El edificio donde iba a estar la “primera clínica pública” de Santiago sigue ahí, vacío. La compra que en 2022 hizo la municipalidad de esa comuna, en la administración de Irací Hassler, del inmueble ubicado en el número 1181 de la calle Sierra Bella en el centro de Santiago a la Inmobiliaria San Valentino, de propiedad del empresario Felipe Sánchez, lleva dos años judicializada.

Le costó caro a la exalcaldesa Hassler, quien es investigada por la Fiscalía; una de sus aristas le pegó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, quien tuvo que renunciar a su cargo esta semana y el municipio, ahora comandado por Mario Desbordes, tiene congelado un vale vista por $ 2.500 millones. El dueño del edificio, por su parte, quiere que se registre el contrato y posterior a eso pedir que se le pague lo comprometido: los $ 8.200 millones de la polémica. Y más intereses por retraso.  

En la Corte de Apelaciones hay dos causas sobre el contrato. Sobre dicho acuerdo de compraventa que la municipalidad trató de desistirse de mutuo acuerdo tras los primeros cuestionamientos de la Contraloría, el caso está a la espera de un fallo.

Por una parte, el municipio dice que hay irregularidades en su inscripción y falta de cuestiones procesales. La defensa de San Valentino dice que no, que todo está en regla. Ellos interpusieron una acción civil para que un tribunal ordenara su inscripción, la cual fue negada por el Conservador de Bienes Raíces, “en contra de toda la historia registral y la jurisprudencia chilena”, dicen desde San Valentino. 

Felipe Sánchez explica así a DF MAS las disputas en materia civil que tienen con la municipalidad.

“En primer lugar, respecto a la acción de nulidad del contrato ejercida por la Municipalidad de Santiago, encabezada por Irací Hassler, ésta se fundamenta en una supuesta lesión enorme que ha sido completamente descartada. Seis de las siete tasaciones contenidas en la carpeta investigativa respaldan el precio de la compraventa. Si bien el peritaje encargado por la Fiscalía arrojó un valor menor que las otras seis, dicho informe presenta serias irregularidades, las cuales han sido advertidas tanto a la empresa que lo elaboró como a la propia Fiscalía. Incluso ese cuestionado peritaje no permite sostener la existencia de una lesión enorme, por lo que cualquier abogado con conocimientos básicos en la materia descartaría dicha hipótesis”.

Asimismo, una de las razones que se esgrimieron para anular el contrato, es que faltaba el RUT de Hassler en el encabezado del contrato. “Sin embargo, su RUT figura expresamente en el pie de firma del documento, por lo que se encuentra debidamente individualizada. En un acto de completo desdoro, la Municipalidad intenta aprovechar un error propio para invocar malintencionadamente un resquicio legal provocado por ella misma con el fin de anular un contrato perfectamente válido. Esta acción no sólo contraviene la jurisprudencia chilena, sino que también es inaceptable para una institución pública”.

La última vez que Hassler habló del tema fue en la marcha del Día de la Mujer de este año. Allí, la exalcaldesa dijo que “quiero decir que a inicio de dos años de la investigación de Sierra Bella, no hay ningún solo antecedente en mi contra (...) Estoy contenta de que se esté avanzando en el tema, espero que se cierre prontamente”. 

Sin embargo, más allá de los dimes y diretes de la actual y antigua administración municipal, lo cierto es que el contrato sigue existiendo y si San Valentino logra que la Corte de Apelaciones ordene que se registre, luego vendrá una acción de cobro. Y no sólo eso, también podrían venir demandas por indemnización de perjuicios.

San Valentino no ha podido usar el edificio para ningún fin, porque está habilitado como centro médico y ningún arrendatario del mundo de la salud quiere firmar un contrato con un inmueble que puede sufrir cambios por vía judicial en cualquier momento. Por lo mismo, por todos estos dos años y contando que la inversión está estancada, San Valentino pedirá indemnizaciones por daños y perjuicios, lo que se hará una vez se cierre el tema penal y el contrato quede registrado a firme. 

