El 9 de mayo pasado la fiscal adjunta de la Fiscalía de Las Condes, Karin Naranjo, despachó en la misma jornada cuatro requerimientos de información a las llamadas “Big Four”, las cuatro grandes auditoras del país. KPMG, PwC, Deloitte y EY.

El requerimiento es idéntico para todas: remitir todos los antecedentes e informes que hayan realizado a Clínica Las Condes (CLC), incluidos todos los informes de auditoría, desde 2017 a la fecha.  

Esto es uno de los más recientes movimientos que registra la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre la controversia surgida entre CLC y varios médicos, que desde julio 2022 comenzaron a estampar querellas acusando a la clínica de impagos.

Dicha carpeta investigativa ya suma 18.131 páginas de pesquisas, informes y declaraciones entre una infinidad de antecedentes, y que esta semana sumó un nuevo capítulo, luego de que se conociera que Gil -representante de la controladora Cecilia Karlezi en CLC- será formalizado el próximo 6 de agosto, a las 11 horas, en la sala 903 del Centro de Justicia, por apropiación indebida en grado de autor, por hechos ocurridos entre los años 2021 y 2024 (ver recuadro). 

Han sido días negros para CLC, pues esta notificación llegó sólo cuatro días después de que la firma pusiera sobre la mesa realizar un aumento de capital por un máximo de $ 35 mil millones que agitó las aguas entre accionistas, dado el momento operacional y financiero que vive la clínica, y dado que el 75% está destinado a pagar deudas, entre bonos, bancos comerciales y operaciones de leasing.

Vamos por parte. Varias personas que conocen la situación interna de CLC afirman que hay dos procesos complementarios, pero distintos en curso. Uno es el aumento de capital, destinado a sobrellevar la situación financiera de corto plazo de la firma, pensado para los actuales accionistas.

Y otro es la existencia de un mandato amplio entregado a BTG Pactual para buscar soluciones y alternativas de financiamiento más estructurales y que van desde la venta de CLC por parte del controlador, el hallazgo de un socio, o bien otras alternativas, como arrendar el inmueble, todos caminos de más largo plazo. Si bien estas fórmulas ya se han explorado en el pasado reciente, ahora se está haciendo de manera formal y sistemática, con la asesoría de BTG Pactual. 

En lo inmediato, la junta de accionistas que votará el aumento de capital -agendada para el próximo miércoles- promete fricciones, pues la propuesta no cayó nada bien entre minoritarios, que ven que la firma enfrenta un panorama oscuro, con ratios de ocupación en actividad hospitalaria que al 31 de marzo llegaban al 37% sobre la infraestructura total de camas disponibles, y en el ámbito quirúrgico (pabellones), de tan sólo 24%.

“Difícil que los accionistas minoritarios vayan a suscribir, aun a costa de diluirse, si saben que la plata no les va a rendir bajo la gestión actual”, dice un involucrado no controlador. Se da por cierto que el controlador sí va a concurrir con su opción preferente para sostener a CLC, pero se abre la duda de qué pasará si logra sólo la mitad de los recursos, dado que grupo Auguri tiene el 50,05%. 

Ahora bien, en paralelo, a partir de este mes BTG Pactual comenzó a trabajar en una solución más estructural, en un proceso que recién está partiendo, afirman testigos, por lo que todavía no se han recibido ofertas no vinculantes. Al directorio -afirma tajante un conocedor- no se ha llevado una propuesta formal ni de compra ni de arriendo del inmueble.

Como sea, este proceso se perfila no diáfano, habida cuenta de los diversos factores que están sobre la mesa. El mayor -afirma un actor que conoce del proceso-, un activo que está en el sector salud, en medio de la coyuntura que atraviesan los prestadores, con la implementación de la ley corta de isapres aún en total desarrollo, las deudas de Fonasa e isapres con la clínica y la salida de afiliados de las aseguradoras. 

Y, por supuesto, el precio de CLC, donde hay visiones enfrentadas dependiendo de la vereda en la que cada quien se encuentre, vendedor o comprador. 

Un alto actor del mundo financiero en reserva saca sus grandes números: dice que al precio actual por acción, CLC está valorizada con un market cap de unos US$ 115 millones; tiene una deuda financiera de  US$ 200 millones; y entre provisiones y castigos habría que contemplar inyectarle entre US$ 70 millones a US$ 100 millones adicionales.

O sea, este actor llega unos US$ 400 millones, y con un Ebitda equivalente a US$ 25 millones al cierre 2023, es un valor que se ubica en torno a los 20 veces Ebitda. “¿Es eso barato?”, se cuestiona este actor financiero, quien cree que la acción aún hoy está cara, y que si bien puede haber interesados en CLC, será a valores muy lejos del precio a $ 40 mil por acción en que compró el actual controlador.

Y por supuesto bajo la premisa básica de controlar y no de ser un acompañante de la actual gestión. 

