Sábado 10 de septiembre, 10 de la noche. Un hombre de 62 años rumbo a su casa decidió usar la Costanera Norte y cuando tomaba la salida de General Bulnes, un vehículo le corta el paso; el hombre sabe lo que va a pasar, pone marcha atrás, y del vehículo de adelante se baja un grupo y le disparan cinco veces directo al parabrisas. Murió en el mismo lugar, sentado en su auto.

El 31 de julio, cuando se difundió el video de un niño llorando mientras presencia una encerrona a metros de él, el mundo político salió a reclamar más seguridad en las autopistas. Incluso, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo: “Tenemos absolutamente claro que la responsabilidad de proteger recae sobre el Estado. Pero al mismo tiempo las tareas son compartidas (...) Necesitamos que también quienes administran las concesiones y carreteras tengan que avanzar en mejores medidas preventivas”.

La frase fue como un balde de agua fría para las concesionarias. Y las declaraciones las analizaron en Chile, Canadá y España, donde están los principales accionistas de carreteras chilenas. 

Grupos de WhatsApp con la policía, seguridad ciudadana y los municipios; cámaras de videovigilancia originalmente instaladas para alertar de accidentes de tránsito, ahora conectadas 24 horas al centro de control de Carabineros y $ 1.000 millones sobre la mesa para invertir en seguridad. Esas son algunas de las medidas que han tomado las concesionarias por culpa de un nuevo y violento delito en las vías urbanas: las 35 encerronas para robar vehículos que se producen al día en promedio.

En las concesionarias aseguran que la seguridad pública nunca estuvo dentro de sus prioridades, pero han debido entrar de lleno a ese mundo por los cada vez más violentos hechos. Y también por una razón de negocio: se ha empezado a notar que menos conductores prefieren andar a ciertas horas por las autopistas o usar ciertos tramos, lo que redunda en menos ingresos por TAG. 

Las cifras de Carabineros de esta semana dan cuenta de la magnitud del problema. Solo en septiembre se han registrado 395 casos de robos violentos de vehículos y hay más de nueve mil detenidos por robo de autos entre enero y septiembre. 

Se han recuperado 99 vehículos robados desde mayo, cuando inició el Plan Anti Encerronas. De los 393 detenidos por este plan, 93% son chilenos, y solo 7% extranjeros, además, la mayoría son hombres y mayores de edad. Pero, y lo más grave, es que se suman al menos seis muertes en las últimas semanas por este delito en distintas partes del país. 

Un problema del Estado 

Ejecutivos y accionistas de las concesionarias, en privado, aseguran que están trabajando en cuanta mesa ponga el gobierno porque hay un tema reputacional que atender, pero han dejado claro que la seguridad pública no es responsabilidad de ellos. El Estado, dueño final del camino, decidió concesionar las obras y operación, y se les encargó la infraestructura y seguridad vial, no prevenir robos. 

Los extranjeros, además, principalmente de nacionalidad española, han pedido a sus bases locales enviar reportes diarios de declaraciones de autoridades y están atentos a eventuales cambios en los contratos o más inversiones que deban revisar. 

No están cómodos con la situación, dicen en privado, pero prefieren mantener una relación fluida con el gobierno. 

Por eso el domingo, cuando la recién estrenada ministra del Interior, Carolina Tohá, bajó el tono de las recriminaciones a las autopistas por su responsabilidad, las concesionarias respiraron más aliviadas. Este año trataron de donar una decena de patrullas a Carabineros para reforzar la seguridad, pero por complejidades administrativas no fue posible, por lo que comprometieron inversiones adicionales por $ 1.000 millones, sin negociar el contrato base. 

Además, las concesionarias destacan la buena relación que han mantenido, en general, con el gobierno. La figura del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, a quien un ejecutivo califica como “un lujo de ministro”, les ha dado tranquilidad en cómo se lleve el proceso de conversaciones en torno al grado de responsabilidad de las concesionarias. 

El ministro García dice a DF MAS que “sabemos que las encerronas son un delito grave y que ya no son personas aisladas, son bandas organizadas, y es por eso que estamos trabajando seriamente para poder abordar un delito tan grave como este. Como MOP nos hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior para ojalá prevenir estos delitos”. 

Apunta además que esto “no se trata de echarse la culpa entre unos y otros, sino de sumar esfuerzos para abordar esta situación que afecta a tantas familias chilenas. Por eso hemos sumado a la mesa de trabajo a las empresas concesionarias, que han aportado su rol poniendo toda la disposición e incluso recursos propios de ellos para mejorar las inversiones en seguridad, en cámaras y todo tipo de medidas que nos permitan en conjunto enfrentar a los delincuentes que están circulando por las carreteras”.  

Por lo demás, la mesa de trabajo es multifactorial, porque hay que perseguir la ruta del dinero y qué pasa luego con esos vehículos robados por estas mafias. Se han descubierto empresas que se crean un día antes con un capital de $ 100 mil y que al día siguiente aparecen importando 50, 60 vehículos de alta gama. O también clonación de vehículos, que luego terminan siendo vendidos en Perú o Bolivia. Carabineros ha fiscalizado 139 talleres mecánicos buscando autos robados. 

