La ciudad, dice el urbanista Iván Poduje, es una de las tres prioridades del programa de Evelyn Matthei (UDI), quien al invitar al socio de Atisba a su equipo le planteó dos preocupaciones: la inequidad y el narcotráfico.

"Mi aporte ahí fue entender que además de policía se requiere una intervención social y territorial", dice. Pero, aclara, el primer gran objetivo será levantar 500 mil viviendas en 4 años. "Construir barrios nuevos, que es distinto a hacer casas", explica. "Como tenemos terrenos grandes podemos diseñar de forma muy simple para poder asignarlos al corto plazo y licitarlos para que las constructoras con los vecinos puedan empezar a desarrollar los proyectos al mes 6", explica.

Para eso, utilizarán todos los terrenos fiscales prescindibles -incluyendo FFAA, EFE, servicios agrícolas- y los licitarán con un esquema bajo la condición de que solo pueden postular empresas que vayan con comités de allegados. "Vamos a tomar el DS19 que permite combinar viviendas de clase media con vivienda social y de estrato alto también porque queremos desarrollar proyectos en Las Condes, Vitacura, Viña del Mar, Lo Barnechea, en terrenos que ya tenemos identificados", adelanta. Algunos ejemplos de terrenos subutilizados en Santiago son la parte sur del Estadio Nacional, o el Hospital Militar.

"Tenemos confirmadas 450 hectáreas disponibles en la RM, 140 en Viña del Mar. Vamos a agruparlas en un solo banco, traspasar a una entidad ejecutora y licitar". La gracia de esta idea, asegura, es que todo el stock que el Estado tiene se incorpora al presupuesto de Vivienda. "Hoy el presupuesto del Minvu es de US$ 3.500 millones al año, eso no considera el valor del terreno. Nosotros queremos que ese valor lo paguen las empresas con áreas verdes, vialidad, parques", explica.

¿Alineado con la integración de Lavín? "Queremos que vecinos de escasos recursos se queden en sus comunas de altos recursos, en eso coincidimos. Pero cuando ves los problemas de falta de Estado, eso implica hacer también una integración al revés: llevar ciudad a los lugares que están más carentes con el objetivo de reducir la inseguridad y el avance de organizaciones criminales". Ese será el segundo gran objetivo: la recuperación de los barrios más críticos y territorios perdidos por el narcotráfico.

Para eso, se inspiraron en la disciplina canadiense de Crime Prevention Environmental Design, que implica localizar centros cívicos, ampliar comisarias y abrirlas al entorno, mejorar iluminación y accesibilidad. Ya están mapeados 56 barrios para intervenir en 9 ciudades. La idea es llevar ahí a la Junji, polideportivos, piscinas públicas temperadas y recuperar sitios eriazos con dos objetivos: generar empleo y mejorar la seguridad.

"Tomamos el documento de Ciudad Justa -que elaboró Evópoli en 2018-, lo masticamos rápidamente y estamos bajando las primeras ideas que contribuirían a un futuro programa", dice Mathías Klotz.

Está en su oficina con el Decano de Arquitectura de la UNAB Ricardo Abuauad. Juntos trabajaron en la redacción de la Política de Desarrollo Urbano que se hizo en Piñera 1, y luego ayudaron a su implementación en Bachelet 2. "Persuadiendo a desconfiados", aclaran. "Fue un documento muy transversal, pero como estaba hecho por encargo de un gobierno había una sospecha de que estaba teñido políticamente", señala Klotz.

Abuauad añade: "De ahí hay cosas que merecen revisiones: impulsar realmente una ciudad equilibrada en su mapa de oportunidades, justa y equitativa, es algo que está claramente al debe. La idea de una planificación conjunta en transporte y suelo también. Y de un gobierno metropolitano que permita pensar una ciudad en su conjunto".

Hay consenso entre los expertos, aseguran, en los grandes lineamientos. La diferencia está en los instrumentos para llevarlos adelante. "Creemos en un equilibrio razonable entre el sector público y privado", dice el decano. "Queremos fórmulas nuevas", agrega Klotz, y en eso, dice, Briones "cruza mundos sin prejuicios, con una visión bastante desideologizada". Un ejemplo de una medida que podrían implementar sería en el caso de las concesiones de autopistas, cuando éstas cumplan sus plazos, trasformar el excedente que dejan en un aporte directo a mejoras de espacio público en aquellos lugares donde más ha sido afectado.

