Hace diez años, en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, un pequeño grupo de militantes de la “derecha sub 40” publicó una carta que representó un avance en lo que hasta entonces habían sido las posiciones del sector respecto al quiebre democrático. En ella sostenían una condena clara, más allá de la complejidad política y social que atravesaba el país en 1973.

“Creemos que incluso en la dificilísima situación política, económica y social de entonces -sostenían en el documento-, un Golpe de Estado no era ni puede ser una manera aceptable de resolver incluso profundas diferencias políticas”.

En la actualidad, y como no se veía hace años, en el debate público circulan con total impunidad discursos que no sólo justifican el golpe sino que reivindican abiertamente la figura de Pinochet como “estadista” y “Presidente”. Estas declaraciones se enmarcan, además, en un clima de degradación del debate público y de preocupante debilitamiento de la valoración de la democracia.

¿Dónde está la derecha democrática? ¿Dónde están las voces dispuestas a marcar una línea divisoria, de defensa irrestricta de la democracia y de condena clara al golpe de Estado? A menos de dos meses de que se cumplan 50 años del acontecimiento político más brutal y determinante de nuestra historia reciente, no parece haber disposición en sectores significativos de la derecha para hacer este necesario gesto de compromiso democrático. Así las cosas, seguimos estando muy lejos de poder garantizarnos como sociedad un verdadero “nunca más”.

Esta semana conocimos las enmiendas presentadas por las distintas bancadas del Consejo Constitucional.

Además de las barbaridades propuestas por la ultraderecha, entre las que se cuentan un perdonazo a los violadores de derechos humanos y “la protección del niño que está por nacer” que acabaría con el aborto en tres causales, resultan francamente preocupantes aquellas en las que Chile Vamos y Republicanos llegaron a acuerdo, particularmente las que en materia de salud y pensiones constitucionalizan una lógica mercantil disfrazada de libertad de elección y que tan nefastos resultados ha tenido.

Basta ver el monto de las pensiones y la actual crisis de las isapres para que no haya espacio para la duda. 

La enmienda relativa a salud, por ejemplo, impediría reformas que cuentan ya con consenso político bastante amplio, como el establecimiento de un seguro universal. ¿Cuál es el sentido entonces de poner este cerrojo que está más atrás de consensos ya existentes? La porfía mercantil de la derecha amenaza con amarrarnos las manos e impedirnos avanzar hacia mayores niveles de bienestar.  

Lo peor es que ya no sorprende el nivel de deterioro de la discusión política que se ha enquistado en el país. El burdo aprovechamiento político del robo que sufrió el Ministerio de Desarrollo Social es la última muestra de la descomposición inédita de una parte no menor de la política. En el afán de golpear al ministro Jackson ya ni siquiera se levantan críticas políticas, racionales y fundamentadas.

“Renuncia @jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas” espetaba el senador Espinoza, mientras representantes de la derecha sugerían, sin prueba alguna, la complicidad de una autoridad de gobierno en un delito; y la UDI enviaba una carta al Presidente pidiendo la renuncia del ministro. Y todo esto en la más absoluta impunidad, sin costo alguno. 

En Chile se ha hecho costumbre disparar todo tipo de acusaciones o de ofensas sin que pase nada. La política se revuelca en su chiquero buscando cámaras a como dé lugar. Pésimas señales hacia la sociedad que ve en sus representantes estos ejemplos de bajeza que no hacen sino seguir destruyendo ese ya derruido vínculo. 

En esta pelea nadie gana. Urge elevar el nivel de la política y detener este festín destructivo de infamias e irresponsabilidad.