Las concesiones que vienen

En la actual mesa de trabajo además está el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien emitió en agosto recriminaciones a las concesionarias por su rol como administradores del camino. A las horas de esas declaraciones, las empresas volvieron a recalcar que ellos no eran responsables de la seguridad pública de la nación. “Este es un problema del Estado”, zanjó la ministra Tohá este fin de semana. 

En cuanto a las inversiones, por ejemplo, para ensanchar las autopistas y habilitar espacios para que se ubiquen patrullas policías, las concesionarias lo ven como complejo, porque las vías ya están construidas y, en el caso de las rutas urbanas de Santiago, casi no queda espacio para ensanchar o expropiar terrenos. Y las que están construidas tienen espacios laterales pero para el caso de accidentes donde el conductor tenga que caminar hasta una salida de emergencia. 

Por eso las medidas irían por más patrullajes de carabineros, así como mejores cámaras de seguridad. Además, recalcan que no deberían seguir andando vehículos sin patente. Pero, otra vez, eso es resorte del Estado. 

Alertan, por ejemplo, que las nuevas patrullas policiales de carabineros son tan anchas que casi no alcanzan a ocupar un carril de las autopistas y en algunas salidas tienen complejidades para movilizarse. 

Varios recuerdan las negociaciones que el gobierno pasado tuvo con los operadores de la Ruta 5 en el sur, a quienes se les pidió instalar centros blindados de resguardo para camioneros víctimas de la violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía, así como cámaras infrarrojas en las vías.

“En general las concesionarias tienen buena disposición para hacer mejoras fuera de su competencia. Pero claro, hay que hablar con ellas de precio y forma de pago”, explica un ex funcionario del gobierno anterior.  

Lo que sí tienen claro tanto en el gobierno como en las concesionarias es que las licitaciones de rutas que vienen, sí o sí incluirán más inversiones en seguridad pública. Ya se está trabajando en las bases para varios tramos de la ruta 5, la 68 casi completa y la Ruta del Itata. Y como la obra gruesa está construida en buena parte, ahora serán concesionadas a cambio de mejoras en seguridad y relación con las comunidades. 

En total, se esperan unas inversiones superiores a los US$ 2.000 millones en nuevas concesiones en los próximos cuatro años. Para el caso de las autopistas urbanas, que es donde se da la mayor cantidad de encerronas, los contratos aún tienen para un buen tiempo más, por lo que las medidas deberán ser negociadas una a una. 

Al menos las concesionarias derribaron uno de sus temores, cuando el presidente Gabriel Boric inauguró la Autopista Vespucio Oriente I en julio y dijo que las concesiones era una política de Estado e iba a seguir. En algún momento, las empresas y sus accionistas se preocuparon por el rumbo que podía tomar el Ejecutivo nuevo respecto al futuro del negocio. 

El flanco judicial 

Las demandas en el Poder Judicial en contra de autopistas se cuentan por miles. Lugares con mala visibilidad, mal iluminados, falta de señalización y un largo etcétera. Pero también por conductores que iban ebrios, se volcaron y luego acusaron a la autopista. Las decisiones en  tribunales han sido mixtas, y en algunos casos le dan la razón a la concesionaria y en otros a los usuarios. 

Sin embargo, hay un precedente en seguridad pública que tiene alerta a las empresas. En la década pasada, varios usuarios denunciaron a autopistas como Central y Del Sol de recibir piedrazos mientras conducían. La justicia condenó a las empresas y las obligó a cubrir con mallas las pasarelas peatonales sobre la autopista, desde donde se lanzaban las piedras, además de indemnizar a los usuarios. 

Ese precedente, advierte un ejecutivo, podría generar una réplica hoy con la eventual responsabilidad contractual de las concesionarias en las encerronas.  

Michael Brito, abogado del estudio Brito & Orellana, cuenta que ya presentaron la primera demanda colectiva contra la Autopista Vespucio Oriente Express y el Estado de Chile por su responsabilidad con una treintena de víctimas de encerronas. Hasta ahora, solo ha sido acogida a trámite la demanda, pero no hay más avances en la causa. 

“Estamos buscando que se les responda por graves fallas de seguridad en las autopistas y la falta de mecanismos efectivos para prevenir delitos. El reglamento de la Ley de Concesiones estipula que las empresas deben constituir pólizas de seguros para cubrir daños de los usuarios. Y aquí tenemos no solo daños materiales, por el robo de un auto, sino también morales por las secuelas psicológicas que quedan en las víctimas”, explica Brito. 

Pero además, apunta el abogado, están estudiando demandar al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se repare a las víctimas y mejoren urgentemente los estándares de seguridad en las autopistas. 

Esta semana enviaron una carta a la Subsecretaría de Prevención del Delito para ser incluidos en la mesa de trabajo contra las encerronas. 

En las concesionarias creen que todas esas acciones judiciales tienen poco futuro. A diferencia de lugares mal señalizados, o cuando entra un animal a la ruta provocando un accidente de tránsito, en el caso de las encerronas ellos no son responsables. Y lanzan un dato: solo el 30% de los autos circula por autopistas, el resto lo hace por vías públicas.  

“Y no veo a nadie demandando al MOP o al Ministerio de Vivienda por robos o encerronas en vías públicas. Porque además, ¿qué quieren que hagamos, que tengamos francotiradores apostados en la ruta, que no dejemos entrar a los que se vean sospechosos? No tiene ninguna lógica esta demanda”, explica un ejecutivo.