Lo que en un inicio pareció un proyecto clave para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile, hoy es una piedra en el zapato para la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y una desconocida empresa local de ingeniería. Ambos organismos acusan que su contraparte actuó de manera inadecuada y que, por lo tanto, deberían pagar grandes sumas de dinero por las consecuencias ocasionadas.

El 10 de marzo ingresó una medida prejudicial al 21º Juzgado Civil de Santiago por parte de Alset Ingeniería SpA, una empresa liderada por el ingeniero José Ignacio Galindo, y dedicada a la investigación y desarrollo de proyectos de hidrógeno en Chile y el mundo. En la acción judicial acusaron a la Corfo de poner término a un proyecto de manera injustificada, pasando a llevar un contrato millonario firmado en 2018.

Solo dos meses después, el 23 de mayo, la firma volvió a la carga y presentó, ante el mismo juzgado, una demanda de 67 páginas en la que exigen el cumplimiento forzado del mismo contrato y una indemnización de perjuicios por “numerosos incumplimientos a sus obligaciones”.

En específico, solicitan $ 1.400 millones por el subsidio no pagado por Corfo; otros $ 7.500 millones que la empresa dejó de percibir por no poder sumar a nuevos socios; $ 32.231.200.000 por “no haber tenido la oportunidad de avanzar a la fase 2 del proyecto y con ello lograr la incorporación de los asociados”, y $ 4.150 millones por el concepto de daño moral. En total: $ 45.281.200.000, unos US$ 51 millones.

A pesar de eso, según documentos internos, la entidad estatal afirma que Alset incurrió en una serie de incumplimientos, por lo que la firma de Galindo debería pagar más de $ 2.000 millones por -presuntamente- haber incumplido con obligaciones contractuales clave.

Los $ 3.500 millones

El origen del interés de la Corfo por el hidrógeno verde habría comenzado en 2015, cuando desarrollaron el Programa Solar, una instancia dedicada a explorar alternativas de energías renovables. En paralelo, según la acción judicial, comenzaron a “estudiar distintas opciones en varias áreas del desarrollo nacional, dada la gran radiación del Desierto de Atacama”.

“Se analizaron -agregan- aspectos térmicos de la energía solar, el impacto potencial de fotovoltaicos de alta potencia y la posibilidad, lejana en ese momento, de poder llegar a producir hidrógeno con costos eléctricos bajos, ya que la capacidad de almacenaje de energía renovable en la forma de hidrógeno era una condición indispensable para el futuro de la industria renovable del país”.

Meses después surgió una idea: generar prototipos con fuel cells (una especie de batería en base a combustible que no necesita recargarse) y otras tecnologías en camionetas utilizadas en la minería. Con esto, Corfo entabló conversaciones con el entonces presidente de Codelco, Nelson Pizarro. De esa cita salió la conclusión de que “la problemática principal en la minería estaba en los camiones de extracción minera (CAEX)”, según se lee de la demanda presentada por Alset.

El 22 de febrero de 2018, la desconocida Alset Ingeniería SpA se adjudicó el proyecto, y dos meses después ambas partes celebraron el contrato, en el cual, entre otras cosas, el organismo estatal se comprometió a subsidiar $ 3.500 millones, equivalente al 29,14% del costo total del programa, siempre y cuando se cumplieran una serie de garantías.

Así nació la posibilidad de aplicar la combustión dual (hidrógeno-diésel) para generar una solución sustentable para los camiones de extracción minera, uno de los principales contaminantes del negocio (existen alrededor de 1.500 de estos vehículos de alto tonelaje en Chile, y cada uno consume aproximadamente 3.500 litros de combustible al día).

¿Qué beneficios traía esto? Por un lado, reducir las emisiones de la industria minera, y por otro, no tener que reemplazar los camiones -unos activos claves para el rubro-, ya que este plan contemplaba solo cambiar el tipo de combustión, no la carrocería completa.

Por tanto, el 16 de noviembre de 2017 la Corfo decidió abrir una convocatoria internacional para el desarrollo del primer camión minero de extracción con combustión dual (y así sustituir, entre un 40% y un 70%, el consumo de diésel por hidrógeno). Participaron empresas como Engie, Enap, AquaChile-BHP, Melón, AES Gener, entre otras.

