este tipo de ataques personales, que solo buscan ridiculizar y denostar a la otra persona.

Cuando los ataques son a las personas y no a las ideas, la sana convivencia democrática es la gran perdedora, más aún en tiempos de crisis y crispación. Irónico que un ataque tan vulgar a una mujer venga de alguien que se declara abiertamente en su biografía de Twitter como “feminista”.

Salario mínimo: ¿dos instrumentos para un mismo objetivo?

El lunes comenzó la tramitación del proyecto de salario mínimo, para llevarlo a $ 400.000 desde agosto. Alza del 5% real con respecto al actual; el doble del crecimiento promedio de la última década. De manera inédita, también se incluyó un subsidio focalizado en las pymes de $22.000 por trabajador.

Se plantea que el subsidio será transitorio, pero cuando llegue el momento de retirarlo (abril de 2023) tendremos una economía alicaída y un gobierno presionado a entregar más ayudas, no menos. Como nos ha enseñado la trama de los retiros, este gobierno difícilmente estará dispuesto a asumir este costo político, por lo que la transitoriedad de este subsidio es, al menos, cuestionable.

En vez de este subsidio ¿no sería mejor, de una vez por todas, avanzar decididamente en la ampliación del Ingreso Mínimo Garantizado? Éste consiste en un subsidio a trabajadores formales focalizado en salarios bajos y con montos decrecientes.

Con un esquema así el costo de asegurar un piso mínimo de renta recaería sobre el Estado y no sobre las empresas; se incentivaría la formalización; y se avanzaría decididamente a una política social más coordinada, menos fragmentada y basada en transferencias monetarias directas.

¿Estay o no Estay?

El martes trascendió en los principales medios de comunicación que el Gobierno le solicitó la renuncia al jefe de gabinete de la ministra Siches, Roberto Estay. Sin embargo, al día siguiente, la misma titular de Interior tuvo que respaldar a su mano derecha diciendo: “Cuando existan anuncios los voy a hacer yo”.

Si efectivamente desde Presidencia pidieron la renuncia a Estay es algo que probablemente no sabremos. De algo que sí tenemos certeza es que al poco andar la ministra ha tenido demasiados tropezones en un cargo de extrema relevancia para el Gobierno y el país.

Al capítulo “Estay” se le suma la fallida visita a “Temucuicui”, el exabrupto del avión en la Comisión de Seguridad de la Cámara y el “voy a consultar, no tengo esa información” sobre los saqueos en Talagante.

Ni la presentación de la agenda legislativa en materia de seguridad ante el Congreso o el punto de prensa flanqueada por sus subsecretarios lograron aquietar las aguas de la ministra y afirmarla en su cargo.

Lo único cierto es que mientras tanto la violencia sigue desatada en el país, con una periodista en estado grave por haber sido baleada en el barrio Meiggs, camioneros movilizados en el Biobío, un carabinero de 23 años muerto en Chillán y un gobierno proponiendo confusos “estados intermedios”.   

El sabor amargo de la (pen)última semana

Esta semana debería haber terminado la redacción de normas constitucionales, pero quedaron algunas para la próxima. A esta altura, no es novedad que el borrador final contenga artículos que son derechamente malos para el país. Pero, lo que es incomprensible es el afán de la Convención en querer cambiarlo todo, incluso aquello que ha demostrado funcionar bien.

Esta semana se abrió la puerta para que gobiernos regionales y locales puedan emitir deuda evitando establecer un porcentaje máximo de endeudamiento y, por lo tanto, amenazando la sostenibilidad fiscal del país. Además, todas las entidades territoriales (incluyendo autonomías territoriales indígenas) podrán establecer tasas y contribuciones dentro de sus territorios. 

Con respecto al pago de expropiaciones, se incorporó en el texto final el ambiguo y discutido concepto de “justo precio” y no se especifica que deba pagarse en dinero efectivo al contado  (¿se imagina recibiendo un pagaré del Estado a cambio de su bien expropiado?) ¿O alguien podrá decir que la responsabilidad fiscal y el derecho de propiedad son dos instituciones que no han funcionado bien en las últimas décadas?