Querellas que se están tramitando en la justicia en Santiago dan cuenta de un problema legal que desde hace unos meses están enfrentando los socios de las firmas financieras Eloy Servicios Financieros y Eloy Corredores de Bolsa de Productos: los empresarios Alejandro Matías Jarpa y Juan Diego Gras.

Este último es miembro de la familia controladora de Empresas Socovesa, con el 1,38% de la propiedad de esta compañía de manera directa e indirecta, según la última memoria de 2022 de la constructora. 

En ambas acciones legales la acusación es por apropiación indebida. Según ahí establecen los dos inversionistas que están detrás de las acciones penales, es que ellos habrían entregado dinero para ser invertido en productos financieros, que luego no fueron pagados, pese a reiteradas solicitudes.

En los dos escritos aparece una vinculación con Conservera Pentzke, la emblemática compañía de la Región de Valparaíso que producía Dos Caballos -duraznos, frutillas, pimientos, entre otros alimentos enlatados-, que a fines de 2019 cayó en liquidación. 

La última querella presentada en junio la activó Automotora Continental -vinculada al empresario Jorge Manríquez, entre otros socios-, la que además imputó administración desleal. En esta acción legal se describe que el negocio principal de ambas empresas (Eloy Servicios Financieros y Eloy Corredores de Bolsa de Productos) era la intermediación de facturas emitidas por pagadores inscritos en la Bolsa de Productos, subrayando que ambas compañías tenían negocios o giros complementarios y que, de hecho, funcionaban en el mismo lugar, con la misma estructura administrativa y gerencial, por lo que salvo por el número de RUT, “no era posible distinguirlas, pues ambas operaban bajo el nombre de Eloy”. 

Con un mandato que data de 2016 en el caso de este querellante, los interesados presentaban “oportunidades de inversión” o de financiamiento que ellos habían previamente estudiado y evaluado como rentables y convenientes para el cliente, por lo que la automotora aportó dinero, en un modelo de negocios, que -según la querella- los denunciados cobraban vía comisión a las dos partes. Es decir, al inversionista y a la empresa deudora que recibía el dinero, en la práctica como préstamo. 

A mediados de 2019 apareció una oferta que les pareció interesante: invertir en facturas de Pentzke. “En esa época la sociedad Conservera Pentzke S.A. estaba al borde de la cesación de pagos (…) Existen diversos antecedentes que nos permiten concluir, sin lugar a dudas, que los querellados conocían la situación de insolvencia por la que pasaba Conservera Pentzke y a pesar de ello, la promovían como una oportunidad de inversión (…) Resulta imposible que a septiembre de 2019 los querellados no hayan conocido su real situación”, dice la querella.

Agrega que Eloy quedó como el principal acreedor por cuenta de inversionistas. “Sería bueno saber a cuánto ascendió la comisión de los querellados que la Conservera Pentzke les pagó por esos préstamos que los querellados hicieron con dinero ajeno que clientes como mi parte, de buena fe, les entregó para que hicieran una administración rentable y eficiente”, se lee en el escrito, el que también alude a otras inversiones en dólares.

La otra acción legal, presentada por una inversionista, Elly Guttmann Grunberg, apunta sólo contra Juan Diego Gras y puntualiza que invirtió por una relación de amistad y confianza con el querellado, quien era amigo de su hijo Dominique Auguin Guttmann.

En efecto, un artículo publicado por DF MAS, de octubre de 2021, da cuenta de que tanto Gras como Jarpa -ambos ex ejecutivos de Moneda Asset Management- coincidieron con Auguin en Grupo Conecta, vinculado al negocio del pádel. 

Alejandro Espina, uno de los abogados vinculados a los querellantes, dice que el contexto en que se desarrollaron los hechos “es más o menos el clásico en estas situaciones”, en que los gerentes de Eloy -indica este profesional- aparentaban solvencia, buenos resultados “y, en definitiva, vendían confianza, lo que se confirmaba por el supuesto respaldo de la familia propietaria de Socovesa, vinculada a uno de los socios, Juan Diego Gras Carmona”. 

Luego, prosigue este abogado, probablemente los negocios empeoraron y para subir sus utilidades aumentaron el riesgo en el que involucraban a sus clientes, “llegando al punto de ocultar o disimular el riesgo”.

“Resulta evidente que Conservera Pentzke desde hace tiempo que estaba pasando por muy serias dificultades que podían haber sido advertidas por cualquier persona que hubiere revisado sus números. Estas dificultades fueron ocultadas por los ejecutivos de Eloy”, dice, apuntando a que lograron inversiones por a lo menos $ 1.500 millones en deuda de esta empresa “a escasos 30 días de entrar en Reorganización, con un pasivo de $ 69.000 millones”, expone el abogado. 

Espina explica que Eloy también captaba dinero del público que invertía en moneda extranjera, otros productos financieros y que en el último tiempo derechamente dejó de pagar los rescates de estas inversiones.

En el grupo de las sociedades Eloy, una -Eloy Servicios Financieros, que no aparece como una sociedad regulada por la CMF- enfrentó ya un procedimiento de liquidación forzosa, por una solicitud de agosto de 2022 y cuya resolución, acogiendo el tribunal dicha liquidación, ocurrió en mayo de este año. En este escrito judicial se señala la “no comparecencia de la parte demandada”, por lo que el tribunal procedió a dictar la respectiva resolución de liquidación, con “la sola presentación del acreedor peticionario”.

