Alberto Juan Scuncio Umana, el hombre detrás de las cajas de alimentos, se quedó sin banco por culpa de sus negocios en Venezuela. La semana pasada la Corte Suprema falló en contra del empresario argentino residente en San Pedro de la Paz en uno de los numerosos juicios que desde 2019 lleva en contra de los bancos Security y Scotiabank: reclama que le hayan cerrado las cuentas de sus empresas, además de las personales, debido a sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro.

Las instituciones financieras no se lo dijeron directamente, sino que justificaron el fin de los contratos en un presunto mal uso de las cuentas. Pero durante el proceso, los abogados y ejecutivos de esas entidades terminaron reconociendo y revelando que todo se debió a los nexos con Venezuela y a numerosos depósitos que llamaron la atención de sus unidades de control.

Y ahí es donde aparece International Petrochemical Sales Limited, una firma creada por el gobierno de Venezuela en las Islas Vírgenes sobre la cual pesan numerosas sospechas de corrupción. Esta firma le vendía urea a Scuncio y su ex representante legal, el venezolano Luis Fabián Alexander Sánchez figura como socio del argentino en la sociedad Suministros del Sur S.A. de Chile.

Por eso fue que el mismo Scuncio, se apersonó el año pasado en la fiscalía para preguntar si estaba siendo investigado. "Ante la negativa de la fiscalía en orden a confirmar si lleva una investigación en mi contra, ofrecí́ al Ministerio Público a través del Juzgado de Garantía de Concepción toda la documentación contable de mis empresas, la bancaria, el acceso a mi computador y teléfono, de modo de facilitar una eventual investigación y demostrar lo antes posible, que no hay irregularidad alguna en mis operaciones comerciales", se lee en su declaración.

Son varias las acciones judiciales contra los bancos Security y Scotiabank que se tramitan en las Cortes de Apelaciones de Concepción y Santiago y la Corte Suprema por el cierre de cuentas de Scuncio, sus sociedades y las de sus hijos: Embotelladora Dos Banderas SpA, representada por Martín Scuncio Moro; Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Mos Limitada, representada por su otro hijo Javier Scuncio Moro, y Distribuidora y Comercializadora Llacolé́n S.A e Inversiones Ramaja Limitada, ambas controladas por Alberto Juan Scuncio.

En los numerosos documentos allegados a los tribunales, el empresario que también posee el 0,55% de la aerolínea Sky revela sus negocios, aborda los comentarios acerca de su relación con el régimen venezolano y hasta la polémica en Chile por la venta -a través de Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A.- de $8.750 millones en cajas para el programa Alimentos para Chile que el gobierno repartió en la Región Metropolitana. Incluso existe un texto escrito en primera persona donde Scuncio detalla cómo llegó a Chile, el negocio con los venezolanos, sus momentos más duros y hasta sus concepciones sobre la vida.

El cierre de sus cuentas se produce en momentos en que en Cabo Verde, en África, un alto funcionario del régimen venezolano, el colombiano Alejandro Saab enfrenta una orden de extradición a Estados Unidos. Está acusado de ser el testaferro de Maduro y de haberse enriquecido ilícitamente gracias a los sobreprecios de alimentos y mediaguas que el Estado venezolano importaba para la población más pobre de ese país.

Las fiscalías de Estados Unidos y Colombia están detrás de Saab, sus negocios y contactos en diversos países de América Latina. Lo acusan de haber montado una red de corrupción para favorecer a Maduro, su familia y altos jerarcas de ese régimen. En Chile se investigan también sus nexos.

"La empresa suministrará 1 millón de combos de alimentos, integrados por 2 millones de kilogramos de pasta larga, 400.000 kg. de pasta corta, 3 millones de kilogramos de arroz blanco, 680.000 kg. de atún enlatado en aceite vegetal, 900.000 kg. de leche en polvo, 200.000 kg. de mayonesa, 2 millones de kilogramos de caraotas (porotos) negras, 1 millón de kilogramos de arveja partida, 1 millón de kilogramos de azúcar refinada, 200.000 kg. de salsa de tomate, 1 millón de kilogramos de harina de trigo, 1.800.000 litros de aceite vegetal o soya". Eso indica una de las primeras órdenes de compra por cajas de alimentos que el gobierno venezolano adquirió durante dos años a Scuncio.

En total, la firma le vendió a ese país 2.564.400 de cajas de alimentos. Específicamente en 10 contenedores que en diversas tandas salieron desde Valparaíso hasta los puertos de La Guaira en Venezuela. Total: US$ 56,9 millones. 

Según las declaraciones de Scuncio en tribunales, el negocio de las cajas de alimentos se acabó por decisión suya, ya que los venezolanos se atrasaban con los pagos.

El negocio consistía además en la importación de urea (fertilizante). "En un comienzo, no fue fácil la partida de traer embarques de Urea. Chile consume aproximadamente un total de 500 mil toneladas al año, de los cuales yo he importado 150 mil toneladas en 5 añ̃os. Este producto es comprado por empresas de reconocido prestigio como Anagra, Vitra, CNA Nitron, entre otras, el cual se embarca en el puerto José́, al noreste de Venezuela, con destino a Chile en sus puertos principales: Puerto Montt, San Antonio y Bahí́a Concepció́n".

