“Como es de público conocimiento la constructora ha iniciado un sorpresivo proceso de liquidación sin que se conozcan hasta ahora las circunstancias del porqué la constructora no quiso enfrentar sus pasivos de cara a los acreedores, tal como ha ocurrido con otras importantes constructoras en el último tiempo”.

Eso se lee en la carta a los aportantes que este viernes envió Vantrust y que abrió un nuevo flanco en la quiebra de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV). Vantrust, el principal acreedor de la firma, le dijo a sus clientes que el problema no afecta al patrimonio de la administradora, y que está acotado a un fondo de inversión privada que tenían con la empresa (FIP CVV II) . Pero además, anunció que perseguirá las responsabilidades de la quiebra. 

“Esta sociedad administradora ha iniciado en conjunto con sus asesores la tarea de definir la estrategia a seguir, así como el ejercicio de las acciones legales necesarias con el objetivo de proteger el interés de todos los aportantes”, agregó.

En el mercado legal y constructor la caída de CVV ha sido el tema del que más se ha hablado toda la semana. Junto con llamar la atención el tono en que responsabilizó al Ministerio de Obras Públicas, también está bajo la lupa lo radical de la decisión de la constructora. No seguir negociando con el MOP, como ya lo estaban haciendo, y definir liquidar y no reorganizar la empresa, está dentro de las principales dudas del mercado.

El viernes, los 1.400 acreedores de CVV, que suman deudas por más de US$ 60 millones, seguían discutiendo quién sería nombrado liquidador del proceso. Hasta el cierre de esta edición, el nombre de la abogada Loreto Ried era el que sonaba más fuerte y el que tendría mayor apoyo.  

Entre los acreedores mayoritarios, donde destacan Vantrust y el Banco Santander, que representan el 23% de acreencias por más de $ 44.884 millones, también se suman otros bancos, como el Estado, De Chile e Itaú, y la Tesorería, así como grandes proveedores como cementos Bío y Bío y Melón. 

Varias fuentes consultadas de los acreedores concuerdan que el holding que sostiene a CVV es sólido y tiene, al menos, dos empresas operativas, una inmobiliaria y una constructora de casas con subsidios, que podrían haber subsidiado la operación de la constructora, y así evitar la quiebra. 

Por lo mismo, los adeudados están esperando que el liquidador apenas tome posesión del cargo, incaute la contabilidad y así poder inspeccionar en detalle el paso a paso de la caída.

Entre los abogados hay quienes creen que más allá del MOP, en CVV podría haber responsabilidades aguas arriba en la administración. Además, el hecho de que la constructora sea la que quiebre, que no tiene activos tangibles porque lo que ofrece es un servicio, haría difícil una recuperación importante. Por eso, salvo las deudas por cobrar del MOP, es poco lo que se puede sacar. 

Pero en el resto de la estructura societaria sí sería posible encontrar algo de liquidez con ciertos activos físicos con los que se pueda pagar en algo a la masa acreedora. Y a eso van a apuntar. 

Para ello se enfrentarán pesos pesados. Por el lado de la empresa, está el experto en quiebras, Nelson Contador, y por el lado de Vantrust, Cristián Gandarillas, Catherine Lathrop y Sebastián Delpiano, experto en FIP y regulación.

“Con él ánimo de resguardar los intereses del fondo se ha decidido conformar un equipo legal de excelencia que busca obtener el recupero de las sumas adeudadas por la constructora al fondo así como el ejercicio de las demás acciones que correspondan conforme los contratos suscritos al efecto”, apuntó Vantrust.

España llama a Santander 

El nerviosismo en la banca estas semanas ha sido intenso. Los bancos están complicados con el panorama financiero de una serie de empresas constructoras a las que les prestaron dinero y hoy están enfrentando reorganizaciones y quiebras. 

Según los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en agosto las colocaciones en el rubro de la construcción llegaron a US$ 11.188 millones, equivalentes a una exposición de 4,6% del total de la cartera de la industria, reportó DF esta semana. Esta cifra evidencia un retroceso al compararla con 2019, cuando la construcción representaba el 5,7% de las colocaciones totales de la banca.

La entidad financiera que hizo el mayor cambio en términos de apetito por el sector en los últimos tres años fue Banco de Chile. Sus colocaciones retrocedieron 70,4% durante este período.

Según cuentan fuentes del sector, uno de los bancos más aproblemados con este panorama es el Santander. El banco español habría recibido un llamado de atención directo desde Madrid por estar involucrado en prácticamente todos los casos de quiebras recientes. Desde el sector explican que al ser el banco con mayor participación de mercado, era esperable que eso pasara. El Itaú y el BICE también están con sobreaviso.

Sin embargo, el nuevo gerente del Santander, Román Blanco, ordenó duplicar las gestiones de cobranzas de impagos en la construcción y estaría haciendo cambios y reforzando esa área del banco. Consultada directamente la entidad, declinaron hacer comentarios. 

En este sentido, la gigante de la construcción, Salfacorp, envió la noche del jueves un hecho esencial indicando que realizarán un aumento de capital, por un monto a definir, para “robustecer la estructura financiera de la compañía para la ejecución de los contratos que conforman su blacklog (saldo de obras por ejecutar) que a la fecha alcanzan $ 1.500.000 millones; y también atender las oportunidades que se visualizan en el corto plazo en sus unidades de negocios”.

