2/3

Otra discusión sobre las normas transitorias ha sido la de definir el quorum que deberían tener las reformas constitucionales que pudiera hacer el Congreso Nacional vigente. La Comisión de Normas Transitorias ha propuesto que el Congreso Nacional pueda hacer reformas constitucionales con un quorum de dos tercios, lo que contrasta con el quorum de reforma constitucional que tendrá el nuevo Congreso Nacional que se instale el 2026, el que hasta ahora es de mayoría simple y mayoría de parlamentarios en ejercicio.

Frente a esta discusión, comparto dos criterios que creo que son útiles para orientar el debate.

En primer lugar, el quorum diferenciado se plantea como resistencia a las labores del Congreso Nacional vigente. Tanto el actual como el futuro Congreso Nacional están plenamente legitimados para revisar el texto constitucional y mejorarlo según las nuevas necesidades legales que empiecen a surgir y las mismos vacíos que contenga el texto constitucional propuesto. Por lo mismo, no es prudente establecer quorums diferenciados entre ambos.

En segundo lugar, proponer los 2/3 genera un problema de incoherencia interna del nuevo texto constitucional. Hemos visto cómo en los últimos años el quorum de dos tercios ha servido de candado para impedir cambios sustantivos. No se puede tropezar con la misma piedra. Es importante garantizar que el borrador de nueva constitución pueda ser modificado, pero que sus modificaciones se hagan con un quorum que sea coherente con el resto del texto. Considerando que el borrador de nueva Constitución considera la mayoría simple como el quorum general para hacer reformas constitucionales, salvo algunos temas en los que se exige mayoría en ejercicio, el quorum de reforma constitucional razonable sería uno más alto pero que sea gradual. En este sentido, podría ser un quorum de 4/7. Este quorum no paraliza el debate político, y reafirma la importancia de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico al tener el quorum más alto de aprobación del sistema.

Es de esperar que el pleno de la Convención Constituyente no apruebe el quorum diferenciado de dos tercios.

DFL

Como ya es costumbre, el proceso constituyente ha estado en el centro del debate público de la semana.

Una de las grandes discusiones ha girado en torno a la propuesta del Contralor General de la República de que algunas normas de implementación se puedan dictar a través de Decretos con Fuerza de Ley (DFL), en vez de ser discutidas por el Congreso Nacional.

No hay nada antidemocrático en el uso de los DFL. No son un recurso dictatorial. En la actualidad, la Constitución vigente regula los DFL como una facultad del Presidente de la República previa delegación del Congreso (artículo 32 Nº3).

Asimismo, el Tribunal Constitucional tiene dentro de sus facultades la atribución de resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un DFL, por lo que también existen sistemas de control sobre su contenido.

Es posible que desde un punto de vista técnico-jurídico, el borrador de nueva Constitución facultara la regulación de ciertas materias vía DFL. Pero este proceso constituyente nunca ha sido un proceso meramente técnico. La sola existencia de esta Convención Constituyente paritaria es reflejo de la relevancia política de este proceso. En este sentido, y, en especial, considerando la pública resistencia de algunos constituyentes de permitir que el Congreso Nacional vigente sea parte de este proceso de implementación, da cuenta que la discusión del DFL no es meramente técnica, sino que lo que busca es obviar que el Parlamento cumpla ese rol a cabalidad. El infundado cuestionamiento a la legitimidad del Congreso Nacional, hace que la posibilidad de recurrir a los DFL no sea recomendable, ya que representaría una restricción a la siempre necesaria deliberación política.

Violencia

Es imposible terminar estas palabras sin hacer referencia a los hechos de violencia vividos esta semana. Tristemente vivimos el asesinato de Segundo Catril en una zona rural del sur de Chile, quien era trabajador mapuche que estaba trabajando para CMPC. También está presente la quema de dos buses del Transantiago en la Alameda. Son distintas manifestaciones de violencia, que responden a diversos conflictos que obviamente tienen distintos niveles de impacto, pero ambas son graves y son muestra de una violencia en nuestro país que es inaceptable.

Esta no es una violencia nueva, pero sí creo que lo que está cambiando es la toma de conciencia sobre su gravedad. Distintas autoridades públicas de muy variadas posiciones políticas han salido a rechazar en forma clara y pública estos actos. Creo que este rechazo transversal a la violencia es un paso necesario para adoptar medidas que permitan limitarla. En este sentido, a pesar de todas las dificultades, quiero destacar ese factor de gran relevancia.