Luego añadió: "Mi relación comercial con Venezuela es principalmente con directores y presidentes de compañías de dicho país, las cuales se forjaron producto del negocio que Sky Airlines pretendía realizar allí... En medio de estos negocios, Venezuela, que se encontraba sumida en una crisis social y política, estaba comprando millones de cajas de alimentos para la población, denominadas cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Se importaban a ese país, alrededor de 10 millones de cajas mensuales. En ese contexto, yo le referí́ a uno de mis contactos en dicho país que podía armar y exportar cajas a Venezuela, propuesta que al cabo de algunos meses de negociación fue acogida".

El programa de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela está en la mira de la justicia de diversos países, debido a que se convirtió en uno de los focos de corrupción que involucran a altas autoridades de la jerarquía chavista.

En su declaración, Scuncio sostiene que a propó́sito de esa experiencia y sobrevenida la pandemia del Covid-19 en Chile, le vendió 250 mil cajas al gobierno, "las cuales proveo a menor precio que algunos de mis competidores y las que se entregan en tiempo record", sostuvo.

El año pasado, Scuncio recurrió́ de protección en contra de los bancos Security y Scotiabank por el cierre de las cuentas corrientes, reclamando que no había fundamento ni muchos menos un historial de mal comportamiento de pago que lo justificara. Los acusó de haberlo dejado prácticamente amarrado de manos, porque no pudo cumplir con gran parte de sus obligaciones, incluso las contraídas con sus trabajadores.

Hasta la CMF fue llamada a aclarar si los bancos podían cerrar o no de ese modo las cuentas de sus clientes.

A medida que las causas avanzaban, el abogado Patricio Gómez, en representación del Banco Security reveló que el cierre de las cuentas fue el corolario de una investigación interna realizada por la entidad, ante la publicación en diversos medios locales e internacionales de "una noticia relativa irregularidades en torno a la exportación hacia Venezuela de cajas de alimentos," se lee. Añadió́ que tras revisar y monitorear las empresas relacionadas con Inversiones Ramaja Limitada, se encontraron con un "sospechoso movimiento de grandes sumas de dinero entre las cuentas de Inversiones Ramaja Limitada y Distribuidora y Comercializadora Llacoleén S.A": 36 depósitos en efectivo que totalizan $360.670.100.

Similar es la versión de Scotibank, que cerró las cuentas de Llacolén, la Sociedad Inversiones e Inmobiliaria Mos Limitada y Embotelladora Dos Banderas SpA.

Esta última fabrica bebidas de fantasía como Point, Dufor y Beach, tiene cerca de 100 trabajadores y en 2018 sumaba activos por aproximadamente $1.710 millones. Por su parte, Inversiones e Inmobiliaria MOS Limitada, arrienda los inmuebles donde funcionan las plantas embotelladoras y la conocida Llacolen S.A., que se dedicada al transporte de abarrotes, y sacos de urea entre otras cosas. Al 2017 esta firma tenía en activos fijos $1.258 millones y 110 trabajadores. En la malla de negocios de los Scuncio figuran además la minera Antawara, ubicada en Illapel y la sociedad comercializadora Elíptica.

El Scotiabank fue uno de los primeros en terminar su relación con Scuncio. En enero de 2019, un ejecutivo de la entidad le informó al empresario que por "órdenes superiores", se debía proceder al cierre de todas las cuentas corrientes que mantuvieran movimientos económicos con Venezuela. La primera cuenta cerrada fue la de Inversiones Ramaja S.A. por su negocio de la urea.

El abogado del banco, Enrique Tapia Rivera, justificó los cierres porque las empresas estaban realizando actividades comerciales con países sancionados internacionalmente por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. "De este modo al no acreditar el origen de sus fondos y no dar explicaciones satisfactorias de lo mismo, el cierre de sus cuentas se encuentra plenamente justificado", sostuvo.

Y mencionó a una operación a lo menos cuestionable: la recepción de grandes sumas de dinero, "sin sustento ni fundamento razonable desde Inversiones Ramaja S.A. a las empresas recurrentes, respecto de sumas cuyo origen transaccional derivaba comprobadamente de negocios realizados con el gobierno de Venezuela", indican los escritos.

Y añadió como segunda causa que entre los socios de Distribuidora y Comercializadora Llacolén estuviera la también argentina María Fernanda Tetti, una ex encargada de compras para la provincia de Río Negro, sancionada por falta a la probidad en 2015. Sin embargo, las escrituras de la sociedad muestran que la mujer salió de la firma en 2007 y que hoy Llacolé́n es controlada por la familia Scuncio Mora.

En sus descargos, el empresario reveló que llegó a Chile el 2000 para emprender. "A mis 32 años en búsqueda de alternativas, tomé́ la decisión de venirme a Chile, país al cual ingresé́ con todas las exigencias de la ley y con un capital en virtud del DL 600", explicó.