La necesidad de un nuevo pacto fiscal

Lo han dicho diversos expertos, en Chile es necesario un pacto fiscal. La contingencia de estas semanas evidenció la importancia de una de sus dimensiones, la eficiencia y transparencia del gasto, generándose acuerdo sobre la necesidad de avanzar en probidad y modernización del Estado. Una segunda dimensión también tuvo avances: el Ejecutivo presentó 36 medidas procrecimiento e inversión, con buena recepción en la CPC. Pero un pacto fiscal también debe abordar la dimensión tributaria. 

Por supuesto el crecimiento y mejorar la eficiencia del gasto son esenciales y generan mayores recursos, pero no lo suficiente. Hay problemas sociales y desigualdades estructurales que es urgente abordar, como salud, pensiones, seguridad pública, acceso a sala cuna y el establecimiento de un sistema de cuidados.

Por otro lado, salvo excepciones puntuales, llevamos casi 15 años de déficit estructural y un aumento sostenido de la deuda pública. Incluso sin reformas, el gasto en pensiones -si éstas mantienen su valor en relación a los salarios- se duplicará en un par de décadas como porcentaje del PIB, por el envejecimiento de la población, lo mismo que en salud. Eso, sin considerar que aún hay camino por recorrer en la convergencia hacia un equilibrio fiscal, senda que incluso incluye recortes de gasto.

Se requiere construir un círculo virtuoso y avanzar oportunamente y en paralelo en las tres dimensiones, dialogando con flexibilidad sobre los instrumentos, pero teniendo a la vista objetivos comunes para construir un acuerdo. El inmovilismo no es una solución.

Pensiones

Desde enero, cuando se aprobó en general la reforma previsional en la Comisión de Trabajo, no han existido mayores avances. En estos meses las propuestas de la oposición se han ido radicalizando y siguen partiendo desde restricciones sobre propiedad de los fondos, heredabilidad y libertad de elección, que no tienen que ver con los objetivos de un sistema de pensiones y que estuvieron en la base de los retiros de fondos. 

Así, varios puntos de encuentro alcanzados en los últimos años se han ido diluyendo, como entender la PGU como piso de protección social para prevenir la pobreza en la vejez, el valor de tener un fondo colectivo con solidaridad para compartir riesgos (considerado en los últimos dos gobiernos) y la importancia de tener medidas robustas de equidad de género en el pilar contributivo.

El distanciamiento es complejo, porque paraliza los avances. Al mismo tiempo se comete un error al apurar la discusión y comenzar a votar en particular sin tener un acuerdo más integral sobre la reforma. La principal tarea es construir ese acuerdo sobre el diseño, para ingresar indicaciones y sobre esa base hacer la discusión, si no será difícil encauzar un buen debate.