En este mismo procedimiento, otro documento judicial, del 5 de junio de este año, se especifica que al proceder a la incautación e inventarios de bienes, “al llegar a la dirección señalada nos percatamos que se trataba de un domicilio particular, el cual se encontraba aparentemente sin moradores, luego de varios e infructuosos intentos de tomar contacto con algún representante de la deudora”.

“Cuando el liquidador se constituyó en los domicilios de Eloy resulta que ya ninguno de ellos correspondía, información que no coincide con la registrada en la CMF y en su sitio web, donde todavía aparecen con el domicilio en Rosario Norte y Sánchez Fontecilla. Hasta la fecha no se ha incautado ningún activo, ni siquiera un computador o un archivador con información. Absolutamente nada. El liquidador llegó hasta el club de pádel Conecta, que aparece vinculado a los socios de Eloy Alejandro Jarpa y Juan Diego Gras, que ha aparecido en múltiples publicaciones, como el nuevo éxito empresarial de estas personas”, indica el abogado Espina.

La defensa: “Hubo muchas personas que fueron afectadas, entre ellos, el señor Diego Gras”

Sin embargo, como en toda controversia, hay otra versión de los hechos. El abogado de Juan Diego Gras, Rodrigo de la Barra, descartó de plano que sus clientes estén no habidos.

“El señor Gras ya declaró hace alrededor de más de un mes frente a la Unidad de Delitos Económicos y comparecimos en conjunto a la Fiscalía de Las Condes, alrededor de hace dos o tres semanas”, dijo.

Sobre el fondo de las imputaciones, De la Barra planteó que éstas eran inversiones en las que la propia familia de Diego Gras sufrió pérdidas. Señala que esta investigación comienza alrededor de un año atrás, por una inversionista de una agencia de inversiones que se dedicaba a las operaciones de confirming, operaciones financieras con facturas de empresas precalificadas, en un sistema de bolsa abierta. Explica que estaba en curso un proceso de adquisición de Pentzke, por parte de un inversionista extranjero, pero que frente a la crisis social de octubre de 2019, se frustró dicho negocio.

“Con la caída de esa operación, hubo muchas personas que fueron afectadas, entre ellos, el señor Diego Gras”, explica el abogado, lo que derivó en la liquidación de la mencionada firma Pentzke, donde los aludidos son representantes de los inversionistas. 

“También han declarado familiares del señor Gras que también perdieron inversión en esa misma compañía. A menos que se estime que tener un mal resultado en una inversión es delito, nosotros descartamos cualquier tipo de imputación delictiva tajantemente. Había incluso familiares y ellos también fueron afectados con los resultados negativos de esta inversión que se cayó en el contexto del estallido social”, dice.

Y continúa: “Para ser muy honesto, los principales afectados con la debacle financiera que significó el fracaso de esta operación son los familiares de Diego, lo que le trajo graves problemas. Incluso algunos han declarado en Fiscalía. Todo inversionista avezado entiende que no hay inversiones que aseguren 100%. Si no, no existirían las inversiones. Cualquier persona que pone plata en el sistema financiero sabe que más allá de los depósitos a plazo, hay un margen relevante de riesgo. Y en este caso, lamentablemente, y en primer lugar, para la familia de Diego la inversión no resultó, porque se cayó”, afirma De la Barra.

Consultado por la posibilidad de recuperación, señala que “habrá que ver en los remanentes de dicho procedimiento si es posible recuperar para los inversionistas que no tenían posiciones privilegiadas ni créditos”, descartando tajantemente que Gras tenga él el dinero.

A su turno, Alejandro Matías Jarpa profundiza, señalando que ellos actuaban como intermediarios de productos de inversión que los inversionistas elegían, y que obviamente la tasa o rentabilidad dependía del riesgo. En este caso de Pentzke, que pagaba tasas más altas, estaba lista para ser fusionada con Agrocommerce.

De hecho, la resolución de aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica de esta operación se publicó el 15 de octubre de 2019, pero a los pocos días surgió el estallido, se cayó el negocio, y despúes vino la liquidacion de la conservera. 

Otro cercano destaca que todos los inversionistas era calificados de acuerdo con la normativa, con un patrimonio mínimo, lo que supone también que entienden un negocio donde a mayor tasa, hay mayor riesgo.

Otras sociedades de Eloy, Eloy Corredores de Bolsa de Productos y Eloy S.A, son las que aparecen como “vigentes” ante la CMF. De hecho, en 2021 Eloy Corredores de Bolsa de Productos fue multada por el regulador por 100 UF, luego de un proceso en que se ventiló un problema ocurrido a mediados de 2019 con un cliente. De acuerdo con el oficio de cargos de la resolución sancionatoria de la CMF, de abril de 2021, dos ejecutivos de Eloy no le informaron al cliente en cuestión sobre la suspensión de una firma de la Bolsa de Productos dado su mal comportamiento de pago, con el resultado de que el cliente salió perjudicado.

“Eloy omitió informar deliberadamente qué ocurría con el pagador”, dice parte de este documento de la CMF.   

Ahora, consultada la CMF por DF MAS por las querellas, por clientes afectados, por la situación de las compañías superviligadas y si éstas siguen funcionando, sólo respondieron lo siguiente: “Respecto de su consulta es importante precisar que Eloy CBP es una corredora de bolsa de productos supervisada como tal por la CMF y Eloy S.A. es una Administradora de Fondos de Inversión Privados sujeta sólo a obligaciones de información frente a la CMF, conforme lo dispuesto en la Ley Única de Fondos. Sin perjuicio de lo anterior, las labores de supervisión al respecto están sujetas a reserva conforme lo dispuesto en la Ley CMF”.