“Hace ya dos años constituimos formalmente la mora por incumplimiento del contrato celebrado con la municipalidad, institución que deberá responder por todos los perjuicios ocasionados a nuestra empresa. Mientras el litigio civil siga en curso, estos perjuicios continuarán acumulándose, afectando tanto a la empresa como a los vecinos de Santiago. Además, dado que los recursos están comprometidos para este contrato conforme al derecho administrativo, la actual administración sabe perfectamente que dichos fondos no podrán destinarse a otro fin hasta que exista una resolución judicial firme y ejecutoriada”.

Una de las cláusulas del contrato estipula multas por no pago que se cobran de acuerdo a la Tasa Máxima Convencional por cada mes impago. Según cálculos internos, la deuda ya superaría los $ 12 mil millones. 

Desde la municipalidad, comandada ahora por Desbordes, respondieron al empresario. Primero, aclararon que “desde que la nueva administración asumió la representación del municipio en este caso no hemos tenido contacto con el señor Sánchez o sus representantes”.

“Es necesario aclarar que existen dos juicios civiles en desarrollo. Uno es respecto de la inscripción del contrato que se demanda en forma voluntaria, y el otro es la decisión del municipio de solicitar la nulidad del contrato por lesión enorme. Ambos están en la Corte de Apelaciones y lo que corresponde ahora es que aquello se resuelva conforme a derecho y en resguardo de los intereses del municipio y, por ende, de los vecinos de Santiago”, apuntaron desde el municipio. 

En paralelo, no sólo solicitaron la nulidad del contrato, sino también la devolución del vale vista retenido por la Fiscalía, “porque se trata de recursos valiosos (en torno a $ 2.500 millones) para el municipio”. 

Pero el capítulo que tiene más atento al mundo político es lo que pase con la investigación que lidera el fiscal Patricio Cooper. Hasta ahora, abogados que son parte de la indagatoria dicen que Cooper no tiene mucho para formalizar a Hassler ni a Sánchez. 

“Debemos señalar que en la causa penal, que ya se extiende por más de dos años, se ha acreditado fehacientemente que Inmobiliaria San Valentino no tuvo vinculación alguna con los tasadores ni con el estudio que éstos desarrollaron. Por esta razón, hemos solicitado una audiencia de sobreseimiento definitivo, fijada para el próximo 4 de abril”, dice el empresario. 

Justamente, cuando solicitó la audiencia para que se termine la investigación penal en su contra, emitió un comunicado indicando que “con el paso del tiempo, he decidido que un tribunal imparcial y justo evalúe los antecedentes en su totalidad para demostrar que jamás he incurrido en irregularidad alguna, como se acusó públicamente”.

Sánchez apuntó que este caso “ha tenido un impacto devastador en lo personal, familiar y patrimonial. Las consecuencias han sido profundas, afectando no sólo mi vida y la de mi familia, sino también el desarrollo normal de nuestras actividades profesionales, que con mucho esfuerzo, rigor y trabajo hemos llevado adelante. Incluso, la investigación acreditó que los dineros con que se compró el recinto estaban respaldados y provenían del fruto de años de trabajo”.

De hecho, la clínica estética que tenía en la zona oriente de Santiago cerró y está en un juicio. 

Consultada directamente la municipalidad sobre si han logrado encontrar indicios concretos de alguna unión irregular entre la anterior administración y los dueños del inmueble de Sierra Bella, dijeron que “lo que la investigación indica, hasta ahora, es que se configuraría la comisión de delitos por parte de exfuncionarios del municipio, como estafa, falsificación de instrumento privado o fraude al fisco. Esto, además de algo que parece evidente para todos: está configurado que hubo un sobreprecio y una coordinación previa entre los tasadores. Sin embargo, eso es algo que aún está en etapa investigativa, no ha habido formalización y, por tanto, no estamos en condiciones, en este momento, de imputar responsabilidades”.

Sin embargo, fuentes al tanto indican que la audiencia del 4 de abril será clave para poner todas las cartas sobre la mesa y desacreditar las pruebas de la Fiscalía en cuanto a irregularidades con las tasaciones.

En tanto, las nuevas aristas que puedan surgir de la causa madre -Sierra Bella- podrían tener más destino, como los supuestos tráficos de influencia entre Hassler y Cariola, pero de la clínica y su contrato, en la justicia penal no sería mucho lo que queda por discutir. O eso creen los involucrados.