"Este es un tipo de discusiones donde se busca obtener recursos constantes que permitan atenuar las externalidades negativas de estas infraestructuras, allí donde tienen mayores impactos", señala. "Lo que ocurre hoy", interviene Abuauad, "es que el tratamiento a un proyecto es mejor cuando atraviesa los sectores económicamente más pudientes porque hay una capacidad de negociación de alcaldes y presión de vecinos, cuando la lógica dice que la infraestructura pública debiera nivelar la cancha".

"Debemos repensar nuestras ciudades para re-equilibrar el mapa de oportunidades, para que sus habitantes puedan desarrollar sus capacidades y potenciales sin importar dónde se ubiquen dentro de ellas", dice Klotz, y agrega: "Creemos en el espacio público de todos, seguro, donde impere el Estado de derecho, donde todos se sientan acogidos y bienvenidos. Rechazamos la captura de estos espacios por grupos que consideran que sus derechos están por sobre los de los demás". Un modelo que les parece interesante es la creación de lugares de encuentro en aquellas zonas más conflictivas, idea que tomaron de un grupo de arquitectos colombianos que lo implementaron en zonas de narcotráfico.

Para liderar las propuestas urbanas la dupla impulsa desde hace años la creación de una Agencia de Ciudad que esté por sobre el gobierno de turno. "Una especie de Banco Central dedicado a la ciudad y el territorio", dice Klotz.

"Nuestro eje programático es el de la sociedad inclusiva y sustentable", dice la arquitecta Beatriz Mella, PhD en estudios de Planificación Urbana y Transportes de University College London. "El foco está en la equidad, con una agenda inclusiva y participativa, con una mirada de género, considerando temas de cambio climático, y centrada en mejorar la calidad de vida en las ciudades", agrega.

En concreto, plantea, tener lugares de espacio público para tener más y mejor tiempo para la familia, es decir, asegurar que los localismos y barrios tengan significancia para las personas que viven allí, a través del equipamiento de servicios, diversidad de usos de suelo, a fuentes de trabajo, colegios, etc. "Con eso ahorramos tiempo, acercamos oportunidades a las personas y se alinea con la idea de ciudad sustentable", explica.

Para lograrlo, más que focalizar la agenda en un ministerio, Mella propone un "match" entre distintas carteras. "Es difícil pensar proyectos integrales cuando se está tan dividido sectorialmente y hay que alinear actores con focos tan distintos. Tiene que haber una mirada integral, holística e integradora", asegura. Y agrega: "Tiene mucho que ver con transporte, energía, cambio climático. Tenemos propuestas que apuntan a incentivar, por ejemplo, el transporte activo, es decir, la caminabilidad y bicicleta; la evaluación estratégica de iniciativas de energía limpia, etc".

La segunda arista, dice la arquitecta, es integrar a las personas a la resolución de los proyectos. "Hay evidencia internacional que demuestra que las iniciativas consensuadas, diseñadas y llevadas a puerto con la ciudadanía son más utilizadas, útiles, y más queridas por las personas", asegura. El perfil del equipo, cuenta Mella, es "joven, especializado en el extranjero y con experiencia tanto en la academia como en el sector público y privado". Entre ellos están Jaime Soza, ingeniero en transportes e investigador de UC Davis; la arquitecta con estudios de urbanismo en la U. de Manchester, Tamara Salinas; Ignacio Uliarte, MSc de London School of Economics; Nicolás Smith, MSc de University College London; la arquitecta UC María Nieves Hinojosa, y la agrónoma y MSc de University College London, Florencia Benítez, experta en sustentabilidad urbana.

El jefe de desarrollo urbano en los gobiernos de Lagos y Bachelet, y expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, conoce a Ximena Rincón (DC) desde su época de intendenta de la RM. El master en diseño urbano en Harvard, asegura que el énfasis del programa de ciudad estará en los barrios.

