Durante más de nueve años fue una empleada ejemplar. Una trabajadora con la camiseta puesta, siempre dispuesta a resolver cualquier problema. Este lunes el Juzgado de Garantía de Osorno revisará su detención preventiva.

Está presa en la cárcel de esa ciudad desde el 12 de octubre pasado, por apropiarse presuntamente de casi US$ 3 millones de la cuenta de la empresa donde trabajaba. A Doris González se les imputan inicialmente los delitos de hurto agravado, usurpación de nombre, espionaje informático y lavado de activos.

"Es el caso con el monto más alto que hemos investigado. Es una investigación compleja ya que el periodo en el cual se imputa la sustracción abarca desde 2017 a 2019 por lo que se está recabando información bancaria de todo ese tiempo para efectuar la pericia contable", sostiene el fiscal de Osorno, Matías Montero.

Entre el 21 de agosto de 2011 cuando fue contratada como secretaria hasta el 20 de agosto pasado, cuando el hijo de uno de los dueños de la Constructora e Inmobiliaria Eduardo López Blanco (Cinel) de Osorno la denunció, ella era la cara visible de la firma en las sucursales de los bancos de Chile, Estado, Bice y BCI.

Usando las cuentas de la empresa se fue apropiando lentamente del dinero. El estudio detallado de los movimientos bancarios arroja que lo hizo en pequeñas transacciones y por goteo: más de 100 movimientos, según se desprende de la investigación.

Camiones

El caso es comentario obligado en algunos círculos de Osorno. Doris González (35) y su esposo Juan Pablo Osorio (45) aumentaron su patrimonio casi sin alarde, pero les fue imposible disimular tantos camiones nuevos. De las propiedades que habrían comprado con esos recursos apenas hablaban. Él siempre había estado en el negocio del transporte, por lo que tanta buena racha era siempre atribuida a ese rubro.

"Los dineros sustraídos por la asociación ilícita compuesta por Doris González y Juan Pablo Osorio, han sido ocultados o disimulados por ellos, sabiendo que provienen de los delitos cometidos por la referida asociación ilícita. Además, entre ambos como integrantes de la asociación, tanto como personas naturales e incluso valiéndose de sociedades o personas jurídicas creadas al efecto, adquirieron, con ánimo de lucro, diversos vehículos y bienes raíces, conociendo el origen ilícito de los dineros utilizados para su adquisición", consigna la demanda de la firma.

La investigación toma las transacciones fraudulentas ocurridas entre julio de 2017 y 2019. Pero se investigan antecedentes de operaciones anteriores y de este año.

Lavado y asociación ilícita

Todo partió cuando Eduardo López Bender la denunció ante la PDI en la mañana del 20 de agosto, luego de que ésta reconociera los delitos tras una auditoría que en 2018, hizo SPREV Auditores & Consultores Ltda. y una conversación a puertas cerradas con sus jefes donde dijo no tener plata para devolver.

Durante las pesquisas, se estudiaron cientos de movimientos financieros realizados por González. El fiscal Montero tuvo que pedir dos veces a los bancos de la ciudad los antecedentes, porque le mandaban datos incompletos.

A medida que los dueños realizaban nuevas auditorías pudieron comprobar que las sustracciones de caudales eran habituales. González accedía a las cuentas corrientes bancarias de la empresa, utilizando la clave del gerente general. "Tenía contacto directo con los ejecutivos bancarios y precisamente fue en ese contexto en que cambió́ su correo, sin autorización, para recibir directamente las cartolas bancarias", dice la querella.

Una de las pruebas que llevaron a la detención de la mujer fue el incremento de activos, poco acorde con el sueldo de una secretaria y muy por encima de las posibilidades de un pequeño transportista como su esposo. Vivían en una parcela en Puerto Octay y ella tenía un sueldo de $ 300 mil mensuales.

Fue despedida el 31 de agosto por "falta a la probidad" y recibió una indeminización de $1,3 millones.

Los abogados del estudio Picand, que representan a la constructora se querellaron además en contra del hombre y para ambos invocaron el delito de lavado de activos, un arma legal de alto poder, ya que hasta la fecha muy pocos se han salvado de las rejas por ese delito. La secretaria arriesga entre 5 y 10 años de cárcel.

Además acusaron a la pareja de haber construido una asociación ilícita "con el objeto de hurtar más de $ 2 mil millones (casi US$ 3 millones) desde las cuentas corrientes que la víctima CINEL mantiene".

En octubre, la defensora de González, Hardy Grothe Poblete intentó evitar la prisión preventiva de su representada aduciendo una depresión y ha solicitado revisar por su parte toda la información contable de la firma, con el fin de poder contrastarla. Pero esa solicitud se le ha negado.

La defensa de González ha solicitado como diligencia, que Claro y Entel entreguen copia del tráfico telefónico y la geolocalización que hubo entre González y sus jefes entre julio de 2017 hasta agosto de 2020.

Este lunes el tribunal revisará el caso. González busca dejar la cárcel. La firma calcula que el robo superará los $1.927.553.996 iniciales.