Los Bronces de AngloAmerican, Faro del Sur, el proyecto de hidrógeno verde en Magallanes de HIF y Enel Green Power, una ampliación de Colún en La Unión, y el rol en aprobar con condiciones la remediación de Las Salinas por parte de Copec, han sido de las últimas polémicas decisiones que ha tomado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), bajo el mando de Valentina Durán Medina.  

Opiniones más o menos positivas y negativas, abogados, consultores y expertos están mirando con sigilo los cambios que está haciendo la abogada de la Universidad de Chile, y magíster en Derecho Ambiental de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en el organismo.

Como ella misma ha reconocido en entrevistas, el SEA es un termómetro de las inversiones en Chile, y el gobierno está empeñado en decir que Chile está atrayendo inversiones. 

Las cifras dan cuenta que este año se han presentado 404 proyectos al Servicio de Evaluación Ambiental. De estos, 372 son Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y 32 son Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Mientras que a la fecha se han aprobado 299 proyectos (ocho EIA y 291 DIA). Se han rechazado 41 (seis EIA y 35 DIA) y 55 han terminado anticipadamente su evaluación por falta de información relevante y esencial (seis EIA y 49 DIA).

En total, se han evaluado 395 proyectos en lo que va del año y los tiempos de tramitación se han mantenido por debajo de los plazos máximos que establece la ley.

Mientras que el 2021 a la misma fecha se aprobaron 366 proyectos. Se rechazaron 19 y 37 terminaron anticipadamente su evaluación por falta de información relevante y esencial. Es decir, se evaluaron 422 proyectos.

Para ambientalistas, el criterio más estricto y basado en datos del Servicio es un alivio; mientras que para abogados privados la preocupación pasa porque la mano está más pesada, y ante la falta de inversión, el SEA puede ser un tapón de nuevos proyectos. 

Algo que la misma directora descartó en una carta a El Mercurio esta semana. Además de defender la devolución de proyectos para que las empresas los mejoren técnicamente, recordó que “tal como lo ha señalado el Presidente Gabriel Boric, la evaluación ambiental no es un obstáculo al desarrollo; por el contrario, es una condición necesaria para un desarrollo sostenible”.

El viernes, Bernardo Larraín y Joaquín Barañao, de Pivotes, respondieron a la directora: “Chile sigue sufriendo las consecuencias económicas de la creciente paralización o ralentización de proyectos con estándares medioambientales y sociales que en otras latitudes del mundo desarrollado y verde sí se harían”. 

Aliados en el gobierno

Todos los consultados concuerdan en que Durán tiene línea directa con La Moneda. Además de cultivar una buena relación con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, la directora ejecutiva tiene llegada directa con la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, con quien trabajó en el primer gobierno de Michelle Bachelet, justamente en la creación del Ministerio de Medio Ambiente -que antes era la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama- y del Servicio de Evaluación Ambiental. 

Pero además, la impronta ambientalista que ha impuesto el Ejecutivo ha hecho que particularmente Rojas con Durán hagan dupla en las decisiones tanto en el SEA como en el Comité de Ministros. De hecho, la idea de aprobar Las Salinas con observaciones fue un trabajo mancomunado entre ambas autoridades, a pesar de las declaraciones furiosas que hizo previamente la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. 

Conocedores explican que la próxima prueba de fuego de la dupla será cuando el Comité de Ministros revise Dominga. Si van a pesar solo los argumentos técnicos o también entrará una evaluación política de la decisión, está por verse. 

Un abogado de la plaza explica que es notoria la coordinación entre ambas autoridades, lo que no siempre es bien recibido, entendiendo que el SEA es un organismo técnico y no 100% político. 

Otro papel que ha tomado la administración de Durán es coordinarse fuertemente con los servicios locales a nivel regional, y prestar apoyo en la evaluación de proyectos. “Llegan a las reuniones muy bien coordinados tras el enfoque del SEA. Eso tiene cosas buenas, porque hace predecibles las decisiones, y cosas malas, porque no se puede ir convenciendo uno por uno a los servicios”, dice un consultor ambiental. 

