Juan Correa es el jefe de la Unidad Anti-Carteles de la FNE. El abogado de la Universidad de Chile tiene una Maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York, ha asistido en varias ocasiones a capacitaciones con el FBI y otras agencias globales. Lo definen como analítico y hasta obsesivo con el detalle y la minuciosidad de su investigación.

Además, lo sindican como especialista en machine learning e inteligencia artificial. Un abogado de la plaza lo explica así: “Las colusiones del futuro no van a ser entre personas sentadas en un café anotando en un Excel a mano los porcentajes a repartirse de un mercado, van a ser a través de softwares que echen a correr y que corrijan cualquier distorsión fuera del cartel. Correa y su equipo se han especializado en eso”. 

Esto, añaden los expertos, cobra relevancia para el caso que tiene la fiscalía en sus manos: la existencia de un posible cartel entre empresas de la industria de los casinos.

La FNE ordenó la semana pasada allanar las casas de algunos de los principales ejecutivos de las compañías operadoras de casinos, debido a una investigación de un posible caso de colusión en la industria.

Según publicó este miércoles DF, efectivos de la PDI allanaron casas de ejecutivos de los casinos Enjoy-Dreams y Marina del Sol durante la semana pasada, en un operativo que se llevó a cabo de forma reservada y donde incautaron celulares, celulares y otro tipo de documentos.

Correa, hijo del ex ministro Jorge Correa Sutil y la historiadora Sol Serrano, casado con la doctora en Ciencia Política del MIT, Loreto Cox, partió en 2010 en la Fiscalía y rápidamente se hizo camino en la entidad, cuando era dirigida aún por Felipe Irarrázabal. Ahí armó dupla con el subjefe de la unidad, Eugenio Ruiz-Tagle, abogado de la Universidad Católica y también experto en técnicas intrusivas avanzadas.

Muchas de las interceptaciones telefónicas que ha hecho la FNE deben ser escuchadas por horas por funcionarios de la repartición. Y eso significa escucharlo todo. Las conversaciones familiares, entre trabajadores y hasta problemas de salud. La PDI envía el material completo, sin editar, cuando “pincha” un teléfono y la oficina de Correa, donde trabajan en total 16 personas, tienen que repartirse la escucha.