Operaciones de este tipo no son usuales en la construcción. Una empresa normalmente financia sus proyectos futuros con caja o con créditos bancarios, pero Salfa decidió pedirle directamente dinero a sus socios, dentro de un contexto más restrictivo del sistema financiero local y de esta manera, reducir el riesgo financiero de la compañía para avanzar en el crecimiento de proyectos por desarrollar.  

Sin embargo, no sería la última firma del sector en hacer ingeniería financiera ante el crudo panorama de los bancos, y varias están evaluando opciones. De partida, decenas de constructoras tienen paralizados los inicios de obras y para el próximo año vendrían pocos proyectos activos en carpeta. 

Judicialización y Contraloría

Según fuentes del mercado de las obras públicas, las ofertas que hacían las constructoras desde hace un año para que se les adjudiquen los proyectos, están sobre el valor inicial que había fijado el MOP en un 30% a 40%, por lo que no existirían ofertas temerarias: la contingencia hizo que las empresas se resguardaran frente a la crisis.

Además, si bien era una práctica habitual ofertar por menos para ganar los contratos y luego pedir más por la via administrativa, eso se produce, explican en el sector, por una falla original que es que no se actualizan los proyectos o son deficientes o se licitan sin todos los antecedentes necesarios.

“Eso abre la puerta para renegociar el contrato, ampliando tiempos y recursos, pero toda renegociación necesita aprobación MOP. En ese sentido, la responsabilidad es a lo menos compartida”, dice una fuente. 

En esta ecuación es donde entra el rol de Contraloría, que tiene que visar cada contrato que firme el MOP y recibir toda reclamación por variaciones en los precios o costos del proyecto, así como cambios en general.  

El personaje clave aquí es Osvaldo Vargas Zincke, funcionario de la Contraloría desde 2008, y que hoy es el jefe de la División de Infraestructura y Regulación, cuyas funciones son pronunciarse “sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de los jefes de servicio relacionados con obras públicas y de los emanados de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones; Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas”, se lee en la página. 

En el mercado destacan que esta área dirigida por Vargas es altamente profesionalizada y cuenta no solo con abogados, sino además con ingenieros y constructores para evaluar las tomas de razón y modificaciones de contratos. 

Sin embargo, una de las críticas transversales es que el trabajo puede demorar varios meses en dar con un resultado y muchas veces tienen observaciones que hay que subsanar. Y mientras eso pasa, el Fisco no puede desembolsar ni un peso a las constructoras, generando problemas de arrastre. 

Una relación fluida, pero apurada 

En la Cámara Chilena de la Construcción concuerdan en que la mesa de trabajo creada por el Ministerio de Obras Públicas ha funcionado. Aunque a las constructoras les urge que los pagos pendientes salgan lo más rápido posible, para evitar que más firmas caigan en insolvencia. 

“La construcción está pasando por un momento complicado. Las quiebras y solicitudes de reorganización judicial de distintas empresas es una prueba de ello. Sin embargo, esta no es una crisis estructural, sino momentánea causada por factores externos a nuestra actividad. La construcción sigue teniendo sólidos fundamentos, pero es necesario actuar con rapidez para evitar que se profundice. En los últimos meses, hemos sabido de cerca de 14 empresas socias que se han sometido a procesos de reorganización judicial y/o quiebra”, explica a DF MAS Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara.

Además explicó que en el gremio existen varias instancias de ayuda. “Por ejemplo, el Grupo de Apoyo a Socios, fue fundamental durante la pandemia. La Mesa Directiva Nacional creó también el Grupo Contingencia Financiera, que trabaja en el entorno gremial orientando a los socios que están complicados”. Dicho grupo lo integra Sergio Torretti y es asesorado por el equipo de la gerencia de estudios y políticas públicas de la CCHC.

Este grupo ha puesto a disposición de los asociados documentos sobre alertas y buenas prácticas financieras, una guía legal para conocer las herramientas que ofrece la ley 20.720 sobre reorganización y liquidación de empresas, y orientación permanente y confidencial en caso de ser requerida. 

Además, esta semana el mismo Errázuriz abrió un flanco al indicar que recién este gobierno se abrió a renegociar contratos para hacer frente al alza de costos, lo que no habría ocurrido en el gobierno anterior. 

De hecho, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, escribió en su Twitter que el “alza de precios de los materiales es un problema mundial desde el 2021. En 6 meses implementamos medidas que debieron llevarse a cabo mucho antes. Como ministro busco cuidar los contratos públicos y los empleos, trabajando con la industria en medidas que reactiven la inversión”. 

A lo que el exasesor del ministro, Joaquín Dagá Kunze, replicó también en Twitter con un pantallazo de una resolución del MOP de noviembre de 2021 que incorporaba el reajuste polinómico en los nuevos contratos para hacer frente al alza de los precios de insumos de construcción. “Ya había un avance importante en la materia”, escribió.

Sin embargo, esa nueva forma de reajuste no incluía a los contratos pasados, que son los que hoy tienen serios problemas. Contactado el exministro Alfredo Moreno, declinó responder.