A José Luis Medel le quedaba sólo un día de trabajo en el barco Bruma. Es que él junto a su tripulación se dedicaban a la pesca de bacalao de profundidad, y Bruma ya había consumido su cuota del producto en la región, por lo que ya estaba con aviso de cierre de cuota.

Pero el domingo 30 de marzo en la madrugada, a eso de las 2 AM, todo cambió para Medel y su familia, luego de que se perdiera el rastro de la nave, en un episodio que con el correr de las horas y días dio cuenta de una tragedia, un naufragio, y la desaparición de las siete personas que iban a bordo de la embarcación, que se encontraba fondeada en la bahía de Coronel, a unos 15 kilómetros de la isla Santa María, en la región del Biobío.

“A José Luis Medel le faltaba un día. Estaba realizando maniobras para volverse a tierra”, cuenta al teléfono Claudia Urrutia Márquez, quien se ha erigido como vocera de las familias afectadas por el naufragio, dado que es presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera del Maule y presidenta de la Federación Nacional Bacaladera de Chile, entidad que reúne a pescadores del rubro, de Valparaíso a Punta Arenas, y que Bruma integraba. La tragedia está aún en total desarrollo, pues al cierre de esta edición todavía no eran hallados los ocupantes de la embarcación naufragada.

El caso golpeó con fuerza a Blumar, una de las principales compañías chilenas que opera en pesca extractiva y también acuícola, vinculada en propiedad a las familias Sarquis (37,54%) y Vinagre (12,51%), entre otros socios, según datos de la última memoria disponible de la compañía. El caso es que una de las tesis investigativas que maneja el propio Ministerio Público (MP) es la de una posible colisión de otra nave con Bruma. En la mira está Cobra, de Blumar.

Nada está zanjado sobre esta presunta responsabilidad, pero sí hay situaciones que hasta ahora apuntan en aquella dirección investigativa. Dato uno: de los 18 tripulantes de Cobra, hay cuatro que declararon en calidad de imputados en la causa, otros lo hicieron como testigos. Dato dos: la nave Cobra misma quedó con arraigo, sin posibilidad de zarpe, y se le han practicado diversas diligencias. Dato tres: el mismo fiscal que tomó el caso en su inicio, Hugo Cuevas Gutiérrez, de la fiscalía de Coronel, indagó el caso bajo la figura de cuasidelito de homicidio como hipótesis. Hoy el caso está al mando de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien esta semana templó sus dichos. “No hay una principal hipótesis todavía”, dijo.

Y, por si fuera poco, el viernes 4 de abril, en momentos en que tripulantes de Cobra debían participar en una jornada de apoyo psicológico proporcionada y en dependencias de la propia Blumar, en Talcahuano, tras tomar desayuno en San Vicente, uno de los tripulantes, Juan Sanhueza —quien se había desempeñado en labores de vigía en Cobra cuando ocurrió la tragedia de Bruma—, decidió irse por su propia cuenta, separado de sus compañeros, en micro. Pero nunca llegó a destino. Ese mismo día, además, Sanhueza debía concurrir a la PDI, a las 16 horas, a declarar.

Y sumándole una progresión a esta tragedia, Sanhueza fue encontrado sin vida este jueves, enlutando a su familia y a Blumar. La última señal que su teléfono había emitido fue desde Parque Tumbes, cerca de los cerros en la comuna de Talcahuano.

Los ribetes que tomó el caso hicieron que la plana mayor de la firma activara una serie de acciones para controlar la crisis. Incluso el mismo Rodrigo Sarquis, presidente de Blumar, viajó esta semana a la región del Biobío para monitorear in situ los sucesos, a pesar de estar convaleciente de un problema de salud.

K1 y Ultrasea

Al interior de Blumar no hay dos opiniones en que esta es una “crisis muy grande” y fuerte en la compañía que opera en seis regiones de Chile y con 2 mil personas, marcada por la tragedia y las repercusiones humanas que han ido escalando. Todo un torbellino que llevó a la alta gerencia y dirección de Blumar a asumir este trance al más alto nivel.

¿Qué significa en la práctica? Blumar activó en la interna el K1, el más alto peldaño de equipos de crisis, cuando se involucra vidas humanas y accidentes graves, de su Sistema K diseñado hace unos años, que considera tres escalones, pues también tienen diseñado niveles K2 y K3, según la gravedad de los casos.

La cabeza del comité de crisis es el CEO de la firma, Gerardo Balbontín Fox -quien lleva 31 años en la compañía, más de 20 como gerente-, acompañado de los gerentes de negocios y operaciones y el jefe de flota —todos del área pesca—, a los que se sumaron profesionales externos. Partiendo por el abogado penalista Alejandro Espinoza Bustos, un reputado profesional de la región del Biobío, y que ha visto casos icónicos en la zona, como la defensa de profesionales del edificio Alto Río, que colapsó en el 27 F, y también casos nacionales, como representante de involucrados en el llamado caso SQM.

Alejandro Espinoza Bustos, abogado penalista que está asesorando a Blumar.