“Nadie está pensando en los $ 40 mil por acción al que fue la OPA que dio el control a Auguri en 2019. Eso está fuera de la mesa y todos lo tienen claro, pero si alguien quiere que se la regalen, eso no va a pasar”, dice un cercano a CLC. Antes del aumento de capital -prosigue este testigo- el valor por acción estaba más cercano a los $ 15 mil por acción -el jueves 13 de junio había cerrado en $ 14.998 el papel-.

Y, respecto de la deuda, indica que está respaldada contra un activo inmobiliario y que además en parte importante está a largo plazo, pues la compone un bono bullet al 2043, y con tasas razonables, porque se hizo en tiempos de bonanza, previo al aumento de los tipos de interés de los últimos años. 

Consultados tanto CLC como BTG Pactual para este artículo, no hubo respuesta de ninguna de estas entidades. 

“En la medida en que se recauden fondos”
Bajo la asesoría del abogado Álvaro Jofré Serrano, CLC ha adjuntado diversos documentos ante la Fiscalía en los que ha desmentido la existencia de delito, planteando que todas las acusaciones de las querellas “silencian” el hecho de que sólo una vez que son recaudados los fondos por parte de CLC “nace la obligación para ésta” de entregar los montos a los médicos.

Enfatizaron en varios escritos que CLC ha pagado siempre periódica y sistemáticamente a todos los médicos querellantes “en la medida en que se recauden fondos derivados de las prestaciones ejecutadas por éstos”, y planteó en varios escritos ante la Fiscalía casos de médicos querellantes, con el detalle de los pagos realizados.

Además, dijo en los documentos que varios de los querellantes eran “deudores” de la clínica, por no haber cumplido sus obligaciones de pago de arriendos y aportes variables, por lo que la clínica les “prestó” o “anticipó” fondos a los médicos para amortiguar que no hayan recibido sus dineros de manera mensual, dijo.

De la otra vereda, el abogado Patricio Fernández, quien fue el profesional que inició las primeras querellas, cuenta a DF MAS que son más de 50 los médicos querellantes a la fecha y que sólo él representa a 14 doctores a los que CLC adeuda más de $ 1.500 millones, asegura.

“Tenemos certeza de que en los hechos defraudatorios ha tenido participación directa, perjudicando gravemente no sólo a los médicos involucrados, sino que ha causado un perjuicio social en las prestaciones médicas”, apuntó otra abogada querellante, Catherine Lathrop.

Abogados partícipes de este caso ven cuesta arriba que esta causa pueda llevar a prisión efectiva a Alejandro Gil, en el caso de que fuera condenado por la justicia. Sería un solo delito -apropiación indebida, aunque reiterado, y eso pone la duda de si llegaría a pena efectiva-, y, además, entrarían en juego en el análisis las atenuantes.

“En la práctica es difícil, porque imagino que él tendrá irreprochable conducta anterior”, reconoce el propio abogado querellante, quien agrega que “si esta situación hubiera ocurrido ya en vigencia la nueva ley de delitos económicos, probablemente la pena hubiese sido mucho más alta y los beneficios más restringidos”.

Esta ley entró a regir en agosto de 2023 y sus alcances para la responsabilidad penal de la persona jurídica, recién parten en septiembre de este 2024, mientras los hechos de esta causa según el documento de la formalización partieron en 2021.

Tampoco Gil tendría inhabilidades jurídicas para continuar siendo presidente de CLC, dado que aun formalizado existe la presunción de inocencia. “Mientras sólo esté formalizado no tiene un impedimento legal”, dice un abogado querellante en esta causa.

¿Solicitarán la prisión preventiva? “Vamos a estudiarlo”, responde el abogado Patricio Fernández.

Médicos “recién titulados” y “operar urgencias en condiciones no adecuadas”
Varios son los médicos que en estos años han ido a declarar a la fiscalía y junto con exponer sus casos particulares y, según estiman, deudas impagas, plasmaron lo que a sus ojos es desorden administrativo, hicieron críticas en torno a la salida de los doctores, y descreen de la explicación que ha dado CLC en orden a que la situación de pagos se relaciona con los retardos de las isapres y Fonasa.

“Se ha despedido a cerca de 200 médicos (…) Esto ha ocurrido con la mayoría de los doctores que más cirugías generaban en la clínica, remplazándolos por médicos jóvenes que fueron nuestros becados. Esto carece de toda lógica, ya que no tiene sentido que despidan a doctores que llevaban un montón de pacientes a la clínica, y los cambien por unos recién titulados”, dijo en su declaración el 22 de agosto de 2022 el doctor Joaquín Lara Giménez.

En otra declaración, fechada el 2 de octubre del 2023, el médico neurocirujano Luis Contreras hizo referencia al ambiente en la clínica tras el cambio del controlador, indicado que se destituyó a los jefes de servicio que eran electos democráticamente para ser nombrados por los designados por la dirección médica (en ese momento el doctor Rodrigo Mardones).