Finalmente, el 22 de febrero de 2018, la desconocida Alset Ingeniería SpA -que lideró un consorcio que juntó a la Universidad Católica, Universidad de Santiago y diversas mineras multinacionales- se adjudicó el proyecto, y dos meses después ambas partes celebraron el contrato, en el cual, entre otras cosas, el organismo estatal se comprometió a subsidiar $ 3.500 millones, equivalente al 29,14% del costo total del programa, siempre y cuando se cumplieran una serie de garantías.

El contrato se termina

Hasta ahí, dicen personas conocedoras, todo iba bien. Sin embargo, cuando el programa se puso en marcha, las diferencias entre la Corfo y Alset comenzaron a surgir. En particular, según fuentes que piden reserva, la entidad estatal notó atrasos en los avances del proyecto, lo que habría generado frustración al interior de la gerencia de capacidades tecnológicas, el departamento a cargo de este programa.

De hecho, según el medio Interferencia -en un reportaje publicado en enero de 2021- la Corfo esgrimió que existía un “escaso avance en el desarrollo (...) y una rendición de gastos en desproporción con el avance técnico, concentrando el gasto en recursos humanos preexistentes y gastos anticipados sin autorización previa”. Y si bien hasta mediados de 2020 la Corfo había desembolsado unos $ 2.100 millones, desde esa fecha en adelante no se entregaron más fondos.

¿Pero por qué? Aquí surge la principal diferencia entre ambas fuerzas: por un lado, se acusa que la entidad estatal incurrió en un incumplimiento de contrato, mientras que por otro se acusa a Alset de no avanzar en el proyecto y haberse gastado parte importante de los fondos en sueldos.

De hecho, según el mismo artículo periodístico, gran parte de la plata entregada a Alset habría sido gastada en remuneraciones, algo que Galindo negó en una carta que le mandó a René Sepúlveda, ejecutivo de la gerencia a cargo del proyecto. “Dichos gastos se encuentran debidamente justificados y acreditados”, esgrimió.

Pero a pesar de todas las tensiones, en septiembre de 2020 la gerencia de capacidades tecnológicas de Corfo aprobó la segunda etapa del proyecto, mencionando que “se ha verificado el cumplimiento mínimo y suficiente de los compromisos de la primera etapa”. Sin embargo, Corfo habría cambiado ciertos elementos del contrato, lo que molestó a Galindo. En particular, la entidad estatal habría exigido, de acuerdo a la acción judicial, una prueba de motor de 10 mil horas, un elemento que nunca acordaron entre las partes.

“Hacerlo implicaría no solo alargar en más de dos años y medio el proyecto original, sino que aumentaría de manera exorbitante los costos del proyecto. Una prueba de motor (“durability test”) de 10 mil horas tendría un costo superior a los $ 10.000.000.000, lo que estaría casi duplicando el presupuesto originalmente contemplado”, acusan en la demanda. “A pesar de la evidencia técnica, Corfo se ha negado sistemáticamente a dejar sin efecto esta modificación unilateral de las condiciones contractuales, teniendo todas las herramientas legales para hacerlo”.

Cuando la Corfo pausó los pagos, José Ignacio Galindo interpuso un recurso de reposición. Sin embargo, éstos fueron rechazados. Lo mismo ocurrió con un recurso jerárquico, que también fue declinado el 4 de enero de 2021 por la fiscalía de la entidad estatal.

La trama, sin embargo, se complicó el 24 de noviembre pasado, cuando la Corfo comunicó que daría término anticipado al proyecto. De acuerdo al acta de la sesión 362º del subcomité de capacidades tecnológicas celebrada el 21 de octubre, justificaron dicha decisión porque no se cumplieron las condiciones requeridas por el “informe de hito técnico y financiero”.

Luego, Galindo volvió a interponer un recurso de reposición, que también fue rechazado en febrero de 2022. En ese mismo mes la Corfo solicitó la restitución de $ 2.019.983.520 por no haber “efectuado la reconfiguración financiera dentro de los plazos establecidos” y estipularon que su límite para hacerlo era el 4 de marzo de 2022. Esa transferencia nunca ocurrió.

El término anticipado del proyecto, según Alset, impidió la participación de empresas de la gran minería y de motores y camiones, “quienes iban a efectuar aportes por un total de, a lo menos, $7.500.000.000”. Estos eran MJM Inversiones S.A., Otronic Glocal S.A., entre otras.