Espinoza, además, es presidente de la Fundación Amparo y Justicia, creada por Andrónico Luksic para apoyar a familias que pierden hijos abusados sexualmente con resultado de muerte. El rol de Espinoza hasta ahora se ha centrado en dar asesoría y apoyo a la empresa misma, a sus ejecutivos y a los equipos de la nave Cobra. Este martes, además, Blumar comenzó a trabajar con la asesoría de la firma Simplicity para el manejo de esta crisis y la vocería, marcando un giro, con conferencia de prensa incluida ese mismo día.

A nivel de directorio, se han sucedido dos extraordinarios, uno el miércoles 2 y otro este miércoles 9, con el fin de mantener a toda la cúpula directiva de Blumar informada de cada progresión del caso y para recibir feedback.

Además de estos pasos organizativos, la firma ha desplegado diversas acciones. Contrató a la empresa Ultrasea, de Puerto Montt, especializada en robótica submarina, lo que le permitió a Blumar aportar a la marina con tres robots para inspeccionar la zona del naufragio, con capacidades de inmersión a 400, 500 y 1.000 metros de profundidad. Para tener una dimensión de la profundidad, basta comparar con los 300 metros de altura de la torre Costanera Center.

En paralelo, además, había desplegado a su propia gente para buscar y “peinar” la zona —sacrificando turnos— para dar con Juan Sanhueza. Una brigada de búsqueda de unas 100 personas que iban a suplementar con drones, en una pesquisa que fue infructuosa dado el hallazgo del cuerpo de Sanhueza. La firma había instruido, asimismo, apoyo psicológico para la tripulación de Cobra, con dos sesiones semanales para cada uno, apoyo a las señoras, y habilitando una línea 24 horas para atenciones de urgencia y contención, atendida la enorme presión social que hay sobre ellos.

¿Contacto con las familias del naufragio de Bruma? Aunque en la interna han querido acercarse —indirectamente, a través de autoridades, como alcaldes—, la recomendación recibida es “tiempo al tiempo”, es decir, que este no es el momento, pues ellos están en medio de la tragedia, requieren su espacio para el duelo, y ya habrá instancias para tender esos puentes en un ambiente más sereno.

Declaraciones a tres bandas

Cuando se desató el naufragio de Bruma el domingo 30 de marzo, en el entorno de Blumar explican que Gerardo Balbontín estaba en Punta Arenas, pero la rapidez con que se sucedieron los hechos, llevaron a que el martes viajara a Biobío.

El lunes se había producido el inmediato llamado a Cobra para que volviera a puerto, porque iban a ser interrogados por la Fiscalía Naval, y la nave era de interés para la investigación. Aquella madrugada fatídica de domingo, Cobra había recién empezado su travesía en el mar desde San Vicente, unas dos horas antes del momento en que se estima ocurrió la tragedia de Bruma, con una tripulación que llevaba cuatro días de descanso, por lo que estaba fresca.

Personas del entorno de Blumar dicen que ya en tierra, Balbontín tuvo la oportunidad de juntarse en cuatro ocasiones con el capitán de Cobra, Roberto Mansilla -un experimentado hombre de mar que ha trabajado 45 años en la compañía-, y una vez con el piloto, y lo mismo con cuatro tripulantes. Todos son empleados de Blumar. ¿Qué se sacó en limpio de aquellas conversaciones? Como a las 3 AM detectaron un ruido a nivel del puente del barco —había olas de cuatro metros y viento fuerte en la zona— y a las 4 AM otro, pero nunca lo atribuyeron a una colisión, sino que buscaron algo interno.

A nivel formal, hasta ahora la tripulación de Cobra ha declarado en tres instancias distintas: ante la Fiscalía Naval el mismo lunes 31 de marzo, apenas recaló la nave; luego, ante el MP; y luego, ante la PDI.

La indagatoria ante la Fiscalía Naval para este caso la dirige Pedro Herrera Cabrera, fiscal marítimo permanente de la Directemar, de Talcahuano, pues es esta instancia de la Armada la que lleva la investigación técnica de lo sucedido, y cuyos insumos y datos aportan al ámbito penal del MP. Los 18 tripulantes de Cobra declararon ante esta instancia el lunes. También los 18 lo hicieron ante el MP, pero sólo 17 lo hicieron ante la PDI, pues Sanhueza, quien llevaba 29 años en la compañía, y era parte de la “familia Blumar”, no llegó a esa instancia.

La tesis del abordaje

Al interior de Blumar hay conciencia de que se vienen semanas difíciles, pues un escenario en el horizonte es que el caso de Bruma siga escalando. Desde ya el abogado de las familias de los siete tripulantes desaparecidos de la nave, Rafael Poblete Saavedra, tiene pensado activar acciones tanto de naturaleza civil y también penal, habida cuenta de que, a su entender, sigue prevaleciendo como tesis central la colisión, el abordaje, en términos marítimos.

“Los instrumentos satelitales muestran que a la hora del impacto, las 2 am del 30 de marzo, se intersecta la trayectoria de Cobra con el punto en que estaba Bruma. No hay otras naves que intersecten”, dice el abogado.

