Luego de un año en suspenso, este jueves se retomó la discusión del sexto retiro. Aunque existe consenso técnico sobre sus negativos impactos, aún continúa siendo respaldado por un grupo de parlamentarios. De acuerdo con un estudio de Horizontal, de aprobarse este retiro 53% de las mujeres y 38% de los hombres quedarían con saldo cero en sus cuentas de capitalización individual, lo que equivale a 5,1 millones de personas.

El desenlace en el Congreso de esta mala política pública es crucial para la economía y el futuro de las pensiones. Como también, es una oportunidad de reivindicación de la clase política. El rechazo de este retiro con un alto consenso parlamentario sería un triunfo de la sensatez, evidenciando que la responsabilidad técnica sí puede estar por sobre los fines electorales de corto plazo. 

Atrás quedó el fanatismo constitucional, encontrándonos en un nuevo intento marcado positivamente por la sobriedad y seriedad, que tanto hizo falta en el proceso anterior. La fatiga constitucional se siente en el ambiente y pocos días de las elecciones de los consejeros hay poco interés de la ciudadanía en el proceso. Las constituciones no son el espacio para resolver todos los problemas que nos aquejan ni deben ser una lista de supermercado.

Sin embargo, son un espacio fundamental para guiar el accionar de la política pública y sentar las bases de aquellos principios deseables como sociedad. Entre otros desafíos ineludibles, debemos avanzar en principios constitucionales que habiliten al Estado para cerrar las múltiples brechas que enfrentamos las mujeres. La democracia paritaria es una forma de consagrar este desafío, principio que va más allá de la paridad numérica, que entrega un marco para comprometer al Estado en lograr un nuevo equilibrio social entre mujeres y hombres, en el cual se compartan responsabilidades en la esfera pública y privada.

No podemos perder esta oportunidad única de no tener que esperar los 132 años que el Foro Económico Mundial pronostica, que nos demoraremos en alcanzar la igualdad de género.

Esta semana salió humo blanco entre la CUT y el gobierno para que el salario mínimo llegue a los $ 500 mil pesos en julio 2024. Acuerdo que no dejó nada de contento al mundo de las PYME, ya que el ajuste implica un aumento importante del costo del empleo, siendo el alza real cercana al 16%, a lo que se le suma el costo de las aprobadas 40 horas.

Los principales gremios están pidiendo aumentar el subsidio creado en el último ajuste del salario mínimo, el cual va al bolsillo de las MiPymes y es actualmente de hasta $32 mil pesos. Sin embargo, en donde se deberían concentrar los esfuerzos para mitigar los efectos de esta importante alza del salario mínimo es en el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), cuyo umbral el gobierno anunció subiría a $ 500 mil pesos, y prorrogar su vigencia hasta julio 2024.

En la discusión legislativa del salario mínimo y las medidas que lo acompañan, se debe discutir el umbral del IMG y también cómo mejorar su diseño. Evaluándose, por ejemplo, que el beneficio sea por cargas familiares del trabajador. Con un buen rediseño de esta herramienta se podría hacer más gradual el plazo que propone el Ejecutivo para alcanzar los $ 500 mil, sin afectar el costo de la contratación ni el bolsillo de los hogares. El IMG mejorado podría ser un mecanismo no sólo para proteger e incentivar el empleo formal, sino también para contribuir a que los hogares afectos al salario mínimo salgan de la pobreza por ingresos.