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Personaje

Pesca: la insistencia del gobierno tras el fallo de la Suprema

Pesca: la insistencia del gobierno tras el fallo de la Suprema

Un fallo de la Corte Suprema prohibió a las grandes pesqueras operar en aguas reservadas a los pescadores artesanales. La industria está indignada y ahora su única esperanza es la decisión del gobierno de volverles a abrir el negocio, a través de la nueva ley corta que se tramita en el Congreso. Sergio Guarache es clave.

Por: Fernando Vega | Publicado: Viernes 23 de abril de 2021 a las 14:00
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En el norte lo definen como un dirigente duro. Se ha enfrentado más de una vez a las empresas del sector y sobre todo a los últimos gobiernos y sus decisiones sobre esta área. Se le ha visto en el Congreso, en marchas en el norte y en reuniones en Santiago y Valparaíso.

Sergio Eduardo Guarache Díaz (43) es el pescador detrás del fallo de la Corte Suprema de este 6 de abril que prohibió a la pesca industrial operar en las primeras cinco millas marítimas, reservadas ahora solamente para los artesanales.

El fallo generó un verdadero maremoto en el sector. La industria está indignada y el gobierno buscará reponer la excepción que permitió a las grandes pesqueras extraer por más de 30 años recursos en la zona que había sido reservada en el papel para las grandes empresas.

Hijo de pescador y también dueño de una embarcación en el norte, Guarache interpuso el 19 de octubre de 2019 un recurso de protección en contra de la resolución de Subpesca del 12 de septiembre de ese año que prorrogó por tres años las perforaciones en Arica y Parinacota y Tarapacá.

En su fallo, la Suprema sostuvo que esas autorizaciones han devenido "en los hechos en un auténtico privilegio” que no debe perpetuarse.

Guarache llevaba años intentando terminar con el mecanismo. Primero fue su padre, del mismo nombre (82) quien llevó el reclamo a la justicia en 2017. También mediante un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, del que después se descolgó por razones jamás aclaradas. Por ese mismo reclamo la Contraloría se abstuvo ese año de analizar lo que venía pasando con la pesca, ya que el caso estaba en tribunales.

"A Sergio lo conozco con ocasión de su calidad de armador artesanal de la zona norte. Es un hombre del mar a quien le ha tocado duro el paso, de hecho estrechamos lazos con ocasión de haberlo asesorado en la recuperación administrativa de sus permisos de pesca, los cuales habían sido caducados por parte del Servicio Nacional de Pesca. Luego de diversas gestiones, y de haber recurrido a Contraloría, su calidad de armador artesanal fue repuesta, y aquel pudo volver operar en la zona”, dijo a DF MAS Pablo Manríquez, el abogado detrás del recurso de protección que acabó con las perforaciones.

Manríquez es un abogado experto en temas pesqueros. Es asesor de la Federación de Pescadores Artesanales y Ramas Afines (Fedepes) del Biobío y en esa calidad ha ido a exponer varias veces en el Congreso en las discusiones relacionadas con el uso de los recursos marinos. Su nombre también figura en las querellas por el caso Asipes, de aportes ilegales a políticos de esa región, y ha sido contraparte de la Subsecretaría de Pesca en múltiples ocasiones.

Perforaciones

"Nunca dudamos de la ilicitud de la autorización dispensada a la industria, y en razón de ello se inició este camino”, sostiene Manríquez, cuya acción legal sacó a la industria de las cinco millas, tras una orden de no innovar que desde noviembre paralizó la autorización de Subpesca del 12 de septiembre de ese año.

Las principales empresas que operan en la zona, Camanchaca (de las familias Fernández y Cifuentes) y Corpesca (del grupo Angelini) delegaron la vocería sobre el caso en la Asociación Gremial de Armadores e Industriales Pesqueros del Norte Grande (Asipnor). A través de comunicado, esa entidad dijo que la resolución del tribunal no ha considerado la voluntad de quienes participan en la actividad pesquera en la zona, ni la información científica disponible.

"Se ha coartado la operación industrial sin que haya substitución por actividad artesanal, con el consiguiente impacto social, económico y estratégico para el país y, especialmente, para las regiones XV y I, donde la actividad pesquera es un polo fundamental de sus economías”, sostuvo la entidad.

Actualmente, en el norte poco más de 80 naves, mitad artesanales y mitad industriales (Corpesca y Camanchaca), pescan anchoveta y sardina. Los principales puertos de desembarque son Iquique, Arica y Mejillones, dependiendo de la disponibilidad de ambos recursos. En su memoria de 2020, publicada este mes, Corpesca sostuvo que sus capturas de anchoveta cayeron 84% con relación a 2019, logrando completar solo un 44,2% de su cuota de esa especie. Además recalca que para cuidar el recurso estuvo 85 días voluntariamente paralizada. El Congreso será ahora el que defina si se reabren o no las perforaciones. La nueva ley corta de pesca, las mantiene.

Ley Corta

"A la Subsecretaría le corresponde acatar este fallo de la Corte Suprema. Paralelamente, promoveremos un diálogo abierto sobre el mecanismo de las perforaciones, en el marco de la tramitación de la ley corta de pesca en el Congreso, que ya incluye esa materia, entre otras”, adelanta a DF MAS la subsecretaria, Alicia Gallardo. El proyecto estipula que para las perforaciones se requerirá además del consenso entre los pescadores que tienen inscritos los recursos correspondientes, un pronunciamiento del Consejo Zonal de Pesca respectivo, y un informe técnico de la Subsecretaría.

"Hay entonces un desafío: perfeccionar este mecanismo excepcional, contemplado por la ley hoy vigente, y que ha sido aplicado conforme a criterios históricos de operación en la parte norte del país, tomando en cuenta, además, factores como la especial morfología del relieve marino en el área, y los ecosistemas presentes en las cercanías de la costa”, explicita la subsecretaría. El problema, según los artesanales, es que este sistema está tremendamente desprestigiado.

De partida, porque fue consagrado en la llamada Ley Longueira por cuya tramitación el ex senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi fueron condenados por cohecho. Y por primera vez una empresa, Corpesca, fue condenada por soborno.

Los pescadores acusan a las pesqueras de diezmar los recursos y cooptar a los Consejos Zonales -que deciden sobre la actividad extractiva- con ofrecimientos de cooperación y ayudas, a cambio del voto favorable de sus miembros: representantes de universidades o institutos profesionales de la zona, el sector industrial, laboral, artesanal y de organizaciones sin fines de lucro. En todo el país existen ocho de estos consejos.

Pero la industria defiende que el clúster pesquero del Norte Grande ha permitido manejar adecuadamente los peces y aportar a las economías de esas regiones más de 1.500 empleos directos y otros tantos a través de las casi 2.500 empresas proveedoras del sector.

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