Poblete explica a DF MAS que la acción legal, en principio, la dirigirían por dos tipos penales. Uno, por homicidio con dolo eventual —pues en derecho marítimo el capitán es el primer responsable de la seguridad de la nave—, y dos, por homicidio por omisión o denegación de auxilio, toda vez que -indica Poblete- debieron auxiliar a una nave en peligro de su tripulación.

Poblete Saavedra es claro en que todavía no ha ingresado la querella, pues cada día los hallazgos aportan nuevos antecedentes, y que, si bien ambos cargos los dirigiría en contra del capitán de la nave Cobra, toda querella es ampliable, por lo que no descarta que haya más responsables. Y también menciona responsabilidades de la compañía en materia civil.

Como en toda compañía que trabaja en el rubro marítimo, en Blumar, dicen entendidos, hay seguros de naturaleza civil y accidentes, los tradicionales P&I, seguro de protección e indemnización, y D&O, para directores y oficiales.

La indagatoria del caso tiene un plazo de 20 días hábiles, que se cumplen el 6 de mayo, pero que son ampliables, de un caso que hasta ahora tiene muchas más preguntas que respuestas. Por ejemplo, el radar de cualquier embarcación en la zona debió haber detectado a Bruma que, según los datos del caso, estaba fondeada en una zona de alto tráfico. ¿Por qué no se detectó a Bruma si es que hubo una colisión de otra nave? No hay respuesta hasta ahora, sino sólo preguntas.

Fraccionamiento y aranceles de Trump: los otros frentes

Este caso obligó a Gerardo Balbontín Fox —un  ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santiago, con un MBA en la UAI, que llegó en 1994 a la gerencia comercial de Itata, que en 2011 se fusionó con el Golfo, dando origen a Blumar— a estar todos estos días centrado en esta crisis, lo que le ha impedido, como lo hacía antes, ver de manera personal las sesiones de las comisiones en el Congreso donde esta semana ha estado en la palestra y se ha debatido el proyecto de ley conocido como fraccionamiento pesquero.

Claro que la empresa con sus equipos gerenciales sí las ha seguido, pues la iniciativa cambia la proporción de pesca —del total de cada pesquería—, a la que tendrían derecho industriales y artesanales, en favor de estos últimos. Un tema que ha sido resistido por el mundo industrial, al considerar que se cambian las reglas del juego, dado que la ley de 2013 estableció Licencias Transferibles de Pesca (LTP) a 20 años y renovables.

Blumar tiene incorporados sus derechos de permisos de pesca como un activo intangible indefinido (como vida útil), y lo tiene valorizado en US$ 51 millones a diciembre de 2024. Y según estimaciones internas, en lo grueso y tomando las distintas pesquerías, el proyecto de ley le significaría una merma. En 2024 llegó a 124 mil toneladas por sus derechos. Con el aumento del 25% que estableció la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur para el jurel, Blumar debiera crecer a 150 mil en total. Y, en cambio, si el proyecto llega a ley, les descendería a unas 111 mil toneladas. 

Con utilidades que al cierre de 2024 llegaron a US$ 17,9 millones, superiores en 36% a los resultados de 2023 (US$ 13,1 millones), hay además otra urgencia a la que está haciendo frente Blumar: el alza de aranceles anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 10% a Chile. Ocurre que Estados Unidos es uno de los principales mercados de destino de Blumar.

Si bien hay diferencias según productos -harina y aceite de pescado, jurel congelado, etc-, en el neto, Estados Unidos se erige como el principal destino de las ventas de Blumar, muy influido por la relevancia del segmento salmones, mercado al que destina el producto más premium y de mayor valor agregado, el filete. “Estados Unidos, y los mercados latinoamericanos representan aproximadamente un 39,2% y 7,0% de las ventas respectivamente, por lo que cualquier suceso particular en estos países, puede mermar significativamente los ingresos que ambos mercados generan para la empresa”, dice un informe de la clasificadora Humphreys de Blumar, fechado en febrero pasado.

En el entorno del directorio de la compañía reconocen que están viviendo esta situación con perplejidad, abonada además con la confusión que hubo tras la marcha atrás que dio Trump este miércoles, con una tregua de 90 días a los países que no habían aplicado represalias, pero que con el correr de las horas decantó en que, al parecer, sigue en pie el alza del 10% para Chile.

Esta semana la firma estaba tratando de obtener datos y certezas a través de BlueGlacier LLC, una firma relacionada a Blumar, dedicada a la industria del retail, y cuya principal actividad es la comercialización de los productos de salmón en Estados Unidos, y donde comparte propiedad con otra salmonera, Ventisqueros.

Testigos indican que hasta ahora los contactos preliminares con los clientes -las grandes cadenas de supermercados, entre otros- han arrojado que la posición es que sería imposible traspasar a precio de consumidor el alza de 10% y que inevitablemente al menos parte del alza debería ir a menos margen de los productos. Muy preliminarmente se ha hablado de no más de 5 a 6% de traspaso, en tratativas en completo desarrollo.