Hasta ahora, la directora ha cambiado solo a dos directores regionales. En La Araucanía, donde nombró a Andrea Flies y en Tarapacá, a Andrés Richmagui. “No llegó a descabezar a todo el equipo, y eso se agradece”, dice un funcionario. De hecho, con ellos tiene un encuentro nacional en noviembre para trabajar en el plan estratégico del organismo. 

Nuevos criterios

Consulta ciudadana para casi todo. Como un mantra lo han repetido al interior del Servicio. Empujados porque Escazú obliga al Estado a mejorar y profundizar la participación ciudadana a la hora de evaluar los proyectos, Durán ha puesto el foco en eso. 

Pero advierten algunos abogados, la directora está implementando el Acuerdo de forma administrativa, cuando aún falta que el tratado ingrese de plena forma a la legislación chilena. “Ha hecho cambios de criterio, pero no de regulación”, dice un conocedor.

Un abogado cuenta que para un proyecto estaba muy avanzado en la evaluación, con las observaciones ya realizadas, y en la etapa final, el SEA fue a terreno y levantó nueva información, dejando a la empresa sin oportunidad procesal para cuestionar ese procedimiento. 

También se comenta el criterio para calificar la existencia de un humedal. Varios cuestionan que el criterio del SEA actual es que donde hay agua empozada, se presume que es un humedal, y eso cambia radicalmente la visión de un proyecto. 

Durán ha formado un círculo de confianza en el Servicio desde que llegó en abril. Así, fichó a Matías Ortiz como jefe de gabinete. El abogado de la Universidad de Chile, con magíster en Derecho LLM con mención en Derecho Regulatorio de la Universidad Católica, se desempeñó como asesor jurídico en las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y de Minería y Energía del Senado.

También llegó Juan Cristóbal Moscoso, jefe del departamento de Estudios y Desarrollo. El abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Ambiental de la misma casa de estudios, fue director ejecutivo subrogante del SEA entre el 2017 y 2018.

Genoveva Razeto asumió como jefa de la División Jurídica. Es abogada de la Universidad Católica, trabaja en el SEA desde el año 2012 y se le confirmó en el cargo. 

Por último, Claudio Ortega es el jefe del departamento de comunicaciones. Periodista y máster en Comunicación Empresarial de la Universidad de Barcelona, se desempeñó en el Ministerio del Medio Ambiente entre el 2006 y el 2010, y hasta su designación en el SEA estaba en el Coordinador Eléctrico Nacional.

La directora ejecutiva sabe que bajo su gestión y por el signo político del gobierno puede generar resquemores, por lo que ha tendido puentes directos con el sector privado para transmitir el mensaje: Primero, que lean el contexto nacional y global, les ha dicho. Las Naciones Unidas acaban de reconocer que el derecho a un medioambiente sano, saludable, limpio y sostenible es un derecho humano. 

Recalca en reuniones también que hay una ciudadanía que reclama mayores estándares de protección ambiental, por lo tanto, no se puede sino pensar y prever que las exigencias ambientales van a ir en aumento. Y, por otra parte, que “ingresen proyectos robustos”, que tengan una buena relación con las comunidades, con buenas consultorías y así tener evaluaciones fluidas.

Aunque ha levantado críticas de parte de los titulares de los proyectos, lo que ha pasado con Colún y el parque de hidrógeno verde en Magallanes, son una señal clara de Durán: si el proyecto no es bueno cuantitativa y cualitativamente, no se va a evaluar, hasta que lo mejoren. 

En las últimas semanas se realizaron reuniones, por ejemplo, con el gremio de las energías renovables ACERA, también con la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la CPC. Y para las próximas semanas están programados encuentros con la Asociación de Transmisores, la Asociación Gremial de Generadoras, y representantes de grupos ciudadanos y ONGs.