Su diagnóstico: "La crisis que hoy vivimos de acceso a la vivienda y el deterioro de muchos barrios de nuestras ciudades requiere una fuerte inversión en infraestructura y vivienda, con una mayor participación de los vecinos". La respuesta: "Queremos fomentar la construcción de vivienda y equipamiento social accesible, creando también las condiciones para el emprendimiento social y el empleo en los barrios".

En infraestructura esto implica la habilitación más espacios públicos de barrio a distancias cercanas, y el mejoramiento de calles y veredas, con arborización e iluminación, y "estrategias de seguridad para que los barrios les pertenezcan a los vecinos y no a otros", dice Bresciani.

"La diferencia hoy frente a tiempos anteriores es que la pandemia y el estallido social colocaron la desigualdad urbana como una urgencia y prioridad, más de lo que estaba antes. Aunque el mejoramiento urbano siempre ha sido un asunto de la agenda pública, dejó de ser sectorial y se convirtió en tema de impacto nacional, pues afecta la confianza de las personas en la institucionalidad, en los grados de exclusión social, e incluso en los niveles de seguridad", asegura.

Para eso, la clave está en entregar más poder a los vecinos, alcaldes y gobernadores regionales, "de manera que la regeneración de la ciudad y los barrios no sea solo un tema de inversión, sino un vehículo para resolver problemas de inclusión social y de confianza social. Esta es una forma de pacificar y de lograr mayores niveles de cohesión social", señala.

En materia de viviendas, adelanta el arquitecto, se requiere un incremento "sustancial y más ágil" de la construcción para los segmentos vulnerables y medios. Esto implicaría una reforma profunda a la política habitacional para garantizar que exista suelo bien localizado y otras formas de acceso permanente -como el arriendo y las cooperativas- para impulsar proyectos diversos e integrados socialmente. En el equipo trabaja también Tania Bertoglio, ex seremi de Medioambiente de Valparaíso, y el alcalde de Osorno, Jaime Bertín.

La semana pasada Paula Narváez anunció la incorporación del Pritzker chileno Alejandro Aravena a su equipo. El arquitecto socio de Elemental, señala Roberto Moris, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, asumirá en un rol en el comité asesor que analizará las propuestas de materia urbana. Son 30 los que integran el grupo (mitad mujeres, especifican), entre los que están; Sebastián Gray, Pablo Contrucci, la antropóloga Inés Pascal, y la geóloga Carolina Rojas. "Una de las claves es que la propuesta tiene que ser muy coherente con el estallido social", adelanta Moris.

Primero, tener conciencia de que es también un estallido urbano: la reacción y destrucción de los espacios públicos es una muestra de rabia por la forma cómo se han desarrollado las ciudades". La línea 5 del Metro, señala, "es un emblema de cómo fuimos haciendo políticas públicas: subterráneo en áreas más ricas, superficial en grupos medios y viaducto en los más pobres".

Un concepto que el arquitecto repite es el del cuidado. "Cuidar a las personas. Tu ciudad te tiene que cuidar y tú tienes que cuidarla. La gente necesita sentir que hay un proyecto de vida, que en su barrio o ciudad hay empleo, salud, educación... Y eso no pasa por el plan regulador, es un acuerdo social que no hemos hecho", remata.

Otro tema clave, dice, es el de la reparación: "En las ciudades, en especial Santiago, hay una serie de áreas que están abandonadas, y ahí el Estado tiene que actuar". Esto tiene una bajada en el equipamiento de los barrios y en el "derecho al hogar", basado en reconocer que hay distintos tipos de familia. Un ejemplo sería la construcción de espacios comunitarios donde las mujeres, niños y adultos mayores complementen las deficiencias de sus casas o barrios.

Otro tema que abordarán, dice Moris, será el perfeccionamiento del mercado del suelo. "Hay una distorsión tremenda en el acceso a suelos de buena localización que están entregados al mercado y hemos sido tímidos en intervenirlo", dice.

Y agrega: "Queremos que el Estado se meta a fondo. Lo nuestro es radical. Como cuando existía la Cormu. Tenemos que quitarnos el temor de involucrar al sector privado, pero no con más incentivos y subsidios como lo hacen los gobiernos de derecha, sino que el Estado debe intervenir el mercado y ejecutar proyectos", añade.