El Aston Martin

Si bien Alset Ingeniería SpA es una empresa que se constituyó en 2016 en Chile, sus orígenes son anteriores. Su principal negocio surgió en 2007, específicamente en Austria, con el objetivo de generar proyectos vinculados a la infraestructura del hidrógeno en asociación con empresas mundiales. Bautizaron a la compañía como Alset Global, pero actualmente su sitio web está caído de forma permanente. Su principal fundador fue José Ignacio Galindo, quien trabajó previamente en compañías financieras en Nueva York, y que se dedica a esta industria hace más de 15 años.

Su proyecto con Corfo no fue la primera vez que desarrollaron la tecnología de combustión dual. Lo habían hecho hace más de 10 años en Austria, trabajando con diésel y gasolina.

De hecho, en 2013 obtuvieron el premio motor del año en Alemania luego de producir -junto con Aston Martin- el primer automóvil con combustión interna en base a hidrógeno en terminar la carrera de 24 horas de Nurburgring. Con este hito, el vehículo de la marca inglesa (Rapide S) se convirtió en el primer coche en generar cero emisiones de CO2 durante un circuito automovilístico internacional.

Además, Alset apareció como financista de la Corporación Alta Ley (entidad compuesta por la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Santiago, Universidad de Concepción y la Universidad Adolfo Ibáñez) en la postulación al Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), que involucra un proyecto a 10 años con el financiamiento de US$ 193 millones por parte de SQM.

Alset se comprometió a entregar US$ 18,3 millones, casi la mitad del aporte de las casas de estudio chilenas. Además de la empresa de Galindo, aportarían firmas como Colbún, Enel y BHP Billiton. En julio la Corte Suprema anuló la adjudicación del ITL al consorcio extranjero que había ganado el concurso (conformado por Harvard, MIT, Columbia, Princeton, Yale, entre otras), por lo que se volvió a abrir la posibilidad de que el grupo de universidades locales consiga los fondos.

Hasta ahora la Corfo no ha contestado formalmente la demanda, sin embargo, solicitaron una excepción dilatoria “por falta de enunciación precisa y clara”. Además, afirmaron que la demanda “no contiene un adecuado relato de los hechos” y que se omitieron “diversos antecedentes que son de radical importancia para el esclarecimiento de la controversia”.

A pesar de los avances, la batalla judicial entre los dos organismos, dice un directo involucrado, está recién comenzando.

Corfo: "Solo habían realizado una simulación matemática simple"

Consultada la Corfo sobre este caso, le respondió a DF MAS, por escrito, que efectivamente le trasfirió los $ 2.100 millones a Alset Ingeniería SpA. Sin embargo, pausaron los pagos por una serie de razones: "Como resultado de la revisión de los informes presentados por la empresa individualizada, se detectaron deficiencias en la ejecución de la iniciativa, en aspectos técnico y financieros. Luego del análisis del informe de avance 2, cuya entrega fue establecida a los 19 meses de ejecución y que debía contener la información hasta el 18° mes, Corfo resolvió suspender la entrega del tercer desembolso del subsidio, de $750.000.000.- asociado a la aprobación de ese informe".

Y agregan: "La decisión de suspensión del desembolso se adoptó como consecuencia de haberse verificado el incumplimiento de la obligación de realizar el aporte privado comprometido, que a esa fecha debía alcanzar $2.279.847.981.- pecuniario y $24.870.543.- no pecuniario , y al escaso avance técnico de la cartera de proyectos, particularmente los asociados a desarrollos tecnológicos (foco principal del programa), toda vez que en el primer informe de avance (mes 11) no se reportó avance técnico alguno, y posteriormente, en el informe de avance 2 (mes 18), el beneficiario sólo había realizado una simulación matemática simple de una combustión dual hidrogeno/diésel, la que encargó a una universidad austríaca".

La Corfo concluye que estableció "una serie de condiciones de continuidad técnicas y financieras a ser verificadas con un tercer informe de avance (mes 32 de ejecución), las que tenían la naturaleza de resolutorias, por lo que, de no ser cumplidas, se pondría fin al proyecto, tal como se señaló expresamente en el Acuerdo Único, adoptado en la Sesión 337, del Subcomité de Capacidades Tecnológicas (4 de agosto de 2020)".

"Lamentablemente, el informe presentado solo contenía la parte técnica, siendo evaluado por dos expertos técnicos internacionales, concluyéndose que la beneficiaria cumplió 1 de las condiciones, 2 las cumplió de forma parcial, e incumplió las restantes 10 condiciones".