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Bid-rigging, la conducta anticompetencia que investiga la FNE en caso Casinos

Bid-rigging, la conducta anticompetencia que investiga la FNE en caso Casinos

Se trata de una práctica que investiga los acuerdos horizontales para manipular procesos de licitación pública. Se introdujo en la Ley de Libre Competencia en 2016 y tiene sanción penal.

Por: Antonieta de la Fuente | Publicado: Sábado 13 de agosto de 2022 a las 21:00
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Eran las 7 AM del martes 2 de agosto cuando las policías irrumpieron en las casas de los tres principales ejecutivos de las tres cadenas de casinos que operan en el país.


Henry Comber, presidente de Enjoy; Jaime Wilhelm, CEO de Sun Dreams y Nicolás Imschenetzky,
presidente de Marina del Sol, reaccionaron con sorpresa. Sus cercanos coinciden en que ninguno esperaba una arremetida de esa magnitud de parte del regulador. Sabían que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tenía un proceso abierto producto del requerimiento de fusión de Dreams y Enjoy, pero, según fuentes de los tres grupos, jamás imaginaron que serían blanco de una investigación por colusión. 

En el allanamiento se llevaron computadores, celulares y documentos, los que ahora están en manos del equipo de carteles de la FNE, a cargo del abogado Juan Correa (ver recuadro). 


De inmediato surgieron las dudas. ¿Qué es lo que investiga la FNE? A diferencia de otros casos de colusión, como el de las farmacias, los pollos y el papel higiénico, en esta situación la mira del regulador no estaría puesta en los precios al consumidor final, sino más bien en el proceso de licitación.  “Acá la pelea no es en la cancha, sino que es por la cancha”, ejemplifica un abogado de libre competencia.

Presidio por 10 años

La figura se llama bid-rigging, en español, manipulación de ofertas en licitaciones públicas, una conducta que en EEUU y Europa acumula casos y que en Chile desde la modificación a la Ley de Libre Competencia de 2016, entró en la categoría de “cartel duro” dentro de las investigaciones de la FNE, es decir, forman parte de las conductas consideradas más graves dentro del sistema e incluso podrían tener sanción penal, de hasta 10 años de presidio. 


En este caso, en la industria se supone que la FNE estaría investigando la coordinación de los tres grandes actores de la industria de casinos en el proceso de licitación que se adjudicó la semana pasada y cuyos sobres con ofertas económicas se abrieron el viernes 5 de agosto.

Sin embargo, en la industria se indica que no se trata de ofertas fuera de lo común y que los montos responden al difícil momento económico del país y lo decaída que quedó la industria post pandemia. 

Desde esa fecha hasta ahora, han existido al menos dos casos de esta naturaleza investigados por la FNE y confirmados por la Corte Suprema. Uno fue el caso Ampollas en 2018 cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió multar a Fresenius Kabi Chile y su filial Sanderson por afectar los resultados de las licitaciones públicas convocadas por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) para adquirir medicamentos inyectables.

Y luego el caso Caso Sueros en 2020, donde el TDLC condenó a dos laboratorios por arreglar el resultado de dos licitaciones para la adquisición de suero fisiológico.

En Estados Unidos y Europa la figura del bid-rigging es conocida y hay varios casos emblemáticos que han marcado pauta. Uno de ellos fue el escándalo de Buffalo Billion en Nueva York, un proyecto anunciado por el gobernador Andrew Cuomo  en 2012 para invertir mil millones de dólares en el área de Buffalo, donde empresas contratistas entregaron sobornos y manipularon las ofertas de las licitaciones. 

 

Los abogados: Huerta, Pellegrini y Velozo

Lo claro ahora es que, según expertos en libre competencia, cuando la FNE allana e incauta computadores, documentos y sobre todo celulares, es porque cuenta con antecedentes contundentes. 

Por lo mismo, las compañías actuaron rápido y contrataron equipos legales que por estos días recaban antecedentes e intentan dilucidar el caso, porque hasta ahora, no hay ningún requerimiento formal abierto de parte de la FNE. 

Enjoy, ya trabajaba con el estudio Claro & Cía en la fusión con Dreams, a cargo de los abogados Felipe Larraín y Santiago Bravo, y esta semana definieron que el caso FNE será visto por José Miguel Huerta, del mismo estudio.  

Sun Dreams, por su parte, es asesorado en materia de libre competencia por Julio Pellegrini, de Pellegrini & Rencoret, quien está a cargo de la fusión y del actual caso. 

Sun Dreams además trabaja con la agencia de comunicaciones Simplicity, pero para este caso particular, contrataron los servicios de Extend Comunicaciones.

En el caso de Marina del Sol, su abogado para este caso es el exministro del TDLC Javier Velozo, socio de Contreras Velozo. 


 
El abogado de la FNE que investiga carteles

Juan Correa es el jefe de la Unidad Anti-Carteles de la FNE. El abogado de la Universidad de Chile tiene una Maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York, ha asistido en varias ocasiones a capacitaciones con el FBI y otras agencias globales. Lo definen como analítico y hasta obsesivo con el detalle y la minuciosidad de su investigación.

Además, lo sindican como especialista en machine learning e inteligencia artificial. Un abogado de la plaza lo explica así: “Las colusiones del futuro no van a ser entre personas sentadas en un café anotando en un Excel a mano los porcentajes a repartirse de un mercado, van a ser a través de softwares que echen a correr y que corrijan cualquier distorsión fuera del cartel. Correa y su equipo se han especializado en eso”.

Correa, hijo del ex ministro Jorge Correa Sutil y la historiadora Sol Serrano, casado con la doctora en Ciencia Política del MIT, Loreto Cox, partió en 2010 en la Fiscalía y rápidamente se hizo camino en la entidad, cuando era dirigida aún por Felipe Irarrázabal.

Ahí armó dupla con el subjefe de la unidad, Eugenio Ruiz-Tagle, abogado de la Universidad Católica y también experto en técnicas intrusivas avanzadas.

Muchas de las interceptaciones telefónicas que ha hecho la FNE deben ser escuchadas por horas por funcionarios de la repartición. Y eso significa escucharlo todo. Las conversaciones familiares, entre trabajadores y hasta problemas de salud. La PDI envía el material completo, sin editar, cuando “pincha” un teléfono, y en la oficina de Correa, donde trabajan en total 16 personas, tienen que repartirse la escucha.

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