“La relación con la dirección se hizo unilateral por parte de ellos con la política de aceptar las condiciones o irse. Como decía el doctor Mardones, ‘si no le gustan las condiciones se pueden ir, tengo mucha gente interesada en venir a trabajar a CLC’”, dijo a la fiscalía este doctor, quien apuntó a que con los despidos de médicos y personal de enfermería la calidad de ciertos procesos bajó.

“Hubo una baja en la adquisición de insumos que obligaron en ocasiones a operar urgencias en condiciones no adecuadas. Ejemplo: realización de endoscopia cerebral con un ureteroscopio”, aseveró este médico, quien remató señalando que renunció por el deterioro del ambiente laboral, el éxodo del personal “de altísimo nivel” y la “sensación de tener una administración que falta a la verdad para explicar la situación administrativa deplorable”.

Otro médico traumatólogo, Alexander Tomic, en su declaración brindada el 20 de octubre de 2022, dijo: “Más de una vez fui a la oficina de Facturación y Modelo Médico para que me indicaran cómo hacían el cálculo del cobro adicional del Modelo Médico, y ni ellos tenían claridad de la forma de cálculo (…) No tenían ninguna claridad sobre los montos que yo debía pagarles ni cómo se calculaban”, dijo.

Y ante una pregunta, fue categórico: “No es posible culpar de esta situación a la crisis de las isapres, ya que a mí se me deben cirugías de enero de 2021, época en que no existía tal crisis”.

Y agregó “El estilo de la nueva administración era bajo amenaza de sanciones, despidiendo a todos los que reclamaban al respecto. Tanto así que el Cuerpo Médico se disolvió porque nadie se atrevió a asumir la presidencia”, dijo.

Otro médico, Javier del Río, apuntó en su declaración hecha el 22 de agosto de 2022 a que “con la nueva administración surgieron problemas de malos tratos y despidos, en que si se reclamaba por cualquier cosa la persona era despedida”.

“El ambiente en la clínica se ha vuelto hostil hacia las personas, lo que sumado a los temas financieros ha provocado que se vaya un gran número de personas. Esto ha ocurrido con la mayoría de los doctores que más cirugías generaban en la clínica”, agregó.

Una reciente declaración fechada el 2 de abril de este año, del doctor David Aguirre, señala que desde 2021 que empezaron a existir retrasos en los pagos de las prestaciones que, a su juicio, carecían de toda justificación.

“Se realizaron varias reuniones entre la administración con los jefes de cada especialidad y se informaba que principalmente era un problema administrativo, pero que se arreglaría dentro de los meses siguientes. Pero la situación no cambió en nada durante 2021, 2022, hasta que me retiré en abril de 2023. Es más, llevó a un desorden en donde desde diciembre de 2022 transferían montos cerrados –por ejemplo 2 millones, 4 millones- sin una factura de respaldo.

Las denuncias en el SII
Otro flanco para CLC lo abrió esta semana el propio director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, quien confirmó que la entidad estaba fiscalizando a CLC, luego de haber recibido denuncias de parte de doctores en torno a la emisión de boletas, en circunstancias que ya no trabajaban en dicha clínica. En una entrevista con CNN Chile, precisó que se trataba de “una cuarentena de doctores” que mandaron antecedentes, los que fueron entregados a los equipos de fiscalización.

“Se está procesando la información para ver si efectivamente hay algún tipo de ilícito que estaría ahí siendo cometido (…) Eventualmente eso lo que está haciendo es abultar los costos operacionales de la clínica. Tenemos que ver si es que fuera así, hacer un chequeo integral. Tenemos que analizar la situación de los contratos y de las transacciones”, dijo Frigolett.

Sin embargo, al interior de la clínica, en reserva un testigo explica de dónde surge esta situación. Indica que los médicos tienen firmado un contrato denominado MOMED (Modelo Médico), el que consiste en que los facultativos cobran sus servicios por medio de boletas de honorarios o prestaciones efectuadas a través de sus sociedades médicas.

CLC efectúa los pagos una vez que recauda las prestaciones, con pagos efectuados a los 45 días para el caso ambulatorio, y para las atenciones de hospitalizaciones, una vez que se recaudan. O sea, dice este testigo, no representan un gasto para CLC, ya que sólo actúa como recaudador de los honorarios de los médicos.

El punto es que durante 2022 y 2023 los médicos emitían el documento posterior al pago, existiendo una cantidad significativa de médicos que no emitían su respectivo documento, y CLC ya había pagado estas recaudaciones. Y respecto a médicos que ya no trabajan en CLC y mantienen recaudaciones pendientes, éstas siguen siendo canceladas una vez que se recaudan, por lo que se hace indispensable el respectivo documento tributario, dice este testigo.

Incluso un oponente de la actual administración indica que este tema se informó en el directorio, pero que está bien respaldado. “Es un ajuste contable, nada más”, dice este conocedor.